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martes, 23 de febrero de 2016

Cientos de taxistas marchan hacia Los Pinos en protesta por pirataje

CIENTOS DE TAXISTAS MARCHAN HACIA LOS PINOS EN PROTESTA POR PIRATAJE

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San Luis Al Instante.- Unos 500 taxistas desfilaron este martes 23 de febrero en calles del Centro Histórico de esta Capital potosina para protestar por la existencia de competidores irregulares y la falta de aplicación de la Ley de Comunicaciones y Transportes para someterlos. En su marcha continuaron hacia la Ciudad de México para manifestarse frente a la residencia oficial de Los Pinos y demandar la intervención del presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el dirigente de un Frente Común de Taxistas, Augusto Contreras López, se han detectado más de 1,200 autos que ofrecen el servicio sin sus propietarios estar debidamente autorizados para hacerlo, pero gozan de la protección de las autoridades, principalmente porque esos vehículos son utilizados por agremiados a la organización priísta Antorcha, quien les protege a cambio de cuotas de dinero para sus dirigentes Aquiles Córdova Morán y Lenin Campos Córdova.

“Nosotros exigimos una mayor respuesta y al no tenerla acudiremos a México en busca de la audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto”, dijo Contreras López.

La concentración de taxistas inició a las 10:30 de la mañana frente a la Caja del Agua en la Calzada de Guadalupe y de allí rodaron sus unidades hacia la Plaza de Armas sin llegar al exterior de Palacio. Al llegar a la intersección de las calles 5 de Mayo y Rayón, en donde se ubican las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Juan Ramiro Robledo López, amenazaron con manifestarse ahí, aunque finalmente desistieron de esa intención.

Posteriormente circularon por Avenida Universidad y se enfilaron con rumbo al Boulevard Benito Juárez y la carretera a la Ciudad de México.

lunes, 22 de febrero de 2016

Por encubrir delitos de María Luisa Ramos quieren echar al contralor

POR ENCUBRIR DELITOS DE MARÍA LUISA RAMOS QUIEREN ECHAR AL CONTRALOR

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San Luis Al Instante.- Diputados al Congreso del Estado analizan una solicitud de juicio político en contra de José Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Gobierno del Estado, por el encubrimiento de ex funcionarios del anterior régimen, encabezado por Fernando Toranzo Fernández, principalmente de la esposa de éste, María Luisa Ramos Segura, por los cuantiosos delitos que cometió como presidenta del Sistema Estatal DIF.


En una reciente comparecencia de Rosillo Iglesias ante diputados con motivo del análisis del Eje de Gestión Financiera del Plan Estatal de Desarrollo, el representante Manuel Barrera Guillén encaró al funcionario y le exigió presentar resultados de las auditorías que ha practicado a ex funcionarios del Gobierno del Estado, en particular de la esposa del ex gobernador. "Póngale fecha y si no puede, retírese", demandó el ex titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, curiosamente implicado él también en actos de corrupción.

Más tarde, el mismo Barrera Guillén declaró: "No hay castigo para nadie. La Contraloría no sirve, es una persona poco útil (Rosillo Iglesias), que no da resultados como contralor”. Barrera Guillén, junto con su esposa Ivette Salazar Torres, se ha adueñado de toda la agenda ambiental del Estado por varios años, debido al control que tienen del Partido Verde Ecologista y sus alianzas electorales con el PRI, lo cual le ha significado millonarios ingresos de dinero.

Una semana después de ese incidente, diputados celebraron una sesión privada para analizar la solicitud de juicio político en contra del contralor general del Estado. Aunque la intención era desechar dicha solicitud, la votación no alcanzó para ello, pues 14 representante votaron en contra y 11 se pronunciaron a favor. Ahora dicha solicitud fue turnada a la Comisión de Gobernación, que ser encargará de analizarla.

Según versiones de diputados presentes, durante la discusión, uno de los legisladores solicitó el expediente de juicio político de Rosillo Iglesias a la diputada Josefina Salazar, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, sin embargo le fue negada la información.

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