Denuncian al Güerito Carreras de dirigir acciones racistas en contra de pueblos originarios

DENUNCIAN AL GÜERITO CARRERAS DE DIRIGIR ACCIONES RACISTAS EN CONTRA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

#SLP #SanLuisPotosí #GobiernoSLP #CongresoSLP #AlInstante

San Luis Al Instante.- Integrantes de pueblos originarios establecidos en la Huasteca potosina denunciaron que el gobernador Juan Manuel "Güerito" Carreras continúa con una campaña racista, basada en estrategias de descrédito y presiones contra sus comnidades, para dar su aval a una falsa consulta para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que demandaron respeto a sus derechos. 

“Él responde con más simulaciones para defender omisiones e incumplimientos de sentencia”, denunciaron.

Estas acciones las ha lanzado el gobernador de extracción priista a través del director de Instituto de Desarrollo Humano y Social de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi), Raúl González Vega, y el subdirector jurídico de esa misma entidad pública.

San Luis Potosí carece de un Plan Estatal de Desarrollo, debido a que el jefe del Ejecutivo y sus colaboradores José Luis Ugalde Montes y Manuel Algara Cosío, secretario de Finanzas y director de Planeación y Presupuesto, respectivamente, excluyeron a los pueblos originarios de su integración, lo cual es considerado como un acto racista, discriminatorio y violatorio de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Mexicana.

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Debido a esas graves acciones del gobierno encabezado por El Güerito Carreras, éste ha dirigido una ofensiva para obligar a los líderes de los pueblos originarios a firmar hojas en blanco, a fin de dar sustento jurídico y político a su Plan Estatal de Desarrrollo, denunciaron representantes indígenas, autoridades de ejidos y comunidades y el  Observatorio Mesoamericano.

"Han elaborado y presentaron a directores de asuntos indígenas municipales un escrito que Carreras quiere que las comunidades asuman como propio y forzosamente les firmen en hojas en blanco. Con este escrito pretenden utilizar a las autoridades comunitarias como terceros perjudicados ante la juez tercero federal, pretendiendo evitar lo que es evidente: el incumplimiento de la sentencia que obliga a una consulta directa a comunidades indígenas tének, náhuatl y xi ui, así como a comunidades mixteca, mazahua, triki y con la población wixárika, todas reconocidas por el artículo noveno de la Constitución potosina", señalaron.

Con este escrito busca desacreditarse a quienes han defendido su derecho a la consulta en las 394 comunidades registradas, cuando el gobierno sólo consultó a 43.

"Con falsedad, el gobierno de Carreras descalifica la expresión de defensa de los indígenas e intenta forzar a funcionarios municipales a que obtengan firmas y sellos de las autoridades comunitarias, incluso sin considerar la opinión de los presidentes municipales. Personal de Indepi ha venido recorriendo municipios, dando órdenes y, en contados casos, obteniendo una respuesta negativa contundente, negándose los funcionarios municipales a ser cómplices de sus abusos de autoridad”, señalan los representantes de los pueblos originarios.

Esta ofensiva basada en el racismo y el poder despótico, inició el día 27 de marzo en Axtla de Terrazas, en donde directores y responsables de asuntos indígenas de la Huasteca fueron convocados y reunidos, en su mayoría por personal jurídico del Indepi, por indicación verbal del gobernador Carreras.

El tema central de la agenda fue el cuestionamiento que frente al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, hicieran representantes indígenas al gobernador en el marco del seminario internacional sobre el derecho a la consulta.

“En esta reunión se confirmó la estrategia a seguir para desacreditar a los inconformes mediante la prensa, radio local y forzar a toda costa el aval de las comunidades al Plan Estatal de Desarrollo por medio de firmas y sellos de autoridades de comunidad para usarlos dolosamente como terceros perjudicados”, señalaron.

Asimismo, lamentaron que mientras el gobernador elude y miente, esconde la mano para “atizar la hoguera”.

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Alianza Gallardo-Cándido-Verde pone a temblar al Güerito Carreras

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San Luis Al Instante.- En forma sorpresiva fue retirado el punto de acuerdo solicitado por diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en San Lázaro, en donde se exhortaba al gobernador Juan Manuel Carreras López a dejar el cargo por haber cometido actos criminales en la administración de 400 millones de pesos del fondo de pensiones de maestros del sistema de Telesecundarias.

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Esto lo dio a conocer el coordinador de la bancada de ese partido, diputado Jesús Sesma Suárez, quien justificó esa decisión debido a que "el gobernador Carreras les dio información suficiente" sobre esos ilícitos que han afectado a miles de profesores de Telesecundarias y "todo quedó debidamente aclarado".

El punto de acuerdo fue presentado con fecha del 30 de marzo pasado y sería votado en la sesión del 6 de abril. En ese documento se acusaba al jefe del Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí de ser culpable del desvío de 400 millones de pesos de los fondos de pensiones de los maestros de aquel sistema. Dichos fondos son depositados en una Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, pues los profesores de Telesecundarias son empleados de la administración potosina y no del gobierno federal.

"No podemos permitir que la persona que encabeza la administración pública del gobierno del estado de San Luis Potosí sea una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos; por tanto, consideramos imprescindible que se aparte del gobierno y aclare de inmediato el destino de los citados recursos", denunciaban en la solicitud del punto de acuerdo.

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Esta acción produjo un duro impacto político en el jefe del Ejecutivo, así como en la opinión pública nacional y local, debido a que se trata de una grave acusación en contra de un funcionario de alta jerarquía, misma que tiene sustento y debe de ser investigada por autoridades judiciales, además de haber afectado a miles de trabajadores. Por otra parte, la acusación en contra del gobernador priista provenía de una fuerza tradicionalmente aliada del PRI y que acogió al mismo Carreras como su candidato en las pasadas elecciones.

¿Por qué la bancada legislativa del Verde se habría lanzado con tamaña ferocidad en contra del gobernador priista? Y luego, ¿qué acuerdos debieron operar para que los diputados del PVEM, entre los que se encontraba el también diputado priista Cándido Ochoa Rojas, y la dirigencia política de ese partido retiraran en forma sorpresiva tan graves acusaciones en contra del gobernador Carreras?

De acuerdo a versiones periodísticas, el ataque de los verdes en San Lázaro fue urdido por el presidente de esta Capital, Ricardo Gallardo Juárez, por el diputado federal Cándido Ochoa Rojas y por el diputado local Manuel Barrera Guillén, este último dirigente del PVEM en el Estado. 

Con esa maniobra buscaban y al parecer lograron arrodillar al Güerito Carreras ante la posibilidad de que los Sistemas Anticorrupción a nivel nacional y estatal pudieran estrenarse en la persona del edil perredista; y, al mismo tiempo, impedir que el Congreso del Estado suspendiera el contrato multimillonario de iluminación a la empresa Panavi, negocio en el que se encuentran implicados las familias Salinas de Gortari, Torres Corzo y varios diputados locales, además del mismo Gallardo Juárez.

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Espantado por la acusación en su contra y solicitud de renuncia presentada por la bancada del Verde en San Lázaro con fecha 30 de marzo pasado, al Güerito Carreras parece no haberle quedado más que arrodillarse ante esa fuerza política y sentarse a negociar con ellos. A eso se debería que muy rápido el líder de la diputación apagara la tormenta sobre el gobernador potosino, al asegurar que ya "todo quedó debidamente aclarado".

Lo que no quedó debidamente aclarado fue de dónde saldrán los 400 millones de pesos de los fondos de pensiones que se deben a los profesores de Telesecundarias, mismos que sólo fueron usados en esta mezquina y sucia operación político-financiera como pretexto para obtener dividendos y engrosar riquezas personales.

Será el desarrollo de los acontecimientos quien nos revelará el contenido y alcances de ese oscuro acuerdo entre Gallardo-Cándido-Verde con el gobernador de SLP. Pero lo que sí ya queda muy claro es la naturaleza criminal de quienes tienen bajo su responsabilidad el gobierno de las instituciones públicas, lo cual causa asco y desmoraliza.

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Acusan a Carreras de millonario desvío de fondos; diputados federales piden investigarlo y que deje el cargo

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San Luis Al Instante.- De haber cometido actos de corrupción cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado fue señalado Juan Manuel Carreras, actual jefe del Ejecutivo de San Luis Potosí, por diputados federales del Partido Verde Ecologista de México.

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Por ese motivo, la bancada del Verde en la Cámara Federal de Diputados pidió su destitución del cargo de jefe del Ejecutivo, en tanto se desahogan las investigaciones y se conoce su participación en un multimillonario desvío de fondos correspondientes a pensiones de profesores del sistema de Telesecundarias en el año 2014.

La fracción parlamentaria del PVEM pidió exhortar a Carreras López a separarse del cargo, mientras se aclara el destino de aquellos fondos. Cuando Carreras se desempañaba como secretario de Educación estatal “ocurrió la desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros de telesecundaria”, señalaron diputados del Verde.

Por ello, demandaron que deje el cargo de gobernador hasta que se sepa dónde quedó ese dinero. En la elección estatal de 2015, Carreras fue respaldado por el propio PVEM, una fuerza política aliada del PRI.

Dentro de la bancada del PRI-PVEM que solicitó el punto de acuerdo se encuentra el diputado Cándido Ochoa Rojas, quien fuera secretario general de gobierno durante la administración de Fernando Toranzo Fernández y compañero de gabinete de Juan Manuel Carreras.

Enseguida se transcribe lo expuesto por los diputados del PVEM en el punto de acuerdo de fecha 30 de marzo, solicitado a los representantes federales en San Lázaro:

"Un ejemplo que ha resonado a nivel nacional es el del gobernador Juan Manuel Carreras López, actual gobernador del estado de San Luis Potosí, quien cuando se desempeñaba como secretario de Educación del estado de San Luis Potosí, entre 2013 y 2015, ocurrió la desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros de Telesecundaria, que durante su vida laboral atendieron a los niños más pobres del estado.

"Lo anterior es intolerante, sobre todo si consideramos que es uno de los estados con mayor rezago educativo a nivel nacional, situándose en el lugar 13, lo que significa que un tercio de la población es analfabeta. Asimismo, tenemos que, en materia de corrupción, el estado de San Luis Potosí ocupa un indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes se ubica en 15.7%, la cuales son muy altas si las comparamos con los otros estados de la república mexicana.

"El contar con un respaldo para el momento del retiro es una aspiración de todos los trabajadores, quienes con su esfuerzo diario aportan a los fondos de pensión, con la firme intención de pasar sus días de jubilación con tranquilidad. En cualquier ámbito, incluido el burocrático, se requiere del respaldo del gobierno para garantizar que los fondos de pensiones tengan un funcionamiento adecuado, conforme a los lineamientos que marca la ley, de manera que se proteja el dinero de los trabajadores.

"Un plan de retiro marca una gran diferencia para la calidad de vida de los trabajadores que llegan a la edad de la jubilación, puesto que es en ese momento en el cual pueden ver materializado el tan ansiado descanso después de toda una vida de trabajo. Sin embargo, la situación del pago de pensiones del sector público en nuestro país ha tomado tintes alarmantes, ya que los sistemas pensionarios de estados y universidades amenazan con quebrar las finanzas públicas. En 2015 se estimó que cada año el gobierno mexicano destina 528,000 mdp al pago de pensiones, equivalente al 3.8% del PIB nacional, lo cual significa que este dinero se deja de utilizar en programas de gobierno; en el mismo problema se incluye a empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los burócratas de gobiernos estatales y universidades públicas, cuyos trabajadores reciben una pensión con cargo al presupuesto público.

"En este sentido, los funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno deben conducirse de manera ética y honrada, toda vez que el dinero que manejan no es privado, sino que se trata de aportaciones que realizan los trabajadores que confían en las instituciones, como así lo hacen los profesores de las diversas instituciones educativas en el territorio nacional. Bajo estas condiciones, resulta reprobable que se reporte como “desaparecido” una cantidad tan escandalosa como lo son los cuatrocientos millones de pesos del fondo de pensiones para maestros de telesecundaria en San Luis Potosí, quienes dedicaron su vida a atender a niños de localidades vulnerables, y que ahora ven truncada su tranquilidad por falta de liquidez del órgano que debería haber protegido sus ahorros.

"La problemática centrada en la descapitalización del fondo de pensiones debido al adeudo de 365 millones de pesos que arrastra el gobierno estatal de San Luis Potosí con la Dirección de Pensiones, se prometió resolver para la administración del gobernador en turno, destinándose 339 millones 700 mil pesos de la Secretaría de Educación, pero dichos pagos no se efectuaron a pesar de que existen documentos oficiales que dan cuenta del dinero mencionado.

"El caso contina vigente, toda vez que el día 3 de marzo del presente año maestros jubilados del sistema de Telesecundaria realizaron una seria de bloqueos en las calles, como medida de presión para que la Junta de Conciliación y Arbitraje no acepte documentos falsos presentados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), y que agilice los trámites que impiden el correcto avance de las audiencias programadas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, y que se han visto suspendidas por tácticas dilatorias operadas por el gobierno estatal.

"Los profesores jubilados han manifestado que, en dos años de reuniones, los titulares de la SEGE mintieron al prometer la devolución del fondo de ahorro, cuyo adeudo a la fecha ascendería a 500 millones de pesos. En síntesis, no podemos permitir que la persona que encabeza la administración pública del gobierno del estado de San Luis Potosí sea una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos; por tanto, consideramos imprescindible que se aparte del gobierno y aclare de inmediato el destino de los citados recursos.

"Por lo anteriormente expuesto es que nuestro grupo parlamentario presenta el presente punto de acuerdo, porque creemos que quien comete un crimen tiene enfrentar los cargos a que se hace acreedor y resarcir los daños causados, por lo que nuestro grupo parlamentario pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con: Punto de Acuerdo Único.

"La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí a separarse de su cargo hasta en tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014 cuando se desempeñó como secretario de Educación Pública estatal."

Hasta ahí lo expuesto por la bancada parlamentaria del PVEM en la solicitud del punto de acuerdo. No es esta la primera ocasión en que el gobernador Carreras López ha sido acusado de haber cometido actos delictivos en el desempeño de cargos públicos. Siendo aspirante a la gubernatura se le señaló de haber cometido graves acciones en contra del patrimonio nacional, cuando en el gobierno de su amigo y condiscípulo Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó al frente de la desaparecida Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).

Debido a esos actos criminales acumuló una impresionante fortuna de la que no ha querido dar cuenta e incluso encubrió utilizando a su esposa Lorena Valle Rodrígez.

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#SLP #SanLuisPotosí #México #GobiernoSLP #AlInstante

Gráfica de Plano Informativo.-

San Luis Al Instante.- El conocido masón Gerardo Zamarrón Delgado, quien actualmente se desempeñaba como Gran Diputado de la Logia El Potosí, fue ejecutado durante la noche de este miércoles 5 de abril por un grupo de matones que lo rafaguearon al llegar a su casa en la colonia W. También su esposa Margarita fue atacada y murió horas más tarde en la Clínica 50 del IMSS.

Zamarrón, quien era un profesor jubilado de aproximadamente 60 años, y su esposa fueron acribillados hacia las 9 de la noche, cuando descendían de un automóvil Chevy de color rojo de su propiedad para dirigirse a a su casa en la calle de Constitución 1917, colonia Benito Juárez o W en el municipio metropolitano de Soledad de Graciano Sánchez. Los sicarios se trasladaban a bordo de una camioneta Ford Windstar.

Una nota publicada en el periódico electrónico Plano Informativo, propiedad del senador Teófilo Torres Corzo, aseguró que Zamarrón y su esposa presuntamente fueron atacados por familiares, como consecuencia de una disputa por una herencia. Sin embargo, se ignora el origen o sustento de dicha afirmación. 

Tan pronto como sucedieron estos hechos, entre miembros de la masonería circularon mensajes y expresiones de dolor e indignación por lo sucedido.

El Muy Respetable Gran Maestro de la Logia El Potosí, Julián César Ortiz Martínez, convocó a esa comunidad a concentrarse a las 9:30 de la mañana de este jueves 6 de abril en el edificio de la Logia, ubicado en la calle de Othón, frente a la plaza del Carmen, con el fin de dirigirse de ahí hacia la Procuraduría General de Justicia para exigir al procurador Federico Garza Herrera la detención inmediata de los culpables y aplicación de castigos penales duros.

Entre los masones, que pertenecen al rito escocés, se dijo que publicarán un manifiesto en un periódico de gran circulación nacional, dirigido al presidente de la república Enrique Peña Nieto y al procurador Raúl Cervantes Andrade, en donde denunciarán el clima de inseguridad existente en San Luis Potosí que ya ha causado víctimas entre los miembros de esa organización.

El territorio de San Luis Potosí y en especial su zona metropolitana, integrada por los municipios de la Capital y de Soledad de Graciano Sánchez, en donde radican los poderes constitucionales y gobiernan el PRI y el PRD, se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del país.

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San Luis Al Instante.- El sacerdote Noé Trujillo recibió una sentencia condenatoria por el delito de estupro. Sin embargo, quedará libre con el pago de una multa por 5,500 pesos, de acuerdo a sentencia dictada por el juez cuarto del ramo penal.

Dicho juez encontró “plena y legalmente acreditada la responsabilidad” del ministro del culto católico. Pero con todo y ello, resolvió que podría quedar libre de sus delitos al pagar la cantidad de dinero ya mencionada.

En febrero de 2014 Trujillo fue acusado de haber cometido delito de estupro en perjuicio de una menor de edad, durante el tiempo en el que fue párroco de la iglesia de Santo Niño de Atocha en esta Capital potosina.

En un resolutivo se le había impuesto una pena de dos años y seis meses de prisión, además de una sanción económica de 3 mil 188 pesos. Sin embargo, en un tercer resolutivo se corrigió aquella pena y se redujo a una multa por 5 mil 500 pesos.

Familiares de la víctima convocaron a una rueda de prensa, en donde expresaron su malestar con la sentencia del juez, la cual consideraron como ridícula.

La madre de la niña y sus abogados señalaron que ellos y el Ministerio Público están inconformes con la sentencia, pues existen penas y sanciones mucho más elevadas por el delito de estupro. Debido a ello, anunciaron que apelarán dicha resolución para que Trujillo reciba un castigo ejemplar.

Denunciaron además que, desde que presentaron la denuncia en febrero de 2014, cambiaron en 18 ocasiones de abogados y seis de jueces, debido a irregularidades y a maltratos por parte de las instituciones públicas, a las que calificaron de corruptas.

Al mismo tiempo, pidieron a las autoridades católicas destituir a Trujillo como ministro de culto. “Al arzobispo Jesús Carlos Cabrero le pido que de verdad empiece a haber justicia y se les procese canónicamente a estos depredadores”, dijo la madre.

Advirtieron que demandarán la reparación del daño moral causado a la menor y paguen los gastos hechos por atención sicológica y asesoría jurídica.

El abogado de la menor, Alejandro Gerling Gómez del Campo, expresó que con la sentencia del juez el sacerdote pederasta del culto católico evitará ser recluido en el penal, aunque tendrá que acudir a la cárcel cada mes a firmar y a informar “cuáles son sus actividades” en el tiempo que dure la sentencia.

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Engañó Carreras a sociedad potosina con información sobre sueldo: gana $186 mil al mes

ENGAÑÓ CARRERAS A SOCIEDAD POTOSINA CON INFORMACIÓN SOBRE SUELDO: GANA $186 MIL AL MES

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San Luis Al Instante.- El gobernador Juan Manuel Carreras engañó a la sociedad potosina con información sobre su sueldo.

En la página de Internet del gobierno estatal mintió sobre las percepciones que se autoasignó, pues afirmó que su sueldo fue de 139 mil 005 pesos mensuales en 2016, cuando en realidad fue por 185 mil 993 pesos mensuales, además de remuneraciones adicionales, como el pago de la despensa de la familia y gastos de educación y vacaciones. En el año 2016 el jefe del Ejecutivo cobró 2 millones 231 mil 918 pesos.

Ello significa que el gobernador Carreras ha cometido una grave falta en su desempeño público, no sólo por el excesivo sueldo que se ha autoasignado y que lo convierten en uno de los más caros de México. Ha mentido  a la sociedad potosina con toda conciencia de esa actitud.

A principio de enero pasado, el jefe del Ejecutivo anunció un paquete de medidas de austeridad, entre las que figuraba reducirse el sueldo un 11 por ciento, a fin de enfrentar los alzamientos sociales ocasionados por el gasolinazo de año nuevo. Pero en ese momento escondió a cuánto ascendía su salario.

"El gobernador Carreras nos ha querido engañar publicando en la página de Internet del gobierno estatal que su sueldo en este 20016 es de 139 mil 005.00 pesos mensuales, cuando en realidad, con las remuneraciones adicionales que recibe, asciende a 185 mil 993.16 pesos, es decir 2 millones 231 mil 918 pesos en este año, que es el ingreso total que tendrá también el año próximo", denunció la organización Reflexión Ciudadana en un editorial de fecha 26 de diciembre de 2016, publicado en su sitio web.

Ver documento:

http://www.reflexionciudadana.mx/articulo/639), 

En ese editorial la organización cuestionó: "¿Dónde está la austeridad que han venido pregonando diputados y funcionarios del gobierno estatal? ¿Nada más en los programas y acciones de gobierno pero no en sus ingresos? ¿Se vale que en tiempos de crisis estos supuestos representantes de la sociedad ganen arriba de 2 millones de pesos al año cuando el salario mínimo será en 2017 de 72 mil 036 pesos anuales?".

Con esas enormes sumas de dinero que ganan funcionarios y diputados, como es el caso del jefe del Ejecutivo, podrían construirse nuevas clínicas y hospitales, escuelas, obras de agua y drenaje que hacen falta a la población, continuó el editorial de Reflexión Ciudadana.

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San Luis Al Instante.- Una dura puñalada asestó el gobernador Juan Manuel Carreras López a la economía del pueblo potosino, que es uno de los que más pobreza material sufren del país, al autorizar un aumento de 9 por ciento al costo del boleto de transporte urbano, con lo cual el viaje subirá a 8.50 pesos.

El anuncio fue hecho por el concesionario Margarito Terán López, propietario de una importante cantidad de camiones, quien aseguró que en breve la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y un Consejo Estatal del Transporte darán a conocer esa decisión.

En forma estratégica o cobarde, la nueva tarifa comenzará a cobrarse a partir del sábado 8 de abril, justo cuando miles de estudiantes universitarios saldrán de vacaciones con motivo de Semana Santa y Pascua, con lo que el gobernador Carreras evitaría movilizaciones de protesta por esa determinación.

Lejos de que el jefe del Ejecutivo emprendiera una auditoría social sobre el transporte urbano, que permitiera conocer cuáles son las verdaderas ganancias de los concesiones, así como identificar a quiénes tienen en su poder esas concesiones contra el espíritu de la ley, Carreras tomó una decisión comodina que favorece a grupos políticos y empresariales que se han enriquecido con el transporte urbano.

Sin embargo, esa actitud facilita del gobernador condenará a miles de familias que ganan menos de 4 salarios mínimos y que son quienes utilizan ese medio de movilidad a padecer más pobreza. Mientras el salario mínimo es de 72 pesos, el costo de cuatro boletos será de 34 pesos. Es decir, sólo por transporte una familia destinará un salario mínimo o más a ese concepto.

Según explicó Terán López, quien es uno de esos camioneros que ha acaparado decenas de concesiones para operar el servicio contra el espíritu de la ley en la materia, el aumento aprobado por el gobernador sólo fue condicionado a un punto: que haya más sitios en donde estudiantes y adultos mayores puedan cargar tarjetas de prepago.

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