(VIDEO) Carreras promueve despojo de valiosas tierras de La Pila, acusan ejidatarios

(VIDEO) CARRERAS PROMUEVE DESPOJO DE VALIOSAS TIERRAS DE LA PILA, ACUSAN EJIDATARIOS

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Red Potosina de Comunicadores.-

Con información de Acontecer San Luis / Adolfo Vázquez.-

San Luis Al Instante.- El gobernador Juan Manuel Carreras López promueve el despojo de un valioso tesoro de tierras del ejido de La Pila, a través de Héctor Gómez Valle y Antonio Lorca Valle, familiares de su esposa Lorena Valle Rodríguez, denunció Eulogio López, miembro de esa comunidad.

Las tierras del ejido de La Pila han adquirido un importante valor, debido a que hacia esa zona se extiende la zona industrial de esta Capital potosina y, con ello, muchas fábricas y asentamientos humanos habrán de construirse en poco tiempo.

A decir de Eulogio López, desde el gobierno del Estado encabezado por Juan Manuel Carreras López están dirigiéndose acciones criminales para despojar a sus legítimos propietarios de cientos de hectáreas de La Pila, a través del delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro, quien se desempeñara como subsecretario general de gobierno en el sexenio anterior.

A este mismo funcionario se le ha señalado de ser instrumento del gobernador Carreras López para despojar a propietarios de tierras en otras zonas de la Capital del Estado, como son el ejido y la comunidad de Escalerillas, hacia el poniente de esta ciudad.

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Según declaró Eulogio López, el gobernador Carreras López pretende depojar tierras a sus legítimos propietarios en los ejidos de La Pila, San Miguelito y Escalerillas. Como testimonio habló de una grabación hecha a funcionarios, la cual será dada a conocer el próximo martes 20 de noviembre.

Advirtió sobre el surgimiento de violencia en el ejido de La Pila, pues los auténticos ejidatarios impedirán que pueda consumarse ese despojo con la complicidad del comisariado ejidal, corrompido por las autoridades del gobierno del Estado y por la delegación del RAN.

Sostuvo que el gobernador Carreras López utiliza a Héctor Gómez Valle y Antonio Lorca Valle, sobrinos de su esposa Lorena Valle Rodríguez, para adueñarse de más de 300 hectáreas del ejido.

Cuando Carreras se desempeñó como director de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en el sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa fue acusado de haber participado en el criminal despojo de valiosos terrenos propiedad de la Nación.

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San Luis Al Instante.- Comuneros de Escalerillas calificaron como “impunidad inaudita y corrupción total” a los desempeños de Miguel Martínez Castro y Felipe Aurelio Torres Torres al frente del Registro Agrario Nacional y en la Procuraduría Agraria, señalados como cabezas visibles de un despojo criminal de casi 6 mil hectáreas de tierras que pretenden realizar con el patrocinio del gobernador Juan Manuel Carreras López.

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A través de Marco Antonio Martínez Campos y Marco Antonio Arredondo Bravo, representantes de comuneros de Escalerillas, afirmaron ser los legítimos poseedores de 5 mil 815 hectáreas de tierra por decreto presidencial del año de 1929, superficie que poderosos especuladores del suelo urbano pretenden arrebatarles con acciones irregulares y maquinaciones legales ilícitas.

Al desmentir declaraciones del delegado del Registro Agrario Nacional, Martínez Campos explicó que además del área comunal, Escalerillas cuenta con otra zona que es ejidal, misma que consta de más de 3 mil 800 hectáreas. Sin embargo, el ejido se ubica en la zona superior de los cerros.

A elos una red criminal integrada por funcionarios encabezados por el jefe del Ejecutivo y por desarrolladores urbanos pretende despojarlos de sus tierras. Citaron, por ejemplo, que la Procuraduría Agraria emitió una convocatoria a una asamblea para elección de autoridades comunales. Pero lo hizo en base a un listado del Registro Agrario Nacional en el que se nombra a 65 personas que no son comuneros, sino ejidatarios.

"Esto constituye una violación a la Ley Agraria. En ella se prevé que no puede existir duplicidad. Si son ejidatarios no pueden ser comuneros. Además hay desacato a un juicio de amparo ganado por María Dolores Bravo Montalvo y Julián Valero, en el que se les daba la libertad de elegir ellos y sus representados a sus autoridades comunales, que son el Comisariado y la Comisión de Vigilancia. Sin embargo, ninguna de las personas que ganaron el amparo fue convocada a la asamblea", denunciaron.

“Hay muchos comuneros inconformes por esta determinación y existe riesgo de estallido social”, advirtió Marco Antonio Arredondo, quien responsabilizó de lo que suceda al gobernador del Estado por "tener las manos metidas en esto".

“Hay intereses oscuros en este caso. Los intereses creados con el ejido son con los grandes desarrolladores, buscando cambiar el uso de suelo y crear zonas residenciales, pero son intereses creados en actos jurídicos nulos”, concluyó.

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San Luis Al Instante.- Denuncias de ejidatarios e investigaciones periodísticas han expuesto una red criminal de funcionarios públicos, encabezada por el gobernador Juan Manuel Carreras López, dedicada al tráfico de tierras del ejido conocido como Escalerillas, hacia el poniente de esta Capital potosina.

En agosto del año 2017, Angélica Bravo García, presidenta de la Congregación de la Comunidad de Escalerillas, denunció la existencia de maniobras dirigidas a despojar a sus legítimos poseedores de un predio de casi 6 mil hectáreas.

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Aunque ella no lo dijo entonces, investigaciones periodísticas han revelado que quienes formarían parte de esa maniobra serían el mismo gobernador Carreras; el delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro; el delegado de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres Torres; y el magistrado del Tribunal Agrario avocado a este asunto, Rodolfo Lara Orozco.

Detrás de ellos estarían personajes multimillonarios, dedicados a especular con las tierras de la Sierra de San Miguelito y del poniente de esta Capital, cuyos nombres son Carlos López Medina y "Tito" Payán, emparentado con el ex senador y ex gobernador Teófilo Torres Corzo. Éste incluso ex jefe del actual gobernador Juan Manuel Carreras López.

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Para despojar a sus legítimos poseedores de esta fantástica extensión de tierras que representa un suculento manjar a los especuladores y funcionarios del Estado, han sido utilizadas las instituciones públicas, como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, cuyos encargados en San Luis Potosí son los ya mencionados.

Estos tres personajes: Martínez Castro, Torres Torres y Lara Orozco han establecido un triángulo en el control de las instituciones destinadas a la atención de los derechos ejidales y comunales desde hace más de tres décadas.

Su conocimiento sobre los procedimientos agrarios y su cercanía con el actual gobernador Carreras López permitiría despojar a los ejidatarios de sus tierras y venderlas a centavos a los terratenientes, quienes las venderían en miles de pesos. Es tan íntima la relación de Carreras con esos personajes, que el jefe del Ejecutivo se dirige a Martínez Castro en público como su padrino.

Ya en agosto de 2017 advertían los poseedores del ejido o comunidad de Escalerillas sobre la existencia de maniobras dirigidas para robarles esa fabulosa extensión de terreno que se han convertido en un tesoro muy apetecible por la expansión de la mancha urbana hacia el poniente ha convertido en un tesoro, sobre todo por la construcción de áreas habitacionales para familias de clase media alta hacia arriba.

Para hacerlo, pretendían convertir en comuneros o en ejidatarios con derechos a personas ajenas a esa Congregación de Escalerillas, advirtieron en aquel año. Cosa que parece ya ha sucedido con la autorización del gobernador Carreras, según han revelador investigaciones periodísticas.

De esta forma, una red de corrupción, encabezada por el propio jefe del Ejecutivo y destinada al despojo de bienes ejidales y comunales para entregarlos a voraces y poderosos empresarios del suelo urbano, como los mencionados Carlos López Medina y Tito Payán, parece haber quedado expuesta a los críticos ojos de la opinión pública.

El monto de este negocio criminal se ha estimado en unos 180 mil millones de pesos.

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