Diez años por servicio de agua a colonias fifí debe el influyente especulador López Medina

DIEZ AÑOS POR SERVICIO DE AGUA A COLONIAS FIFÍ DEBE EL INFLUYENTE ESPECULADOR LÓPEZ MEDINA

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San Luis Al Instante.- El poderoso e intocable fraccionador urbano Carlos López Medina es uno de los principales deudores del Interapas, debido a que tiene 10 años sin pagar un sólo peso por concepto de conexión al sistema de agua y drenaje de los desarrollos urbanos que ha construido en el poniente y surponiente de esta Capital potosina.

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Esto lo dijo Luis Alberto Suárez Castillo, asesor de grupos ecologistas potosinos, a la reportera Patricia Azuara del periódico El Sol de San Luis, según una nota publicada por ese rotativo en su edición correspondiente al pasado viernes 28 de diciembre.

A López Medina y a otros que forman parte de las sociedades de fraccionadores que se han integrado, como "Reserva" con la que pretenden adueñarse en forma ilegal de varios cientos de hectáreas de terrenos panorámicos pertenecientes a la comunidad de San Juan de Guadalupe, se le atribuyó el adjetivo de "desarrolladores maquiavélicos sin escrúpulos".

Son unas 2 mil tomas de agua en los fraccionamientos de López Medina por los que el magnate influyente no paga al Interapas. Entre esos fraccionamientos se encuentran Residencial La Tenería, Lomas de la Garita, Lomas del Tecnológico, el Club Residencial de Golf La Loma y otros del poniente y surponiente de esta Capital.

A esos fraccionamientos López Medina les provee de agua a través de su empresa "Aguas del Poniente". Sin embargo, debe pagar al Interapas por la conexión y la explotación del líquido, lo cual nunca ha hecho por su poder e influencia.

Suárez Castillo advirtió que el hecho de que existan miles de habitantes del sur y surponiente de la Capital potosina que sufren durante días y por largas temporadas de falta de agua en sus domicilios, "Aguas del Poniente" ningún problema tiene para dotar del líquido a los fraccionamientos de familias pudientes. Ello sin que se beneficie de algún modo el sistema operador público, que es Interapas.

El ambientalista hizo ver que el proyecto inmobiliario del grupo "Reserva", del cual forman parte López Medina y otros personajes muy poderosos, bajo protección del gobernador Juan Manuel Carreras López, mediante el cual pretenden apoderarse de cientos de hectáreas de lotes panorámicos de la comunidad de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, agudizará el problema de abasto de agua y puede ocasionar incluso una "guerra por el agua" en esta zona metropolitana. Con ese proyecto pretenden construirse más de 15 mil residencias.

Por su parte, el ex regidor y abogado Carlos Covarrubias Rendón, quien forma parte de la defensa jurídica de los comuneros de San Juan de Guadalupe, anticipó que ahora será determinante el papel de la sociedad civil en la defensa de sus intereses más vitales, como el acceso a agua constante y de buena calidad en sus domicilios.

"Carlos López Medina se va a sorprender del nivel de movilización que vamos a emprender”, predijo a la reportera Patricia Azuara en su nota publicada por el periódico El Sol de San Luis del viernes 28 de diciembre.

Captura de pantalla de la nota de la reportera Patricia Azuara, publicada en el portal web del periódico El Sol de San Luis.

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Red Potosina de Comunicadores.-

Con información de Juan Carlos Oliva / Digital Noticias.-

San Luis Al Instante.- Entre gritos de corruptos y una gran vigilancia de policía estatal y municipal unos 300 ejidatarios impugnaron e invalidaron una asamblea ejidal, celebrada este domingo 18 de noviembre en el ejido de La Pila, perteneciente al municipio de la Capital del Estado.

El evento fue encabezado por el presidente del Comisario Ejidal, Pedro Martínez López, quien estuvo acompañado por los empresarios Antonio Lorca Valle, Héctor Gómez Valle y Antonio Lorca Vallejo, quienes a su paso entre los inconformes y custodiados fuertemente por la policía estatal y al grito de “ladrones no llenan y quieren más”, se abrieron paso entre los ahí reunidos para entrar al salón de eventos “Los Tres Potrillos”,  inmueble de unos 1200 metros cuadrados, propiedad del presidente del Comisariado Ejidal.

El conflicto entre los ejidatarios de La Pila es por 3,000 hectáreas de uso común de las 6,600 que les pertenecen. Según palabras de Tobías López quien se desemeñó como presidente del Comisariado Ejidal de los años de 2007 a 2010, por medio de una “Junta de Formalidades Especiales” quieren repartir las tierras entre unos cuantos y cambiar el uso de suelo. Entre los más beneficiados se encontrarían los empresarios inmobiliarios mencionados líneas arriba, familiares de Lorena Valle Rodríguez, esposa del gobernador Juan Manuel Carreras López. Dichos  terrenos son un jugoso negocio dada su estratégica ubicación en plena zona industrial de San Luis Potosí.

Entre las anomalías existentes ya denunciadas ante la Secretaria de la Reforma Agraria se encuentran el cambio de tierras ejidales a parcelas. Ello ha facilitado a empresarios inmobiliarios,  coludidos con el gobernador Juan Manuel Carreras y funcionarios de su gabinete, comprar a precios irrisorios esas tierras en perjuicio de los ejidatarios. Todo esto ante la complacencia del actual presidente del Comisariado Ejidal, Pedro Martínez López, quien ha sido impugnado ante la Secretaría de Desarrollo Agrario y otras autoridades del sector por anomalías en su elección.

La Asamblea ejidal dio inicio a las 11:32 de la mañana sin el quórum de 280 titulares, indispensable para validar cualquier decisión que fuese tomada. Apenas unas 80 personas fueron las que se dieron cita. Mientras tanto,  la mayoría de los ejidatarios empadronados con derecho a voto se mantuvieron a las afueras del punto de reunión,  gritando consignas. A pesar de lo tenso de la situación, se mantuvieron en orden y no hubo mayores incidentes.

Un día antes, personas ligadas  a la actual administración ejidal repartieron despensas. Pero ni así lograron juntar a los ejidatarios necesarios para dar validez a la asamblea. Entre tanquetas, granaderos, policía metropolitana, policía municipales e informantes del Gobierno del Estado se mantuvieron a la expectativa de hechos de violencia. Pero más que seguridad,  la presencia de tantos elementos algunos armados y otros con sus respectivos escudos fue para amedrentar a los legítimos propietarios de ese tesoro, pues causaron sobresalto y descontento entre ellos. No obstante, el gobernador Carreras López les había prometido "bajarle tres rayitas” al problema, con tono conciliatorio.

Por lo pronto, los inconformes presentaran ante las autoridades competentes una petición de nulidad de dicha asamblea,  ya que estuvo plagada de anomalías, como la participación de personas acarreadas y sin representación legal, así como por la fuerte presencia policíaca que más preservar el orden y la seguridad de las personas, fue para custodiar a los sobrinos del gobernador Carreras y de su esposa Lorena Valle Rodríguez.

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Pobladores de Noria de San José culpan a Leal Tovías de la violencia (Fotogalería)

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San Luis Al Instante.- Habitantes de la comunidad Noria de San José, ubicada en el corredor industrial de esta Capital potosina, denunciaron a Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, de agitar la violencia entre pobladores y dueños de la empresa American Industries que reclaman predios de ese lugar como suyos.

Debido a la interesada incapacidad mostrada por Leal Tovías para resolver ese conflicto, pues buscaría obtener una importante cantidad de dinero del despojo a los comuneros, y ante las amenazas de los empresarios por apoderarse de esos terrenos, argumentando que son sus legítimos dueños, pobladores de Noria de San José subieron de nivel en sus acciones.

Armados con machetes y resorteras, incendiando llantas a mitad de la carretera 57 y bloqueando el tránsito por esa importante ruta, familias enteras de comuneros denunciaron a Leal Tovías como responsable de la violencia en ese lugar y demandaron la intervención directa del gobernador Juan Manuel Carreras López.

Hubo una impresionante concentración de policías federales y estatales, aunque afortunadamente no hubo enfrentamientos. Después de estas acciones que afectaron a cientos de transportistas y de automovilistas, el secretario general de gobierno trató de salvar el puesto, culpando a los dueños de American Industries de llevar el conflicto hacia la violencia y de romper con las negociaciones.

Sin embargo, los comuneros señalaron a través de carteles a Leal Tovías como el responsable de las acciones que se han dirigido para despojarlos de terrenos que ocupan desde hace varios años. "Ya basta de tanta corrupción" y "Alejandro Leal Tovías da la versión real", se leía en esos carteles.

Lo mismo denunciaron a través de cuentas en redes digitales. "La empresa American Industries y gobierno intentaron despojar a La Noria de sus áreas verdes. Mujeres, hombres y ancianos salieron a defender su territorio. Se tomó la carretera 57 con la finalidad de presionar para que se retirara la fuerza pública y se abriera mesa de negociación", señalaron.

Aunque el bloqueo de la carretera 57 sucedió el pasado martes 2 de agosto, los pobladores de Noria de San José han advertido al gobierno que emprenderán acciones hasta donde sea necesario para defender lo que consideran sus derechos sobre esos terrenos.

En este conflicto, el secretario general de gobierno ha exhibido una enorme incapacidad, que parece interesada, para solucionarlo. Debido a la creciente violencia que se registra en ese punto que es vital para la economía potosina, pues se localiza en el corazón del corredor industrial, amplios e influyentes sectores de la sociedad piden la destitución de Leal Tovías.

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San Luis Al Instante.- El conflicto por la disputa de terrenos en la comunidad Noria de San José, que este jueves 28 de julio llegó a un punto extremo, luego de que emisarios de la empresa extranjera American Industries se presentaron armados en el sitio para colocar una cerca, fue ocasionado por irresponsabilidad de ex gobernadores del Estado.

Dichos terrenos han despertado la codicia de poderosos especuladores de tierra urbana e industriales, pues se encuentran ubicados en el Eje 136 de la zona industrial. Con el propósito de dotar a ese establecimiento fabril de una reserva territorial, en el año de 1981 fueron expropiados por el entonces gobernador Carlos Jonguitud Barrios.

Empero, a decir de los habitantes de la actual Noria de San José, el gobierno del Estado incumplió los términos del decreto expropiatorio. No obstante, en el año 2003, cuando corrían los últimos días del gobierno de Fernando Silva Nieto, éste los vendió a American Industries.

Uno de los términos de aquel decreto establecía la reubicación del poblado Noria de San José, perteneciente al ejido San Elías o Arroyos, lo cual nunca ocurrió. De esa manera, la comunidad quedó atrapada entre naves industriales.

Dich mandato establecía el compromiso del gobierno de introducir drenajes, agua potable, perforación de dos pozos y que el asentamiento que data de 1900 no sería removido, a cambio de 1,200 hectáreas del ejido. Pero ninguna administración cumplió con el compromiso legal.

En esta retorcida historia de los terrenos en disputa ha surgido igualmente la figura de Marco Antonio Aranda Martínez, actual secretario del ayuntamiento de la Capital. Cuando éste fungía como secretario general del gobierno, en la administración encabezada por Fernando Toranzo Fernández, inició un proceso de escrituración a favor de los pobladores.

Sobre el tema, Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, ha afirmado que el Estado cumplió con todas las cláusulas del decreto, por lo que sigue siendo válido y vigente.

"La verdad es que sí hubo cumplimiento del decreto. Había un punto que señalaba la reubicación de los ejidatarios de la comunidad, lo cual se llevó a cabo en su totalidad y se les indemnizó además por sus tierras”, ha declarado el funcionario.

Supuestamente algunos beneficiarios solicitaron al gobierno quedarse provisionalmente en los predios actualmente en disputa, en tanto se le daba un uso industrial, tal como se acordó en el decreto. "Lo que pasa es que muchos de los beneficiaros originales o ya murieron o ya no viven ahí. Y los que siguen ahí son sus hijos, nietos u otros familiares", ha dicho Leal Tovías.

Con los años, ello ocasionó la generación de un derecho de propiedad de la tierra de quienes siguieron ocupando dichos terrenos, motivo por el cual "se busca la forma de compensar a estas personas".

Debido a esta situación, tanto American Industries como los actuales ocupantes de Noria de San José tienen derechos sobre los terrenos, por lo cual el gobierno busca una salida pacífica, que incluye la posibilidad de establecer a los habitantes en otra área.

Sin embargo, de la violencia que estalló este jueves 28 de julio y que dejó un saldo de cuatro pobladores heridos, entre ellos dos mujeres, ha sido responsabilizado el mismo Leal Tovías, por ser operador de una solución pacífica entre las partes.

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San Luis Al Instante.- Luego de que el Tribunal Unitario Agrario restituyera casi 35 mil hectáreas de La Palma, municipio de Tamasopo, al pueblo Wi'Uiy, en protesta ejidatarios de la zona bloquearon durante 6 horas la supercarretera Ciudad Valles - Rayón, así como la carretera libre

Encabezados por Encarnación Alvarado y Juan Ramón Aguilar, demandaron un diálogo con funcionarios de Gobierno del Estado y liberaron las carreteras hasta las 16:35 de la tarde de este lunes 2 de mayo.

El cierre total ocurrió en la comunidad Vicente Guerrero, por donde no se dejó pasar ningún tipo de vehículo hacia la capital del Estado o hacia Ciudad Valles.

La protesta fue ocasionada por la decisión del Tribunal Agrario No. 43 de Tampico de emitir un resolutivo a una magistrada en Veracruz, en donde se restituyen casi 35 mil hectáreas al pueblo Xi'Uiy, negando así que esa superficie sea considerada como un ejido. Los campesinos afectados creen que esto es un error, porque el ejido fue establecido desde el año 1923.

Sin embargo, el pueblo Xi'Uiy ha reclamado la posesión de esas tierras de La Palma desde hace unos 200 años.

Al respecto, el Movimiento Social por la Tierra emitió un comunicado, en donde señala que, desde el virreinato, "esta comunidad indígena defendió a su madre tierra comprándola al virrey para no ser molestados"; y menciona que el 7 de diciembre de 1922 emitió la Presidencia de la República Mexicana la resolución del título comunal a favor de la comunidad indígena".

"Sin embargo mediante la instauración ilegal del ejido y sus autoridades los indígenas han sido desplazado y despojados de sus derechos agrarios. Los mestizos ejidatarios han ido privatizados, vendido y robando su biodiversidad. Al grado de impedir a los indios tuvieran acceso a su tierra y su sierra. Mientras que se conformaba un grupo de grandes caciques acaparando las tierras más fértiles y las sierras", manifiesta esta organización.

Frente a ello, los ejidatarios aseguraron que son más de 6 mil habitantes afectados por esta decisión y que no están dispuestos a perder sus tierras.

Pero los miembros del pueblo Xi'Uiy a través del Movimiento Social por la Tierra afirman que, ante los atropellos en contubernio con el gobierno estatal, el grupo indígena conformó una forma de gobierno alterno comunal y además siguió una ruta legal que obra en el expediente 759/2012-43.

En ese expediente se demandaba el reconocimiento de comunidad al presidente de la república, al secretario de la Reforma Agraria (ahora de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), del director en jefe del Registro Agrario Nacional, de la Asamblea General de Ejidatarios del poblado de La Palma en el Tribunal Agrario N. 43 que trató de retrasar la sentencia por 10 años.

El bloqueo perjudicó a cientos de automovilistas que debieron esperar desde las 10 de la mañana hasta las 16:35 horas de la tarde cuando la Policía Federal anunció que tras un diálogo con autoridades estatales los manifestantes se retiraron y reabrieron las dos carreteras al paso vehicular.