lunes, 6 de junio de 2016

Una burla inhabilitación de Castillo Chagoya; ex funcionario debe estar en prisión

UNA BURLA INHABILITACIÓN DE CASTILLO CHAGOYA; EX FUNCIONARIO DEBE ESTAR EN PRISIÓN

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San Luis Al Instante.- Una sociedad potosina ofendida por historias de corrupción y enriquecimiento con la hacienda pública de ex funcionarios de la anterior administración de Fernando Toranzo Fernández, ha considerado como una burla el anuncio de la inhabilitación por diez años del abogado Héctor del Castillo Chagoya, ex director jurídico del Sistema DIF en el Estado, porque los cuantiosos robos que cometió en ese organismo deberían mercerle varios años de prisión.

Este lunes trascendió que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó una inhabilitación por diez años del fundador del ya desaparecido grupo de porros universitarios Mestizo, debido a que cobraba en dos dependencias públicas simultáneamente: una en el propio sistema DIF y otra en el Interapas, además de haber recibido una millonaria bolsa de dinero del Ipicyt.

Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Estado, abundó al respecto que durante el año 2012 Del Castillo Chagoya, quien coordinó a porros que golpearon a personas navistas el día 1 de enero de 1986 en la Plaza de Armas de esta Capital, cobró cerca de 19 mil 500 pesos cada mes por servicios jurídicos al Interapas, así como diversos cheques por cerca de 500 mil pesos más por representar al organismo en un proceso legal.

Debido a ello, la Contraloría inició desde 2014 una investigación para determinar las posibles responsabilidades del ex director jurídico del DIF. El caso concluyó hace unas semanas con su inhabilitación por diez años. Sin embargo, el ex servidor público impugnó la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien la semana pasada ratificó la sanción.

Además, Del Castillo Chagoya también fungió como representante legal del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, actividad por la cual cobró 2.6 millones de pesos, según había admitido Araceli Bocanegra, administradora del Ipicyt. Los procesos administrativos se tramitan por separado y conforme vayan concluyendo se establecen sanciones, que pueden ser multas, inhabilitaciones y otras, dijo Rosillo.

Sin embargo, el contralor no hizo comentarios sobre los resultados de una auditoría realizada al Sistema DIF en el Estado, en donde se habrían cometido delitos multimillonarios a manos de María Luisa Ramos Segura, esposa del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, y de su abogado Héctor del Castillo Chagoya.

De acuerdo con resultados de las auditorías que pudieron conocerse hace varios meses, durante la pasada administración se pagaron sobreprecios en el DIF del Estado entre 175 y 225 millones de pesos en el rubro de apoyos alimentarios, destinados a niños, ancianos e indígenas en situación de precariedad.
Auditores calculan que solamente en sobreprecios pagados por desayunos escolares existe una bolsa de entre 175 y 225 millones de pesos que paró en las cuentas bancarias de la hoy ex titular del DIF, María Luisa Ramos Segura, de su hermano y de otros personajes, como su abogado consentido Héctor del Castillo Chagoya.

En el caso de Castillo Chagoya se menciona que acumuló una fortuna impresionante en los seis años en que figuró como uno de los personajes más cercanos a la "gobernadora" Ramos Segura. Tanto así que pudo hacerse de un número importante de automóviles de lujo.

De esas fechorías sólo ha recibido una cómoda sanción de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicas por 10 años, cuando debería de haber sido encarcelado. En la gráfica, Del Castillo Chagoya aparece en un templo masónico, hablando de moral y de buenas costumbres.

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