Tomado de Proceso.-
Por: Verónica Espinosa y Victoriano Martínez.-
San Luis Al Instante.- Ricardo Gallardo Cardona colocó en los altos cargos del gobierno estatal a personajes que lo acompañan desde el inicio de su trayectoria política y aparecen involucrados en denuncias por desvío de recursos, lo mismo que a funcionarios federales que apuntalaron su campaña para gobernador (con “línea” desde la Presidencia, como lo admitieron una vez que triunfó el hoy mandatario, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM).
Entre los primeros figuran personas con expedientes ministeriales por diversas denuncias y escándalos públicos, como Jesús Emmanuel Ramos Hernández, quien fue tesorero municipal de Gallardo Cardona cuando éste fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y ocupó el mismo cargo con el papá del actual gobernador, Ricardo Gallardo Juárez, en el gobierno de la capital del estado.
Ramos Hernández fue nombrado titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), pese a que su único antecedente en la materia es que fue impuesto como presidente del PVEM en 2019.
Contra él existen varias denuncias por manejo irregular de los recursos del ayuntamiento de la capital, entre ellas una conocida como la “nómina maestra”: el desvío de poco más de 62 millones de pesos desde la primera quincena de 2015 hasta junio de 2018, cuando se generaron pagos de nómina a un trabajador que no los cobró y, aunque se hacían las devoluciones al área de tesorería, el dinero no reingresó a las arcas municipales.
Se esperaba que uno de los cargos estratégicos del gabinete fuera ocupado por Héctor Serrano Cortés, excompañero de bancada y aliado de Gallardo Cardona. El exdiputado federal se sumó a la campaña del hoy gobernador, quien a su vez apoyó su postulación a diputado local, pero esa candidatura fue anulada en tribunales porque Serrano no cumplió el requisito de residencia.
Secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, Serrano no ha aparecido públicamente con Gallardo desde el mitin de la victoria, en el que lanzó amenazas contra el entonces gobernador saliente Juan Manuel Carreras y el consejo electoral, pero sigue formando parte del círculo más cercano del nuevo mandatario.
Asimismo Gallardo Cardona atrajo a políticos que en los últimos años se incorporaron al morenismo y luego a la administración pública federal, como el notario Leonel Serrato Sánchez, nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes.
En los círculos navistas se recuerda al muy joven Serrato Sánchez como un elocuente orador que presentaba al doctor Salvador Nava Martínez en actos públicos.
En 2018 Serrato fue candidato de Morena a presidente municipal de San Luis Potosí. Al registrar su candidatura pronunció un discurso en el que calificó a la familia Gallardo como “delincuentes que matan, extorsionan, levantan, atosigan y cercan las libertades”, y se comprometió a luchar contra ellos.
“Los Gallardo ya se van”, dijo entonces. Tres años después, y luego de no lograr la candidatura a gobernador por Morena, Serrato Sánchez acabó por unirse a Gallardo Cardona, quien lo hizo candidato a presidente municipal por el PVEM para las elecciones de este año, que tampoco ganó.
Según declaró Serratos a Proceso en junio pasado, después del proceso electoral, en lo que sí tuvo éxito fue en establecer un pacto para apoyar a Gallardo Cardona, en el que participó la estructura del gobierno federal en el estado, con el delegado del Bienestar, Gabino Morales, al frente, después de obtener la venia de “sus superiores”, en este caso el secretario del Bienestar Javier May Rodríguez.
El propio superdelegado Morales lo refrendó el día de la toma de posesión de Gallardo, una de las pocas apariciones públicas que ha tenido, en medio de denuncias en su contra por delitos sexuales: “El Verde ha sido un aliado en el Congreso y podemos también sumar (con el gobernador) esfuerzos para beneficio de todos”.
Complicidades
Al integrar su gabinete el gobernador potosino ya incumplió promesas: no integró un gabinete paritario, colocó a sus amigos y, salvo en los Servicios de Salud, no designó a especialistas en la materia de cada puesto.
Una de las funcionarias de primer nivel, Lilia Malvido Flores, llega a dirigir el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo, con el inquietante antecedente de haber sido colaboradora de Virgilio Andrade como directora general adjunta de administración en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
Malvido apareció en una investigación por un fraude de 69 millones de pesos en tarjetas entregadas por el banco a damnificados por los sismos de 2017 y, según publicó El Universal, se le inició una investigación por entregar boletos de avión y viáticos “por montos estratosféricos”.
Una de las designaciones clave es la del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien a finales de la década pasada ayudó a la familia Gallardo a resolver un conflicto por la falta de acreditación de la propiedad de unos tráileres en la frontera con Estados Unidos.
Desde entonces Torres se convirtió en colaborador de Gallardo Cardona como secretario en el ayuntamiento soledense y después lo convirtieron en diputado local. En junio de 2017, cuando ocupó la presidencia de la Comisión de Vigilancia, Torres fue exhibido como integrante de una camarilla de cuatro diputados que extorsionaba a los alcaldes ofreciéndoles promover con la Auditoría Superior del estado el blanqueo de sus cuentas públicas a cambio de entre 10 y 20% del monto de las irregularidades observadas.
Como presidente de la Comisión de Vigilancia, Torres Sánchez era la pieza clave en los arreglos, según las denuncias que se formalizaron ante la fiscalía. Crispín Ordaz, entonces alcalde de Ébano, grabó un video –publicado por el periódico Pulso el 12 de junio de 2017– en el que el diputado panista Enrique Flores Flores, parte del equipo, describe su forma de operar como una ecuación, por lo que se bautizó al procedimiento como la “ecuación corrupta”.
Los otros dos diputados involucrados fueron Manuel Barrera Guillén, del PVEM, y Óscar Bautista Villegas, del PRI. Los tres se vieron obligados a solicitar licencia temporal al cargo y se reintegraron a la LXI Legislatura una vez que consiguieron que la Fiscalía General del Estado los exonerara.
Por ese caso, 17 funcionarios de la Auditoría Superior del Estado fueron cesados, aunque ninguno fue sancionado. Sólo Flores Flores fue condenado por el delito de cohecho a una pena mínima de prisión, pero siguió todo el proceso en libertad.
Aunque no forma parte del gabinete de Gallardo Cardona, destaca el hecho de que Silvia Torres Sánchez, hermana del nuevo secretario de Gobierno y abogada defensora de la familia Gallardo ante varias denuncias penales, fue nombrada en agosto magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y se le considera como su posible presidenta a partir del próximo año.
Noé Lara Enríquez, a quien nombró oficial mayor, ocupó el mismo cargo en los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez con el propio Gallardo Cardona, y de San Luis Potosí con el padre, Gallardo Juárez. En ambos casos operó el encubrimiento de desvíos de recursos.
Con Gallardo Cardona, Lara fue involucrado en denuncias penales por triangulación de recursos con la Clínica de Especialidades Wong (caso por el que el actual gobernador estuvo preso), en tanto que con Gallardo Juárez estuvo a cargo de generar comprobaciones para tratar de justificar la compra de casi 64 millones de pesos en medicamentos para personal de confianza a una proveedora llamada Sandra Sánchez Ruiz, hasta hoy ilocalizable.
Por este caso, el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó una denuncia penal el 12 de febrero de 2018, a la que se sumó una más el día 23 por enriquecimiento ilícito de la familia Gallardo, tanto en forma personal como a través de diversas empresas.
En el encubrimiento a los Gallardo desde el ayuntamiento de la capital potosina, Lara fue apoyado por el tesorero Jesús Emmanuel Ramos Hernández, quien luego fue diputado en la legislatura local que terminó el pasado 14 de septiembre y ya se integró al gabinete de Gallardo Cardona.
Otro colaborador del actual gobernador es Juan Ignacio Segura Morquecho, nuevo secretario de Desarrollo Social y Regional, quien enfrenta denuncias penales por presunto desvío de más de 15 millones de pesos para apoyar campañas personalizadas de Gallardo Cardona cuando fue dirigente estatal del PRD.
Una dirigencia colegiada de ese partido expulsó a Segura Morquecho en junio de 2018 y lo denunció por el desvío de recursos. Antes de recibir la notificación formal, el exdirigente perredista se presentó en rueda de prensa para anunciar que se incorporaba al PVEM, leal al proyecto de Gallardo Cardona.
Entre los perredistas que entonces se pasaron al PVEM se encontraba el dirigente municipal Ernesto Barajas Ábrego, secretario de Educación en la nueva administración estatal.
Figura también en el gabinete Sergio Desfassiux Cabello, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo, quien fue parte de la legislatura de la “ecuación corrupta” y protagonizó escándalos públicos.
“Yo soy la autoridad”, le reclamó una vez a policías que lo detuvieron por conducir ebrio. Como candidato del PRD a diputado prometió a colonias de las partes bajas de la ciudad que se reencauzarían las aguas negras para devolverlas a las zonas residenciales, a fin de que la gente rica padeciera los problemas de insalubridad.
Néstor Eduardo Garza Álvarez, ahora secretario del Trabajo y Previsión Social, aspiró a dirigir la Auditoría Superior del Estado en 2014. Al no resultar electo por el Congreso del estado inició un juicio de amparo. El columnista del periódico Pulso Juan José Rodríguez publicó que Garza canceló el pleito a cambio de 1 millón 100 mil pesos y una licencia para la venta de alcohol.
Como secretario de Desarrollo Económico, Gallardo nombró a Arturo Segoviano García, su contrincante en la elección como candidato independiente. Aunque Segoviano obtuvo 44 mil 777 firmas de apoyo para registrar su candidatura, en la elección sólo consiguió 4 mil 279 votos.
Durante el segundo debate por la gubernatura, al que no asistió Gallardo Cardona, Segoviano dirigió sus ataques al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Octavio Pedroza Gaitán, a quien acusó de obtener recursos de manera ilegal de la Secretaría de Finanzas del estado, a cargo de su hermano Daniel Pedroza.
Días después de la presentación del gabinete se conocieron otros nombramientos, como el de Jorge Vega Arroyo (expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas) como subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, a pesar de que su labor en las comisiones fue ampliamente cuestionada por quejosos y víctimas de delitos.
Entre los litigios provocados por Vega Arroyo se encuentra el de las víctimas de Noria de San José, desalojadas de sus tierras por la empresa American Industries, en complicidad con autoridades, incluidos funcionarios de atención a víctimas.
Antes de asumir la gubernatura, Gallardo Cardona anunció una alianza con la mencionada empresa para generar inversiones en la zona industrial, justo donde se despojó a los habitantes de Noria de San José.
