EMPEZARÁ AÑO CON INCREMENTO A CUANDO MENOS $10.20 A TARIFA DEL TRANSPORTE
A pesar de no existir auditorías sociales al transporte público, mediante las cuales pueda conocerse cuánto ganan exactamente los permisionarios por cada unidad en servicio y pueda sustentarse un aumento a las tarifas, como se ha dicho por ley en los primeros días de enero es autorizado un incremento. Sucede así por los intereses políticos y económicos existentes en este fabuloso negocio.
Una auditoría social permitiría saber además quiénes son los permisionarios y cuántas concesiones del gobierno explota cada uno de ellos. Hay certeza de que personajes políticos se han beneficiado, durante décadas, con las concesiones para operar transporte urbano. Debido a esta complicidad entre camioneros y poder político es por la cual se han otorgado importantes beneficios económicos a los permisionarios, a costillas de la pobreza de las familias trabajadoras.
Es un puñado de camioneros que disfrutan de la explotación de 1,074 concesiones, otorgadas por el gobierno del Estado, y que evaden constantemente indicaciones de la Ley del Transporte, como son: obligatoriedad de contar con unidades con menos de 10 años de antigüedad y en condiciones de ofrecer un servicio cómodo y de calidad, certificar a sus choferes, evitar operación de equipos de sonido con alto volumen, obligar a conductores a portar uniformes y corbatas, prohibición de cornetas, entre otras.
Pese a todos esos argumentos, comodinos y prácticos diputados no han modificado la Ley del Transporte para regresar a su potestad el análisis del incremento a las tarifas y de la situación del servicio. De manera que en los primeros días de enero las familias trabajadoras sufrirán este fuerte golpes a sus de por sí deterioradas economías.
