Corre Carreras a Rosillo de la Contraloría y a Rosales de la Junta de Caminos

CORRE CARRERAS A ROSILLO DE LA CONTRALORÍA Y A ROSALES DE LA JUNTA DE CAMINOS

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Comunicado del Gobierno del Estado.-

San Luis Al Instante.- El Gobierno del Estado anunció reajustes en la administración que obedecen al compromiso de optimizar el servicio público, por lo que tomarán protesta como nuevo Contralor General del Estado, Óscar Alarcón Guerrero y como Directora General de la Junta Estatal de Caminos, Juana Macrina Martínez Pozos. 

El Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, toma protesta de ley a la y el funcionario en las respectivas instalaciones de las dependencias, donde les convocó a trabajar a favor de San Luis Potosí.

Reconoció la labor compromiso de Gabriel Rosillo Iglesias, quien ocupará la Secretaría Técnica del Comité de la Entrega-Recepción, así como de Marco Enrique Rosales Vega, encargado de las funciones de Director General de la JEC, quien retomará su cargo en esta misma instancia.

Óscar Alarcón anteriormente fue Contralor General del Estado, Director General del despacho “Oscar Alarcón Guerrero y Cia”, y Ex Contador Mayor del Congreso del estado.

Juana Macrina Martínez Pozos tiene una amplia experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción y ha ocupado los cargos de titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, así como en la coordinación de recursos materiales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, además de Directora General del Instituto de Vivienda y distintos puestos en el sector privado.

Una burla inhabilitación de Castillo Chagoya; ex funcionario debe estar en prisión

UNA BURLA INHABILITACIÓN DE CASTILLO CHAGOYA; EX FUNCIONARIO DEBE ESTAR EN PRISIÓN

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San Luis Al Instante.- Una sociedad potosina ofendida por historias de corrupción y enriquecimiento con la hacienda pública de ex funcionarios de la anterior administración de Fernando Toranzo Fernández, ha considerado como una burla el anuncio de la inhabilitación por diez años del abogado Héctor del Castillo Chagoya, ex director jurídico del Sistema DIF en el Estado, porque los cuantiosos robos que cometió en ese organismo deberían mercerle varios años de prisión.

Este lunes trascendió que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó una inhabilitación por diez años del fundador del ya desaparecido grupo de porros universitarios Mestizo, debido a que cobraba en dos dependencias públicas simultáneamente: una en el propio sistema DIF y otra en el Interapas, además de haber recibido una millonaria bolsa de dinero del Ipicyt.

Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Estado, abundó al respecto que durante el año 2012 Del Castillo Chagoya, quien coordinó a porros que golpearon a personas navistas el día 1 de enero de 1986 en la Plaza de Armas de esta Capital, cobró cerca de 19 mil 500 pesos cada mes por servicios jurídicos al Interapas, así como diversos cheques por cerca de 500 mil pesos más por representar al organismo en un proceso legal.

Debido a ello, la Contraloría inició desde 2014 una investigación para determinar las posibles responsabilidades del ex director jurídico del DIF. El caso concluyó hace unas semanas con su inhabilitación por diez años. Sin embargo, el ex servidor público impugnó la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien la semana pasada ratificó la sanción.

Además, Del Castillo Chagoya también fungió como representante legal del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, actividad por la cual cobró 2.6 millones de pesos, según había admitido Araceli Bocanegra, administradora del Ipicyt. Los procesos administrativos se tramitan por separado y conforme vayan concluyendo se establecen sanciones, que pueden ser multas, inhabilitaciones y otras, dijo Rosillo.

Sin embargo, el contralor no hizo comentarios sobre los resultados de una auditoría realizada al Sistema DIF en el Estado, en donde se habrían cometido delitos multimillonarios a manos de María Luisa Ramos Segura, esposa del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, y de su abogado Héctor del Castillo Chagoya.

De acuerdo con resultados de las auditorías que pudieron conocerse hace varios meses, durante la pasada administración se pagaron sobreprecios en el DIF del Estado entre 175 y 225 millones de pesos en el rubro de apoyos alimentarios, destinados a niños, ancianos e indígenas en situación de precariedad.

Auditores calculan que solamente en sobreprecios pagados por desayunos escolares existe una bolsa de entre 175 y 225 millones de pesos que paró en las cuentas bancarias de la hoy ex titular del DIF, María Luisa Ramos Segura, de su hermano y de otros personajes, como su abogado consentido Héctor del Castillo Chagoya.

En el caso de Castillo Chagoya se menciona que acumuló una fortuna impresionante en los seis años en que figuró como uno de los personajes más cercanos a la "gobernadora" Ramos Segura. Tanto así que pudo hacerse de un número importante de automóviles de lujo.

De esas fechorías sólo ha recibido una cómoda sanción de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicas por 10 años, cuando debería de haber sido encarcelado. En la gráfica, Del Castillo Chagoya aparece en un templo masónico, hablando de moral y de buenas costumbres.

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A pesar de sus actos delictivos, Marcelo de los Santos fue exonerado

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San Luis Al Instante.- A pesar de haber cometido actos delictivos por muchos millones de pesos del tesoro público, el ex gobernador panista Marcelos de los Santos Fraga fue exonerado por la justicia federal, debido a "errores" cometidos en el proceso que le fincara el ex gobernador priísta Fernando Toranzo Fernández.

Lo anterior lo declaró el contralor general del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, quien reconoció que gracias a errores procedimentales no podrán aplicarse las sanciones que ese órgano gubernamental había aplicado hace unos años en contra del ex gobernador, entre las que figuraba una inhabilitación por 20 años para desempeñar funciones públicas.

Fue un tribunal judicial federal quien determinó la no procedencia en contra de la sanción de inhabilitación aplicada en contra de De los Santos Fraga, a pesar de que la Contraloría General del Estado objetó en dos ocasiones un amparo del ex gobernador para dejar sin efecto las sanciones que se le habían impuesto.

Según ese tribunal, el error procedimental consistió en que debió ser el Congreso del Estado quien hubiera iniciado un juicio político en contra del panista, cosa que no hizo así la anterior administración de Toranzo Fernández, con lo cual quedarán impunes los millonarios actos delincuenciales de De los Santos Fraga, como fue el uso de una línea de crédito de último minuto por más de 2 mil millones de pesos.

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POR ENCUBRIR DELITOS DE MARÍA LUISA RAMOS QUIEREN ECHAR AL CONTRALOR

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San Luis Al Instante.- Diputados al Congreso del Estado analizan una solicitud de juicio político en contra de José Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Gobierno del Estado, por el encubrimiento de ex funcionarios del anterior régimen, encabezado por Fernando Toranzo Fernández, principalmente de la esposa de éste, María Luisa Ramos Segura, por los cuantiosos delitos que cometió como presidenta del Sistema Estatal DIF.

En una reciente comparecencia de Rosillo Iglesias ante diputados con motivo del análisis del Eje de Gestión Financiera del Plan Estatal de Desarrollo, el representante Manuel Barrera Guillén encaró al funcionario y le exigió presentar resultados de las auditorías que ha practicado a ex funcionarios del Gobierno del Estado, en particular de la esposa del ex gobernador. "Póngale fecha y si no puede, retírese", demandó el ex titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, curiosamente implicado él también en actos de corrupción.

Más tarde, el mismo Barrera Guillén declaró: "No hay castigo para nadie. La Contraloría no sirve, es una persona poco útil (Rosillo Iglesias), que no da resultados como contralor”. Barrera Guillén, junto con su esposa Ivette Salazar Torres, se ha adueñado de toda la agenda ambiental del Estado por varios años, debido al control que tienen del Partido Verde Ecologista y sus alianzas electorales con el PRI, lo cual le ha significado millonarios ingresos de dinero.

Una semana después de ese incidente, diputados celebraron una sesión privada para analizar la solicitud de juicio político en contra del contralor general del Estado. Aunque la intención era desechar dicha solicitud, la votación no alcanzó para ello, pues 14 representante votaron en contra y 11 se pronunciaron a favor. Ahora dicha solicitud fue turnada a la Comisión de Gobernación, que ser encargará de analizarla.

Según versiones de diputados presentes, durante la discusión, uno de los legisladores solicitó el expediente de juicio político de Rosillo Iglesias a la diputada Josefina Salazar, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, sin embargo le fue negada la información.

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