HORACIO SÁNCHEZ UNZUETA DETRÁS DE IMPUNIDAD A GRUPO MÉXICO
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San Luis Al Instante.- Luego de que Grupo México, propietario de Industrial Minera México, impugnara una multa por 13.4 millones de pesos, impuesta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por el accidente en su mina de Charcas, en donde perecieron cinco trabajadores, en círculos empresariales ha trascendido que es el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta quien utiliza a funcionarios para lograr impunidad para este poderoso consorcio.
Sánchez Unzueta es abogado del Grupo México y además mantiene una fuerte influencia sobre funcionarios de la administración gubernamental, encabezada por Fernando Toranzo Fernán-dez, entre los que se encuentra Édgar Durón Puente, actual delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Una defensa premeditadamente mala de Durón Puente y de su equipo de abogados a la sanción por 13.4 millones de pesos, impuesta por esta dependencia a Grupo México, propiciaría que el poderoso consorcio evadiera el castigo y permitiría a Horacio Sánchez Unzueta y al padre de Durón Puente, José Guadalupe Durón Santillán, embolsarse cuando menos con 2 millones de pesos cada uno por sus servicios.
Hace unos días trascendió que Grupo México impugnó la multa por más de 13.4 millones de pesos por el accidente ocurrido en febrero pasado en la mina localizada en el municipio Charcas, en donde perdieron la vida cinco mineros, sobre quienes cayeron ocho toneladas de piedras que eran transportadas en una góndola.
En medios empresariales se afirma que detrás de esta acción irresponsable se encontrarían los intereses del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, en complicidad con José Guadalupe Durón Santillán, quien fuera secretario general de gobierno de la actual administración torancista y que fuera destituido luego del asesinato de un civil en la comunidad del Jaralito, al oriente de esta Capital potosina, durante una represión policiaca a habitantes del lugar.
Como abogado de Grupo México y como tutor del hijo de Durón Santillán, encargado actualmente de la delegación de la STyPS, el ex gobernador y su cómplice estarían cobrando cuando menos un 30 por ciento sobre la sanción de 13.4 millones de pesos; es decir, unos 4 millones de pesos, aproximadamente, para repartirse entre ambos.
San Luis Al Instante.- Luego de que Grupo México, propietario de Industrial Minera México, impugnara una multa por 13.4 millones de pesos, impuesta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por el accidente en su mina de Charcas, en donde perecieron cinco trabajadores, en círculos empresariales ha trascendido que es el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta quien utiliza a funcionarios para lograr impunidad para este poderoso consorcio.
Sánchez Unzueta es abogado del Grupo México y además mantiene una fuerte influencia sobre funcionarios de la administración gubernamental, encabezada por Fernando Toranzo Fernán-dez, entre los que se encuentra Édgar Durón Puente, actual delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Una defensa premeditadamente mala de Durón Puente y de su equipo de abogados a la sanción por 13.4 millones de pesos, impuesta por esta dependencia a Grupo México, propiciaría que el poderoso consorcio evadiera el castigo y permitiría a Horacio Sánchez Unzueta y al padre de Durón Puente, José Guadalupe Durón Santillán, embolsarse cuando menos con 2 millones de pesos cada uno por sus servicios.
Hace unos días trascendió que Grupo México impugnó la multa por más de 13.4 millones de pesos por el accidente ocurrido en febrero pasado en la mina localizada en el municipio Charcas, en donde perdieron la vida cinco mineros, sobre quienes cayeron ocho toneladas de piedras que eran transportadas en una góndola.
En medios empresariales se afirma que detrás de esta acción irresponsable se encontrarían los intereses del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, en complicidad con José Guadalupe Durón Santillán, quien fuera secretario general de gobierno de la actual administración torancista y que fuera destituido luego del asesinato de un civil en la comunidad del Jaralito, al oriente de esta Capital potosina, durante una represión policiaca a habitantes del lugar.
Como abogado de Grupo México y como tutor del hijo de Durón Santillán, encargado actualmente de la delegación de la STyPS, el ex gobernador y su cómplice estarían cobrando cuando menos un 30 por ciento sobre la sanción de 13.4 millones de pesos; es decir, unos 4 millones de pesos, aproximadamente, para repartirse entre ambos.
