OBSERVACIONES POR 63.9 MDP EN 2018 HIZO LA ASE A LILIANA RANGEL POR FACTUREROS
Comunicado del Congreso del Estado.-
San Luis Al Instante.- Las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado recibieron un informe de la titular de la Auditoría Superior del Estado, contadora Rocío Cervantes Salgado, sobre la solicitud que realizaron de llevar a cabo una auditoria extraordinaria a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
"No me distraigan, que estoy salvando vidas", responde la cínica Mónica Liliana
El diputado José Antonio Zapata Meraz, presidente de la Comisión, informó que a través de una videoconferencia se atendieron diversos asuntos como el desahogo de dictámenes, temas relacionados a la Unidad de Evaluación y Control, cuyos integrantes participaron y la revisión de estados financieros de la propia ASE.
La contadora Cervantes Salgado informó que se están cubriendo los requisitos que establece la Ley de Fiscalización para realizar una auditoría extraordinaria a la Secretaría de Salud del ejercicio 2020 para evitar posibles amparos; sin embargo, de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 ya hay avances que se consignaron en el informe correspondiente.
En 2018 hubo observaciones por 63 millones 991 mil pesos y fue la dependencia más observada de todo el Gobierno del Estado, incluso, se consignó la existencia de los proveedores que son incluidos en la solicitud de auditoría extraordinaria, entre otros detalles que están en los informes y que a la fecha no han sido atendidos.
La titular de la ASE dio especificaciones técnicas que se están cubriendo, como oficios al SAT, verificación de domicilios, existencia de entregables y será base para ampliar el selectivo en 2019, además de cumplir los requisitos para la revisión de 2020. Desde antes de la solicitud de auditoría, la ASE ya tenía avances en el tema, apuntó.
Asimismo la titular de la ASE rindió un informe de la solventación de observaciones a entidades fiscalizables de las cuentas públicas 2017 y 2018, cuyo informe se entregó a los diputados detallado con corte al 18 de Marzo de 2020 que es cuando se suspendieron las actividades por COVID-19.
De las cuentas 2017, los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria corresponden a un 70 por ciento, varios entes solventaron y no fue necesario dar seguimiento y a otros a partir del 7 de Julio se les empezó a notificar para dar continuidad; los organismos de control interno, han sido notificados pero son omisos en la respuesta que se sigue esperando.
Sobre 2018, la titular de la ASE Cervantes Salgado explicó que hubo resarcimientos de entes por 2 millones 390 mil pesos para desahogar las observaciones notificadas y desde la notificación el 7 de julio en base al pliego de observaciones, se corre el plazo de 60 días para cualquier pronunciamiento.
Los diputados Edgardo Hernández Contreras y Marite Hernández Correa dieron un voto de confianza al trabajo de la Auditoría Superior y le hicieron un llamado a su titular para que se conduzca con honestidad buscando la justicia y la verdad, para que no le falle a los potosinos que esperan una revisión escrupulosa de cada peso que se eroga del erario.
El presidente de la Comisión diputado José Antonio Zapata Meraz destacó la importancia que tuvo la participación de la contadora Rocío Cervantes explicando directamente el trabajo que se está realizando, “para tener información oficial y verídica y no conocer sólo lo que se dice afuera”.
Asimismo en la sesión de la Comisión de Vigilancia, se aprobó solicitar al órgano interno de la ASE que investigue probables responsabilidades de servidores públicos, en el rezago de aplicación de sanciones por responsabilidades administrativas, sobre caso que incluso ya prescribieron.
De 2006 a 2016 se registraron 3,612 determinaciones pendientes de aplicar sanciones por responsabilidades administrativas y en 2006, 2007, 2208 y 2009 prescribieron 158 expedientes con 498 resoluciones, por lo que es importante que la Contraloría determine por qué no se actúo y quienes son los responsables para aplicar sanciones. Esta propuesta se aprobó por unanimidad.
La Unidad de Evaluación y Control presentó los informes financieros de 2019 de la Auditoría Superior del Estado, los cuales se regresaron para darle el derecho a la ASE de atender las observaciones. La UEyC presentó su Plan de Trabajo que será analizado por los diputados de la Comisión de Vigilancia.
Los legisladores aprobaron por mayoría los dictámenes que declaraban improcedentes iniciativas para que el síndico municipal fuera de elección popular y para que recursos de los ramos 33 y 28 fueran usados por los ayuntamientos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.
Participaron en la reunión de la Comisión de Vigilancia los diputados José Antonio Zapata Meraz, Marite Hernández Correa, María del Rosario Sánchez Olivares, Martín Juárez Córdova y Edgardo Hernández Contreras.
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La contadora Cervantes Salgado informó que se están cubriendo los requisitos que establece la Ley de Fiscalización para realizar una auditoría extraordinaria a la Secretaría de Salud del ejercicio 2020 para evitar posibles amparos; sin embargo, de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 ya hay avances que se consignaron en el informe correspondiente.
En 2018 hubo observaciones por 63 millones 991 mil pesos y fue la dependencia más observada de todo el Gobierno del Estado, incluso, se consignó la existencia de los proveedores que son incluidos en la solicitud de auditoría extraordinaria, entre otros detalles que están en los informes y que a la fecha no han sido atendidos.
La titular de la ASE dio especificaciones técnicas que se están cubriendo, como oficios al SAT, verificación de domicilios, existencia de entregables y será base para ampliar el selectivo en 2019, además de cumplir los requisitos para la revisión de 2020. Desde antes de la solicitud de auditoría, la ASE ya tenía avances en el tema, apuntó.
Asimismo la titular de la ASE rindió un informe de la solventación de observaciones a entidades fiscalizables de las cuentas públicas 2017 y 2018, cuyo informe se entregó a los diputados detallado con corte al 18 de Marzo de 2020 que es cuando se suspendieron las actividades por COVID-19.
De las cuentas 2017, los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria corresponden a un 70 por ciento, varios entes solventaron y no fue necesario dar seguimiento y a otros a partir del 7 de Julio se les empezó a notificar para dar continuidad; los organismos de control interno, han sido notificados pero son omisos en la respuesta que se sigue esperando.
Sobre 2018, la titular de la ASE Cervantes Salgado explicó que hubo resarcimientos de entes por 2 millones 390 mil pesos para desahogar las observaciones notificadas y desde la notificación el 7 de julio en base al pliego de observaciones, se corre el plazo de 60 días para cualquier pronunciamiento.
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Asimismo en la sesión de la Comisión de Vigilancia, se aprobó solicitar al órgano interno de la ASE que investigue probables responsabilidades de servidores públicos, en el rezago de aplicación de sanciones por responsabilidades administrativas, sobre caso que incluso ya prescribieron.
De 2006 a 2016 se registraron 3,612 determinaciones pendientes de aplicar sanciones por responsabilidades administrativas y en 2006, 2007, 2208 y 2009 prescribieron 158 expedientes con 498 resoluciones, por lo que es importante que la Contraloría determine por qué no se actúo y quienes son los responsables para aplicar sanciones. Esta propuesta se aprobó por unanimidad.
La Unidad de Evaluación y Control presentó los informes financieros de 2019 de la Auditoría Superior del Estado, los cuales se regresaron para darle el derecho a la ASE de atender las observaciones. La UEyC presentó su Plan de Trabajo que será analizado por los diputados de la Comisión de Vigilancia.
Los legisladores aprobaron por mayoría los dictámenes que declaraban improcedentes iniciativas para que el síndico municipal fuera de elección popular y para que recursos de los ramos 33 y 28 fueran usados por los ayuntamientos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.
Participaron en la reunión de la Comisión de Vigilancia los diputados José Antonio Zapata Meraz, Marite Hernández Correa, María del Rosario Sánchez Olivares, Martín Juárez Córdova y Edgardo Hernández Contreras.
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