PRESENTA DIPUTADO DELSOL INICIATIVA PARA ERRADICAR CORRUPCIÓN EN OBRAS PÚBLICAS
Comunicado de prensa.-
San Luis Al Instante.- El diputado José Ricardo Delsol Estrada propuso una iniciativa que modifica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, respecto a los procedimientos de contratación para la obra pública, con el fin de erradicar la cultura de la corrupción en todo lo referente al manejo de las inversiones en la obra pública.
Al respecto el legislador integrante de Morena, explicó que la cultura de corrupción que existe en nuestro país en lo referente a la aplicación de los recursos públicos en materia de obra, ha ahuyentado toda posibilidad de que pueda existir la mínima manifestación de una conducta ética en el manejo de este estratégico rubro del que hacer público.
Mencionó que el jugoso negocio de la obra pública está en los costos unitarios con que son aprobados los concursos ganadores, “los llamados moches salen de esos sobrecostos, y la realidad que se nos muestra, es que existen contratos de obra que son triplicados en sus costos reales”, práctica que dijo, debe ser desterrada.
Por ello, planteó la creación de una Comisión Nacional de Costos Unitarios para la Obra Pública, la cual deberá ser propuesta por el jefe del ejecutivo Federal y será aprobada por la Cámara de Diputados Federal y, además, deberá contar con tres integrantes con un perfil de gente honorable en su desempeño profesional como técnicos en la materia, para cada zona del territorio nacional; la zona centro, la norte y la sur.
A su vez, estos serán los responsables de la elaboración de los análisis de costos unitarios que regirían en todos los concursos que el gobierno convoque en las modalidades que la Ley prevé.
La iniciativa señala que el criterio técnico para determinar cuál costo de cualquier obra pública será el más conveniente para los intereses de la hacienda pública, será aquel que garantice, la calidad de los trabajos, la utilidad justa para el contratista, de acuerdo con las variables del mercado nacional o internacional, dependiendo del tipo de concurso de que se trate.
La propuesta por la que el Estado mexicano deberá optar, será aquella en la que, dentro de un margen en el costo del catálogo de precios unitarios presupuestado, se determine aquella que sea la más económica solvente; por lo que del método que se convoque en cada concurso, esta propuesta económica sería una de las más importantes en la decisión final para asignar las obras.
Al respecto el legislador integrante de Morena, explicó que la cultura de corrupción que existe en nuestro país en lo referente a la aplicación de los recursos públicos en materia de obra, ha ahuyentado toda posibilidad de que pueda existir la mínima manifestación de una conducta ética en el manejo de este estratégico rubro del que hacer público.
Mencionó que el jugoso negocio de la obra pública está en los costos unitarios con que son aprobados los concursos ganadores, “los llamados moches salen de esos sobrecostos, y la realidad que se nos muestra, es que existen contratos de obra que son triplicados en sus costos reales”, práctica que dijo, debe ser desterrada.
Por ello, planteó la creación de una Comisión Nacional de Costos Unitarios para la Obra Pública, la cual deberá ser propuesta por el jefe del ejecutivo Federal y será aprobada por la Cámara de Diputados Federal y, además, deberá contar con tres integrantes con un perfil de gente honorable en su desempeño profesional como técnicos en la materia, para cada zona del territorio nacional; la zona centro, la norte y la sur.
A su vez, estos serán los responsables de la elaboración de los análisis de costos unitarios que regirían en todos los concursos que el gobierno convoque en las modalidades que la Ley prevé.
La iniciativa señala que el criterio técnico para determinar cuál costo de cualquier obra pública será el más conveniente para los intereses de la hacienda pública, será aquel que garantice, la calidad de los trabajos, la utilidad justa para el contratista, de acuerdo con las variables del mercado nacional o internacional, dependiendo del tipo de concurso de que se trate.
La propuesta por la que el Estado mexicano deberá optar, será aquella en la que, dentro de un margen en el costo del catálogo de precios unitarios presupuestado, se determine aquella que sea la más económica solvente; por lo que del método que se convoque en cada concurso, esta propuesta económica sería una de las más importantes en la decisión final para asignar las obras.
En ese sentido, Delsol Estrada indicó que, en la actualidad la Ley Federal de Obras Públicas deja en la total discrecionalidad a los funcionarios públicos la repartición de las obras en la modalidad de asignación directa y la de invitación restringida, por lo que la ausencia de la ética política de los servidores públicos y actores de la iniciativa privada, “han propiciado que los contratos sean asignados de manera, a veces muy descarada, violando la normativa legal al torcerla”.
Por lo que indicó, La Ley en la materia de obra pública, debe establecer con total nitidez, la obligatoriedad del Estado mexicano en el fortalecimiento de la industria de la construcción instalada en nuestro país.
“El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy clara la realidad existente en este rubro, por ello su gobierno ha puesto mucho énfasis en apoyar a las Pymes instaladas en nuestro país, por razones de elemental justicia y como una de sus características principales en su conducta humanista”, expresó.
En ese tenor, la iniciativa indica que el Estado mexicano deberá tener un “Padrón Nacional de Contratistas” (PNC) depurado, en el que no haya testaferros de ningún funcionario público ni de personeros de la iniciativa privada; a su vez estas obras el Estado mexicano por ministerio de Ley, deberá garantizar su distribución entre todas las empresas Pymes que se encuentran registradas en el PNC.
De igual forma, en la modalidad de los concursos por invitación restringida a cuando menos tres empresas, se debe incluir en la Ley, la obligatoriedad de invitar a todas las empresas registradas en el PNC.
Por lo que indicó, La Ley en la materia de obra pública, debe establecer con total nitidez, la obligatoriedad del Estado mexicano en el fortalecimiento de la industria de la construcción instalada en nuestro país.
“El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy clara la realidad existente en este rubro, por ello su gobierno ha puesto mucho énfasis en apoyar a las Pymes instaladas en nuestro país, por razones de elemental justicia y como una de sus características principales en su conducta humanista”, expresó.
En ese tenor, la iniciativa indica que el Estado mexicano deberá tener un “Padrón Nacional de Contratistas” (PNC) depurado, en el que no haya testaferros de ningún funcionario público ni de personeros de la iniciativa privada; a su vez estas obras el Estado mexicano por ministerio de Ley, deberá garantizar su distribución entre todas las empresas Pymes que se encuentran registradas en el PNC.
De igual forma, en la modalidad de los concursos por invitación restringida a cuando menos tres empresas, se debe incluir en la Ley, la obligatoriedad de invitar a todas las empresas registradas en el PNC.
