Protestan campesinos náhuatl y tének por falta de trapiches para piloncillo

PROTESTAN CAMPESINOS NÁHUATL Y TÉNEK POR FALTA DE TRAPICHES PARA PILONCILLO

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Texto de Pepe Alemán.-

San Luis Al Instante.- Un grupo de campesinos de las etnias Náhuatl y Tének provenientes de diversos municipios de la Huasteca potosina e integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) con sede en Ciudad Valles, tomaron las instalaciones de la delegación federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en demanda de apoyos.

Desde las cuatro de la mañana del pasado lunes, el contingente de 48 campesinos de Ébano, Aquismón, Tancanhuitz, encabezados por el presidente de la UNTA, Saúl Cárdenas Herrera, arribaron en un autobús y se apostaron a la entrada de la dependencia federal, en la colonia Polanco de esta Capital potosina, en donde colocaron lonas y un improvisado comedor.

Los trabajadores de la CDI San Luis estuvieron en la acera al no poder ingresar a su centro de trabajo, mientras esperaban instrucciones pues el delegado Rogelio Azuara Echavarría no se encontraba en la ciudad.

En entrevista, Juan de Dios Medina Martínez, integrante UNTA informó que el motivo de la protesta es por el incumplimiento de acuerdos por parte del delegado federal Azuara Echavarría, quien se comprometió a desahogarles un pliego petitorio donde destacan la entrega de 23 trapiches, que son molinos para extraer el jugo de la caña para hacer piloncillo, así como que se mejore el trato en las oficinas de la CDI en Tancanhuitz.

“No nos están dando una atención adecuada a los campesinos, ya que van y aparte de que nos dan un trato indigno, no hacen los trámites adecuados para que nos lleguen los apoyos, por ejemplo le ponen el nombre de una persona de una comunidad con la dirección de otra comunidad”, detalló.

En el lugar, el jefe de Departamento de la CDI, Arturo Ramírez explicó q ue las gestiones para los trapiches de los plantonistas se están tramitando a través del Programa para el mejoramiento de la producción y la productividad indígena (Proin) y que actualmente se encuentran en el periodo de calificación.

“El recurso no alcanza, el presupuesto es reducido, creo que cuando venga nuestro delegado tomará los acuerdos respectivos de acuerdo a los ajustes presupuestales que se tengan”, mencionó el funcionario federal.

Sobre la ausencia del delegado Azuara Echavarría, el jefe de Departamento de la CDI dijo que se encontraba en una “junta de trabajo” y que esperaba que para la noche ya estuviera en San Luis con unja propuesta para los indígenas que le tienen tomadas sus oficinas.

Náhuatls exigen administrar sus propios impuestos para su bienestar

NÁHUATLS EXIGEN ADMINISTRAR SUS PROPIOS IMPUESTOS PARA SU BIENESTAR

San Luis Al Instante.- Comunidades náhuatls en la región huasteca del Estado de San Luis Potosí exigieron la autogestión en el pago del impuesto predial, a que están obligados ejidos y comunidades a partir de la privatización de las tierras en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Esta recaudación la administraría una asamblea comunitaria y la aplicarían en obras y acciones que permitan su propio bienestar.

Asimismo, demandaron que los presupuestos del gobierno del Estado y de los ayuntamientos sean administrados directamente por la asamblea del pueblo náhuatl; y además exigieron que esas autoridades los apoyen con recursos económicos, humanos y materiales en la elaboración de sus planes de desarrollo.

Otra demanda fue que los funcionarios sean obligados a respetarlos y tomarlos en cuenta en la configuración de sus planes y políticas públicas.

Estas propuestas las hicieron a través de voceros en la comunidad de Escuatitla, perteneciente al municipio de San Martín Chalchicuatla, durante un foro de consulta convocado por el Congreso del Estado para elaborar una Ley Indígena en el Estado.

En este mismo escenario pidieron que los cargos comunitarios de mayor jerarquía sean ocupados por mujeres en no menos del 50 por ciento de los escaños; y además que las actas del Registro Civil, nacimiento, defunción o divorcio, entre otras, sean gratuitas.

Otra postura del pueblo náhuatl es que a los jueces auxiliares les sea reconocido su trabajo con una remuneración económica equivalente a 100 días de salario mínimo al mes, porque actualmente no reciben ningún apoyo.

Demandaron programas y acciones del Estado para eliminar la violencia contra la mujer; y además que la asamblea comunitaria defina si se deben o no vender bebidas embriagantes, porque el alcoholismo ocasiona graves problemas en las familias y en las personas.

En este foto participaron Marcelino Rivera Hernández, presidente municipal de San Martín Chalchicuautla; J. de Jesús Sánchez Labastida, el juez menor de Axtla; Viridiana García Martínez, de la Subprocuraduría regional de la Huasteca sur; y autoridades de la etnia náhuatl.

Asimismo, demandaron que los presupuestos del gobierno del Estado y de los ayuntamientos sean administrados directamente por la asamblea del pueblo náhuatl; y además exigieron que esas autoridades los apoyen con recursos económicos, humanos y materiales en la elaboración de sus planes de desarrollo.

Otra demanda fue que los funcionarios sean obligados a respetarlos y tomarlos en cuenta en la configuración de sus planes y políticas públicas.

Estas propuestas las hicieron a través de voceros en la comunidad de Escuatitla, perteneciente al municipio de San Martín Chalchicuatla, durante un foro de consulta convocado por el Congreso del Estado para elaborar una Ley Indígena en el Estado.

En este mismo escenario pidieron que los cargos comunitarios de mayor jerarquía sean ocupados por mujeres en no menos del 50 por ciento de los escaños; y además que las actas del Registro Civil, nacimiento, defunción o divorcio, entre otras, sean gratuitas.

Otra postura del pueblo náhuatl es que a los jueces auxiliares les sea reconocido su trabajo con una remuneración económica equivalente a 100 días de salario mínimo al mes, porque actualmente no reciben ningún apoyo.

Demandaron programas y acciones del Estado para eliminar la violencia contra la mujer; y además que la asamblea comunitaria defina si se deben o no vender bebidas embriagantes, porque el alcoholismo ocasiona graves problemas en las familias y en las personas.


En este foro participaron Marcelino Rivera Hernández, presidente municipal de San Martín Chalchicuautla; J. de Jesús Sánchez Labastida, el juez menor de Axtla; Viridiana García Martínez, de la Subprocuraduría regional de la Huasteca sur; y autoridades de la etnia náhuatl.