También perdió el PRI elección de senadores en SLP; van dos del Frente y uno de Morena

TAMBIÉN PERDIÓ EL PRI ELECCIÓN DE SENADORES EN SLP; VAN DOS DEL FRENTE Y UNO DE MORENA

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San Luis Al Instante.- El Frente integrado por PAN-PRD-PMC se adjudicó este jueves 5 de julio los dos escaños de mayoría al Senado de la República para sus candidatos Leonor Noyola Cervantes y Marco Antonio Gama Basarte. También reconoció que el segundo lugar en votación lo tuvo la fórmula de la coalición Morena-PT-PES, integrada por Primo Dothé Mata y María Josefina Banda Zermeño.

De acuerdo a los resultados proporcionados en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Juan Ignacio Morquecho y Xavier Azuara Zúñiga, presidentes del PRD y del PAN en el Estado, respectivamente, así como  Noyola Cervantes y Gama Basarte, esta fórmula obtuvo 375 mil 441 votos, una diferencia de más de 57 mil votos sobre Dothé Mata y Banda Zermeño.

Por su parte, la fórmula de la coalición PRI-PVEM-PNA, integrada por Luis Antonio Mahbub Sarquís, copropietario del Canal 7 de Televisión y constructor favorecido por la actual administración gubernamental, así como por la cafetalera Rebeca Terán Guevara, habrían obtenido 305 mil 717 votos.

“De tal forma que la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ganó los dos primeros escaños por San Luis Potosí al Senado de la República; y Morena y sus aliados la tercera posición en disputa”, dijo en la conferencia de prensa el senador Jorge Luis Preciado, delegado especial del PAN en el Estado.

Ante cualquier posible impugnación de esos resultados, Preciado pidió a los otros contendientes que así como Ricardo Anaya supo reconocer su derrota, en virtud de haberse dado mediante un proceso democrático y transparente, demuestren altura de miras y acepten los resultados finales.

De sostenerse estos resultados, el Frente integrado por el PAN-PRD-PMC habrían obtenido los dos escaños de mayoría por San Luis Potosí al Senado de la República; en tanto la coalición de Morena-PT-PES sólo tendría un escaño. El PRI perdería el actual escaño que tiene en la llamada Cámara Alta y que se encuentra en manos del abogado y empresario Teófilo Torres Corzo.

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Preinfarto lleva a la senadora Sonia Mendoza al hospital

PREINFARTO LLEVA A LA SENADORA SONIA MENDOZA AL HOSPITAL

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San Luis Al Instante.- La senadora Sonia Mendoza Díaz fue internada de urgencia el pasado martes 24 de mayo en un hospital privado de esta Capital potosina, debido a graves problemas cardíacos.

Fue la propia senadora quien dio a conocer su estado de salud a través de su cuenta de Twitter @SoniaMendozaSLP, en donde informó que se encontraba en revisión médica. Pero dijo encontrarse bien de salud.

"Gracias por preocuparse por mi salud, estoy en revisión médica, todo bien, saludos a todos", tuiteó el 24 de mayo, pero no ha vuelto a publicar otro mensaje.

Sin embargo, fue internada por un preinfarto, además de altos niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol y otros problemas cardíacos. En sus cuentas de redes digitales se han manifestado comentarios de solidaridad y afecto hacia ella.

Además de representar al Estado de San Luis Potosí en el Senado de la República, la matehualense apoya al Partido Acción Nacional como delegada en varias entidades federativas, en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio.

También fue candidato a la gubernatura de SLP y fue derrotada por su adversario priísta Juan Manuel Carreras López en las elecciones del año pasado.

Extrañamente de entre las grandes empresas informativas en esta entidad potosina, sólo el periódico El Mañana de Ciudad Valles ha difundido esta noticia.

En la fotografía aparece con Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente Felipe Calderón y aspirante a la primera magistratura del país.

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Alejandro Zapata Perogordo en escándalo de corrupción entre senadores panistas

ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO EN ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN ENTRE SENADORES PANISTAS

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Texto de Ndmx.com.-

San Luis Al Instante.- En junio de 2013, medios nacionales revelaron que Ernesto Cordero Arroyo compró artículos Luis Vuitton, shampoo para la calvicie y botellas de ron con recursos de la bancada del PAN entre septiembre de 2012 y abril de 2013. Tras es el escándalo, su partido elaboró el Informe de Gestión Administrativa del Grupo Parlamentario del PAN.

Este medio obtuvo el documento a través de una fuente que pidió el anonimato por seguridad. Los papeles también fueron pedidos vía solicitud transparencia al Senado, sin embargo, la bancada del PAN sólo entregó como respuesta un informe con cantidades totales, según consta en la respuesta 00084515.

Es decir, si alguien más hubiera querido conocer el documento completo no le sería proporcionado.

Alejandro Zapata Perogordo, Kenia López Rabadán, David Henry Foulkes Woogy Juan Manuel Torres Esquivel, son algunos de los nombres que se identificaron como cercanos al PAN y favorecidos con contratos.

Los pagos a estos panistas ascienden a 606 mil 998 pesos, según el documento fechado el 14 de agosto de 2013. De estas empresas, dos fueron creadas meses después de iniciada la 62 Legislatura.

Se buscó a Jorge Luis Preciado, quien sustituyó a Ernesto Cordero como líder de bancada en mayo de 2012, para que explicara la razón por la que se favorecía a panistas en la contratación de servicios.

“La asignación de estos servicios no es ilegal, se hace en todas las bancadas, pero creo que el proceso debe transparentarse y justificarse correctamente para evitar malos entendidos”, explicó en una breve charla.

Preciado Rodríguez también aseguró que de los cinco servicios pagados durante la coordinación de Cordero Arroyo, sólo estaba enterado del caso de Zapata Perogordo.

“Supe que (…) se le pagaba por servicios de asesoría, pero desconozco cuál fue el procedimiento para determinar por qué lo eligieron a él para esos trabajos”, dijo.

No aclaró si la bancada del PAN pidió la devolución del dinero usado para esos servicios.

En septiembre de 2015, logramos contactar a Ernesto Cordero y al preguntarle por el caso sólo contestó: “No tengo por qué aclarar nada de ese asunto, eso ya pasó”.

Consultorías

Uno de los panistas beneficiados cuando Ernesto Cordero estuvo al frente de la bancada de Acción Nacional fue Alejandro Zapata Perogordo, senador por San Luis Potosí en la 61 Legislatura (2006-2012) y Enlace de grupos parlamentarios del PAN durante la 62 Legislatura.

El potosino recibió, en dos pagos, 350 mil pesos para realizar estudios sobre la reforma electoral.

El primer pago, de 60 mil pesos, fue hecho el 19 de febrero de 2013 por el concepto de “Consulta reforma electoral” a la empresa Servicios Profesionales COM S.A. de C.V., con el RFC SPR121112BF9, según la factura 1 con folio 1.

El dinero salió de la cuenta bancaria del Grupo Parlamentario del PAN 221/4200611, del banco Banamex.

Pago a la empresa Servicios Profesionales COM S.A. de C.V.

El 22 de marzo de 2013, la bancada del PAN en el Senado realizó otra operación bancaria desde su misma cuenta por 290 mil pesos por la asesoría y el diseño de la misma reforma a otra empresa: Zapata Perogordo y Asociados Consultores S.C.

La orden de pago con número 242075 fue autorizada por Ricardo Álvarez Galindo, el entonces responsable administrativo de la fracción parlamentaria.

Las dos fueron creadas el 12 de noviembre de 2012, a dos meses de iniciada la Legislatura 62, según las actas constitutivas de ambas empresas.

Servicios Profesionales COM S.A. de C.V. cuenta con 2 accionistas: Alejandro Zapata Perogordo y su hijo, Mauricio Zapata Suárez del Real, según consta en el folio mercantil 29787 del acta constitutiva.

La organización Zapata Perogordo y Asociados es una sociedad civil cuyo único integrante es el político potosino, según el acta constitutiva con folio de personas morales 28658.

En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Luis Potosí, Servicios Profesionales COM registró como domicilio el número 33 de la calle Estatuto Jurídico, colonia Burócratas, en la capital del estado. Visitamos el lugar y encontramos una casa particular.

Una de las personas que se encarga de la limpieza de la casa, cuyo nombre nos pidió reservar, aseguró que desde hace un año una familia de apellido Fernández, que aparentemente no está relacionada con el panista, adquirió la propiedad. A veces, dijo, llegan personas que preguntan por oficinas.

En la misma calle donde está ubicada la casa, Rogelio, un vendedor de accesorios para autos dijo que durante 2012 y 2013 la propiedad era visitada constantemente por diversos políticos. “Venían en camionetas, con guardaespaldas, uno se da cuenta, los reconoce porque salen en la televisión o en el periódico; además, la forma en que se conducen es distinta, aquí venía mucha gente así, pero desde hace algunos meses ya sólo vive una familia”, dijo.

La segunda empresa a la que se realizó el contrato, Zapata Perogordo y Asociados, registró como domicilio una propiedad ubicada en la colonia La Huerta, San Luis Potosí. Los documentos del Registro Público de la Propiedad mencionan que se trata del domicilio particular del panista para recibir notificaciones. 

El domicilio en San Luis Potosí, de la empresa de Alejandro Zapata Perogordo

Grupo de Asesores Unidos S.C., con RFC GAU930213E23, recibió 139 mil 200 pesos por realizar un estudio de opinión sobre la reforma laboral. El grupo parlamentario del PAN pagó el servicio el 26 de octubre de 2012 como consta en la factura 7.

Según la página de Internet de la empresa, uno de los socios mayoritarios es David Henry Foulkes Woog, quien es simpatizante del PAN, según el padrón de adherentes del partido en el Distrito Federal.




David Henry Foulkes es familiar de Carlos Foulkes, abogado que ocupó el cargo de secretario de Desarrollo Social en Guanajuato de 1996 al 2002, durante los gobiernos estatales de Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta (interino) y Juan Carlos Romero Hicks, actual senador por ese estado.




La empresa está ubicada en la calle de Médanos, colonia Las Águilas, delegación Álvaro Obregón, al poniente del Distrito Federal. Se trata de una casa ubicada en una zona residencial donde aparentemente no existen otras oficinas.

Aunque la factura 7, expedida por la empresa tiene domicilio fiscal en el Distrito Federal y al visitar el lugar corroboramos que había una consultora, en el Registro de la Propiedad de la capital del país “no existen antecedentes de registro”, según la respuesta proporcionada por dicha instancia a través de una solicitud de búsqueda con folio P-447319/2015.

Redes sociales azules

Era Social S de RL, con RCF ESO100429ABA, es una empresa dedicada al marketing digital desde 2010, según su perfil en la red Linkedin. “Ofrece soluciones a sus clientes en proyectos de branded content, gestión de reputación digital, monitoreo e inteligencia en redes sociales, análisis de datos 2.0, desarrollo y producción digital”, describe en su presentación.

A esta empresa, el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado le pagó 75 mil 400 pesos por realizar un estudio de opinión sobre la reforma laboral aprobada en octubre de 2012.

La bancada erogó dicha cantidad en una sola exhibición, el 22 de noviembre de 2012, como consta en la factura 53.
Era Social desarrolló la estrategia de comunicación digital para Miguel Salim Alle, ex candidato del PAN a la presidencia municipal de León, Guanajuato, y para Jonás Sandoval Orozco, ex aspirante del mismo partido a la alcaldía de Tlalnepantla, estado de México, en las elecciones de 2012.

El community manager asignado por Era Social a las campañas de ambos candidatos fueJuan Manuel Torres Esquivel, quien antes trabajó de cerca con panistas importantes como César Nava, entre 2009 y 2010, cuando éste fue diputado federal y presidente nacional del partido.

Posteriormente, fue el responsable de las redes sociales de Ernesto Cordero cuando éste fue precandidato del PAN a la Presidencia de México, según señala el perfil de Linkedin del propio Torres Esquivel.

En septiembre de 2012, Cordero Arroyo llegó al Senado como líder parlamentario de Acción Nacional y contrató a Era Social para la difusión de la reforma laboral.

La factura con folio 53 presenta el domicilio fiscal Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Vértiz Narvarte, en la delegación Benito Juárez, sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, según consta una solicitud de búsqueda con número de entrada 57056, no hay antecedentes de la empresa.

Flores azules

El 12 de marzo de 2013, el Partido Acción Nacional pagó 42 mil 398 pesos por 43 arreglos florales a la empresa con nombre comercial Kimma, propiedad de la ex diputada panistaKenia López Rabadán, quien expidió la factura con folio A-005 y como persona física.

El negocio de López Rabadán estuvo en Plaza Grand San Ángel, un centro comercial ubicado al sur de la Ciudad de México. Actualmente, no hay rastros de la florería. Personal de seguridad dijo que la empresa desapareció en 2014, sin precisar la fecha exacta. “Tenían pocos clientes, no duró mucho”, dijo el jefe de los guardias privados de nombre Alfredo. El administrador del lugar se negó a dar más información.

Según la factura, el domicilio fiscal de Kimma se localizaba en la delegación Venustiano Carranza, cerca del Metro Pantitlán, en la calle Simón Audenar, colonia Aviación Civil. Los vecinos dijeron que ese domicilio siempre había sido una casa particular, jamás algo parecido a oficinas o una florería.

“¿Aquí vive Kenia López Rabadán?”, cuestionamos al dueño de un taller mecánico localizado a un lado de la propiedad. “Ah no, ella ya no vive aquí, pero sí uno de sus familiares.”, contestó.




Fachada del domicilio fiscal de la empresa de Kenia López Rabadán

Opacidad en el Congreso

Los cinco contratos de panistas para panistas se pagaron con las subvenciones, que es dinero otorgado a las fracciones parlamentarias bajo la partida presupuestaria 39903 en el Senado llamada “Asignación a los Grupos Parlamentarios”.

Las subvenciones ascendieron a mil 307 millones 240 mil 421 pesos, en 2014, lo que representa el 33% del total del presupuesto de esa Cámara de Senadores, de acuerdo con la Cuenta Pública mostrada por Hacienda.

Dicha partida no ha podido ser auditada ni por la propia Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Apenas el jueves, la ASF dio a conocer su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. Y confirmó: “La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados con cargo en la partida 39903 ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios’ no fue proporcionada, por lo que no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”.

Los grupos parlamentarios no están obligados a presentar facturas o recibos que respalden las compras o contratos pagados con dinero de las subvenciones, sólo hacen un informe general trimestral que no va acompañado de documentos comprobatorios.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada por el Congreso de la Unión el 16 de abril de este año tenía el objetivo de transparentar todos los recursos públicos, independientemente de quién los ejerza, de tal manera los sindicatos y partidos políticos fueron incluidos como sujetos obligados.

La ley entró en vigor el 4 de mayo, excepto para diputados y senadores, quienes incluyeron un artículo transitorio que los obligaba solamente a presentar, a más tardar el 30 de agosto, un “programa de reorganización administrativa” para homologar sus reglamentos de transparencia con la Ley federal.

Se trataba de presentar sólo un programa, es decir, un cronograma, no la homologación misma. Aún así, los legisladores no cumplieron con la fecha límite. En otras palabras, las subvenciones seguirán siendo una caja oscura para los ciudadanos.
Este reportaje fue realizado por Elidet Soto para Capital México (México) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Información tomada de:

http://www.ndmx.co/2016/03/16/destapan-corrupcion-senadores-panistas-regalaron-contratos-amigos/

Proyecto priista de reforma en telecomunicaciones viola derecho a información y expresión

PROYECTO PRIISTA DE REFORMA EN TELECOMUNICACIONES VIOLA DERECHO A INFORMACIÓN Y LIBRE EXPRESIÓN

#SLP #SanLuisPotosí #GobiernoSLP #CongresoSLP

Texto de Sin Embargo.-

San Luis Al Instante.- El nuevo proyecto de dictamen de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones que se discute en el Senado contiene mayores violaciones al derecho de información y libre expresión que la propuesta presentada en marzo pasado por el Senador panista Javier Lozano Alarcón, denunció “Artículo 19”.

De acuerdo con la organización, el dictamen limita que los ciudadanos reciban, recaben y difundan información por cualquier medio, además de que atenta contra el derecho de privacidad y los principios de pluralidad y diversidad en la comunicación.

“Contrario a los señalamientos de la sociedad civil y especialistas, las disposiciones no se han modificado sino que han empeorado, en particular contra el derecho a la libertad de expresión”, advirtió Artículo 19 en un comunicado que contiene una comparación entre los artículos propuestos en marzo y los de julio, los cuales sólo se cambiaron de lugar.

“La propuesta contiene distintos apartados que limitan de manera ilegítima el derecho de todas las personas a recibir, recabar y difundir información por cualquier medio, así como el derecho de privacidad y los principios de pluralidad y diversidad en la comunicación”, señaló.

Indicó que el dictamen tiene deficiencias en los temas de los medios sociales y comunitarios, en el capítulo de colaboración con la justicia y en el tema de facultades y autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Nulo apoyo a medios alternativos

Según Artículo 19, el dictamen mantiene las condiciones de desigualdad y control a la subsistencia a medios alternativos pues prohíbe que medios sociales, públicos y comunitarios obtengan dinero a través de publicidad. Además, restringe considerablemente el alcance de estas estaciones y condena a las radios comunitarias e indígenas a no tener la difusión suficiente para llegar a sus comunidades.

Asimismo, obliga a las radios comunitarias a utilizar la frecuencia AM, que resulta ser más costosa de operar y de difícil acceso para este grupo. En este contexto, la organización #1111Mx exige garantizar la autonomía editorial de los medios públicos como lo estipula la Constitución.

Geolocalización se agrava

Con respecto al artículo 190, fracción I, se denunció que mantiene las obligaciones de geolocalización en tiempo real abiertas para autoridades de seguridad, lo cual interviene en la privacidad de las personas, por lo que realizarla de manera amplia, sin control judicial ni mecanismos de transparencia de las investigaciones y notificación posterior a los usuarios, viola el derecho a la privacidad.

Este problema, dice Artículo 19, empeora a partir de la fracción II del artículo 190, que establece formalmente un mecanismo de vigilancia masiva, al establecer la obligación de retener los datos de comunicaciones privadas para la consulta y entrega en tiempo real.

Con lo anterior, se va más allá de lo establecido en la propuesta en marzo de 2014, donde solamente se establecían las obligaciones de retención, pero no se concebían como un sistema de consulta en tiempo real.

SEGOB regulará contenidos

El organismo internacional, destacó el hecho de que la Secretaría de Gobernación (Segob) sea la encargada de sancionar contenidos, tiempos del Estado y publicidad en vez de ser facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Comentó que si estas facultades se trasladan a la Secretaría de Gobernación, “las garantías de imparcialidad necesarias para una tarea tan delicada, se perderían por completo”.

Por el contrario, indicó que se legitimaría la intervención de otros poderes autorizados para sancionar en la materia, lo que generaría potencialmente un efecto inhibitorio en este ámbito, así como en la imposición de limitaciones ilegítimas a la libertad de expresión o incluso en casos de censura de contenidos audiovisuales.

Dijo que dentro de los derechos de las audiencias se encuentra el derecho de réplica, pero sólo se enuncia y su desarrollo queda en un reenvío a otra ley. Sobre ello, la organización #1111Mx pide que ”los derechos de las audiencias sean vigilados y garantizados por el IFT, órgano que la Constitución designó para ello”, en vez de ser definidos por las propias empresas de radio y televisión.