MÁS ILÍCITOS MULTIMILLONARIOS DE CARRERAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD, DESCUBRE ASF
Jaime Hernández / Pulso.-
San Luis Al Instante.- Millonarias adjudicaciones directas sin fundamento; recursos que no fueron erogados, pero tampoco devueltos; contratos con pagos excesivos o con cálculos favorables a las empresas beneficiarias y lesivos al erario, obras que no aparecen, encarecimiento del proyecto y supervisión deficiente de obras.
Resultó amplio el abanico de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le marcó a los Servicios Estatales de Salud, que se reflejó en que, de las 24 acciones solicitadas por la ASF para resolver las anomalías, 15 correspondieran a las auditorías al Sector Salud.
También fue congruente que de los 257.2 millones de pesos observados a dependencias de San Luis Potosí, 244.2 millones de pesos se concentraran en las auditarías a la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez. El 94% del monto total auditado a instancias potosinas.
En el segundo paquete de fiscalización de la ASF, revelado ayer, hay doce auditorías que involucran a dependencias potosinas. De ellás, sólo cuatro presentan anomalías.
De nuevo, en consonancia con los malos resultados reportados por los SES, tres le corresponden. Las restantes observaciones, por trece millones de pesos, provienen de un programa de enseñanza de inglés a cargo de la SEGE.
¿Y el dinero?
Las anomalías más cuantiosas registradas por la ASF provienen de la revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), que sumaron 123 millones 031 mil pesos.
De ellos, 91.6 millones de pesos corresponden a recursos del Fassa entregados a San Luis, pero que los SES no erogaron, pero tampoco lo retornaron al final del ejercicio, por lo que la ASF le solicitó la aclaración a la dependencia.
También existe un contrato irregular, el SSSLP-ASIG-SERVICIOTERCEROS-004/2019, que cubría la contratación de servicios con terceros, por 26.7 millones de pesos "sin presentar evidencia de la prestación de los servicios".
Otros 4.1 millones de peos fueron transferidos a cuentas no autorizadas para recibir recursos del Fassa y tampoco fueron reintegrados.
Pagos a destiempo
En el manejo de los recursos que recibieron los SES del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud federal y el estado, que financia el conocido Seguro Popular, la ASF registró anomalías por 95 millones 078 mil pesos.
Casi la mitad de ese monto, 45.7 millones de pesos, fueron destinados, según la ASF, al pago de un contrato de prestación de servicios médicos con el Hospital Central que no estaban comprendidos en el periodo del convenio.
En otro contrato con una empresa de limpieza, por 38.6 millones de pesos, la ASF observó 26.5 millones de pesos por no evidenciar los entregables que justificaran el pago de esa cantidad.
Por los motivos similares, la Auditoría observó 13.7 millones de pesos de otro contrato de los SES.
Y por realizar, de manera extemporánea, pagos por 9 millones de pesos de ese fondo, la ASF también realizó una recomendación.
Planta desaparecida
Por lo que toca a la renovación del Hospital Central, el proceso de construcción siguió presentando irregularidades. Este año, alcanzaron los 26.1 millones de pesos.
El cálculo equivocado de los términos del financiamiento de la obra, que propiciaba un pago más allá de lo debido a la empresa constructora, motivó una observación por 20.8 millones de pesos .
Además, se registraron otros cinco millones de pesos observados por el pago fuera de norma de una planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que no hubo evidencia de que se hubiera instalado. Ni siquiera de su ubicación dentro del hospital. Como intento de justificación, se presentaron fotografías de la obra negra, sin estar debidamente concluida.
En todos los casos, las observaciones monetarias implicaban la emisión de una alerta de probable daño al erario público, por lo que la ASF pedía la apertura de procesos de sanción administrativa.
Además, invariablemente en las tres fiscalizaciones, la ASF desestimó los elementos de prueba con los que la dependencia a cargo de Rangel Martínez intentaba justificar las observaciones.
Y salió más caro
El documento de la ASF también revela que en septiembre de 2019, los SES firmaron con la empresa constructora, Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV, un convenio modificatorio del contrato de la obra, que elevó el pago a la empresa en 97.5 millones de pesos.
Así, de los 643.1 millones de pesos originalmente presupuestados para la renovación del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, su costo se elevó a los 740.7 millones de pesos.
Resultó amplio el abanico de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le marcó a los Servicios Estatales de Salud, que se reflejó en que, de las 24 acciones solicitadas por la ASF para resolver las anomalías, 15 correspondieran a las auditorías al Sector Salud.
También fue congruente que de los 257.2 millones de pesos observados a dependencias de San Luis Potosí, 244.2 millones de pesos se concentraran en las auditarías a la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez. El 94% del monto total auditado a instancias potosinas.
En el segundo paquete de fiscalización de la ASF, revelado ayer, hay doce auditorías que involucran a dependencias potosinas. De ellás, sólo cuatro presentan anomalías.
De nuevo, en consonancia con los malos resultados reportados por los SES, tres le corresponden. Las restantes observaciones, por trece millones de pesos, provienen de un programa de enseñanza de inglés a cargo de la SEGE.
¿Y el dinero?
Las anomalías más cuantiosas registradas por la ASF provienen de la revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), que sumaron 123 millones 031 mil pesos.
De ellos, 91.6 millones de pesos corresponden a recursos del Fassa entregados a San Luis, pero que los SES no erogaron, pero tampoco lo retornaron al final del ejercicio, por lo que la ASF le solicitó la aclaración a la dependencia.
También existe un contrato irregular, el SSSLP-ASIG-SERVICIOTERCEROS-004/2019, que cubría la contratación de servicios con terceros, por 26.7 millones de pesos "sin presentar evidencia de la prestación de los servicios".
Otros 4.1 millones de peos fueron transferidos a cuentas no autorizadas para recibir recursos del Fassa y tampoco fueron reintegrados.
Pagos a destiempo
En el manejo de los recursos que recibieron los SES del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud federal y el estado, que financia el conocido Seguro Popular, la ASF registró anomalías por 95 millones 078 mil pesos.
Casi la mitad de ese monto, 45.7 millones de pesos, fueron destinados, según la ASF, al pago de un contrato de prestación de servicios médicos con el Hospital Central que no estaban comprendidos en el periodo del convenio.
En otro contrato con una empresa de limpieza, por 38.6 millones de pesos, la ASF observó 26.5 millones de pesos por no evidenciar los entregables que justificaran el pago de esa cantidad.
Por los motivos similares, la Auditoría observó 13.7 millones de pesos de otro contrato de los SES.
Y por realizar, de manera extemporánea, pagos por 9 millones de pesos de ese fondo, la ASF también realizó una recomendación.
Planta desaparecida
Por lo que toca a la renovación del Hospital Central, el proceso de construcción siguió presentando irregularidades. Este año, alcanzaron los 26.1 millones de pesos.
El cálculo equivocado de los términos del financiamiento de la obra, que propiciaba un pago más allá de lo debido a la empresa constructora, motivó una observación por 20.8 millones de pesos .
Además, se registraron otros cinco millones de pesos observados por el pago fuera de norma de una planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que no hubo evidencia de que se hubiera instalado. Ni siquiera de su ubicación dentro del hospital. Como intento de justificación, se presentaron fotografías de la obra negra, sin estar debidamente concluida.
En todos los casos, las observaciones monetarias implicaban la emisión de una alerta de probable daño al erario público, por lo que la ASF pedía la apertura de procesos de sanción administrativa.
Además, invariablemente en las tres fiscalizaciones, la ASF desestimó los elementos de prueba con los que la dependencia a cargo de Rangel Martínez intentaba justificar las observaciones.
Y salió más caro
El documento de la ASF también revela que en septiembre de 2019, los SES firmaron con la empresa constructora, Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV, un convenio modificatorio del contrato de la obra, que elevó el pago a la empresa en 97.5 millones de pesos.
Así, de los 643.1 millones de pesos originalmente presupuestados para la renovación del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, su costo se elevó a los 740.7 millones de pesos.
