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San Luis Al Instante.- Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado determinaron en sesión celebrada este viernes 21 de febrero que existen elementos suficientes para iniciar un juicio político en contra del presidente municipal capitalino Xavier Nava Palacios por los hechos ocurridos el 1 de julio pasado en unas oficinas del Registro Civil.
Lo anterior a consecuencia de los actos de abuso de autoridad, brutalidad, prepotencia y trato indigno a la abogada Teresa Carrizales Hernández, ex oficial del Registro Civil, durante el desalojo de esas oficinas por parte de policías encabezados por Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director de Seguridad Pública Municipal, y por órdenes del propio edil Nava Palacios y del secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez García.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Rubén Guajardo Barrera, dijo que este es el primer paso, pues falta que el pleno del Congreso del Estado avale el dictamen y se integre la Comisión Jurisdiccional.
Por su parte, el diputado Edgardo Hernández Contreras recordó el caso en que la abogada Teresa Carrizales Hernández fue obligada por policías bajo el mando directo de Jiménez Arcadia a desalojar sus oficinas del Registro Civil y narró que agentes de Policía Municipal del sexo femenino tomaron de los brazos a la víctima la jalaron, cayó al piso y esos mismos elementos procedieron a colocarle candados de mano en ambas muñecas, jaloneándola y arrastrándola al exterior de la oficina.
Ello dio motivo a una queja de la mencionada abogada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado en contra de funcionarios municipales, encabezados por el edil Xavier Nava Palacios.
En su queja la abogada precisó que sintió golpes con las rodillas de las elementos en las costillas, que continuaron jalándola y en dos ocasiones con esa maniobra se lastimó con los escalones, que al sacarla hasta la banqueta, le jalaron los candados de mano y le provocaron dolor, minutos después se reincorporó y la subieron a una patrulla siendo trasladada a la Comandancia Municipal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en septiembre pasado una recomendación a Nava Palacios por haber vulnerado el derecho a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libertad personal, debido al violento desalojo de Teresa Carrizales Hernández.
Además ordenó acciones efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral el Daño en beneficio de la víctima, que incluya un debido tratamiento psicológico; debiendo colaborar en la inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas.
Debe girar instrucciones a efecto de que el Titular de la Contraloría Interna investigue las diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con motivo de los hechos que originaron el pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en la que pudo incurrir el Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí.
También solicitó que el área de Asuntos Internos de la DGSPM investigue y determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los elementos de Policía Municipal.
El 1 de julio de 2019 elementos policíacos, bajo órdenes directas de Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director de Seguridad Pública Municipal, desalojaron con violencia a la abogada Carrizales Hernández de sus oficinas en el Registro Civil. Dichas acciones constituyeron claras y evidentes violaciones a sus derechos humanos y en agravio de una mujer.
En cuanto a otras solicitudes de juicios políticos, el diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que se continuará con el trabajo respectivo para analizarlas. Además se determinaron como improcedentes cuatro solicitudes de juicio político.
En el caso de las solicitudes contra el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia magistrado Juan Paulo Almazán Cué y del ex presidente municipal de la Capital Ricardo Gallardo Juárez, los diputados acordaron ampliar el plazo de cinco días para solicitar mayor información a los promoventes, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Juicio Político, para mejor proveer.
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Por su parte, el diputado Edgardo Hernández Contreras recordó el caso en que la abogada Teresa Carrizales Hernández fue obligada por policías bajo el mando directo de Jiménez Arcadia a desalojar sus oficinas del Registro Civil y narró que agentes de Policía Municipal del sexo femenino tomaron de los brazos a la víctima la jalaron, cayó al piso y esos mismos elementos procedieron a colocarle candados de mano en ambas muñecas, jaloneándola y arrastrándola al exterior de la oficina.
Ello dio motivo a una queja de la mencionada abogada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado en contra de funcionarios municipales, encabezados por el edil Xavier Nava Palacios.
En su queja la abogada precisó que sintió golpes con las rodillas de las elementos en las costillas, que continuaron jalándola y en dos ocasiones con esa maniobra se lastimó con los escalones, que al sacarla hasta la banqueta, le jalaron los candados de mano y le provocaron dolor, minutos después se reincorporó y la subieron a una patrulla siendo trasladada a la Comandancia Municipal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en septiembre pasado una recomendación a Nava Palacios por haber vulnerado el derecho a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libertad personal, debido al violento desalojo de Teresa Carrizales Hernández.
Además ordenó acciones efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral el Daño en beneficio de la víctima, que incluya un debido tratamiento psicológico; debiendo colaborar en la inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas.
Debe girar instrucciones a efecto de que el Titular de la Contraloría Interna investigue las diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con motivo de los hechos que originaron el pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en la que pudo incurrir el Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí.
También solicitó que el área de Asuntos Internos de la DGSPM investigue y determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los elementos de Policía Municipal.
El 1 de julio de 2019 elementos policíacos, bajo órdenes directas de Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director de Seguridad Pública Municipal, desalojaron con violencia a la abogada Carrizales Hernández de sus oficinas en el Registro Civil. Dichas acciones constituyeron claras y evidentes violaciones a sus derechos humanos y en agravio de una mujer.
En cuanto a otras solicitudes de juicios políticos, el diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que se continuará con el trabajo respectivo para analizarlas. Además se determinaron como improcedentes cuatro solicitudes de juicio político.
En el caso de las solicitudes contra el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia magistrado Juan Paulo Almazán Cué y del ex presidente municipal de la Capital Ricardo Gallardo Juárez, los diputados acordaron ampliar el plazo de cinco días para solicitar mayor información a los promoventes, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Juicio Político, para mejor proveer.
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