Una burla inhabilitación de Castillo Chagoya; ex funcionario debe estar en prisión

UNA BURLA INHABILITACIÓN DE CASTILLO CHAGOYA; EX FUNCIONARIO DEBE ESTAR EN PRISIÓN

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San Luis Al Instante.- Una sociedad potosina ofendida por historias de corrupción y enriquecimiento con la hacienda pública de ex funcionarios de la anterior administración de Fernando Toranzo Fernández, ha considerado como una burla el anuncio de la inhabilitación por diez años del abogado Héctor del Castillo Chagoya, ex director jurídico del Sistema DIF en el Estado, porque los cuantiosos robos que cometió en ese organismo deberían mercerle varios años de prisión.

Este lunes trascendió que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó una inhabilitación por diez años del fundador del ya desaparecido grupo de porros universitarios Mestizo, debido a que cobraba en dos dependencias públicas simultáneamente: una en el propio sistema DIF y otra en el Interapas, además de haber recibido una millonaria bolsa de dinero del Ipicyt.

Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Estado, abundó al respecto que durante el año 2012 Del Castillo Chagoya, quien coordinó a porros que golpearon a personas navistas el día 1 de enero de 1986 en la Plaza de Armas de esta Capital, cobró cerca de 19 mil 500 pesos cada mes por servicios jurídicos al Interapas, así como diversos cheques por cerca de 500 mil pesos más por representar al organismo en un proceso legal.

Debido a ello, la Contraloría inició desde 2014 una investigación para determinar las posibles responsabilidades del ex director jurídico del DIF. El caso concluyó hace unas semanas con su inhabilitación por diez años. Sin embargo, el ex servidor público impugnó la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien la semana pasada ratificó la sanción.

Además, Del Castillo Chagoya también fungió como representante legal del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, actividad por la cual cobró 2.6 millones de pesos, según había admitido Araceli Bocanegra, administradora del Ipicyt. Los procesos administrativos se tramitan por separado y conforme vayan concluyendo se establecen sanciones, que pueden ser multas, inhabilitaciones y otras, dijo Rosillo.

Sin embargo, el contralor no hizo comentarios sobre los resultados de una auditoría realizada al Sistema DIF en el Estado, en donde se habrían cometido delitos multimillonarios a manos de María Luisa Ramos Segura, esposa del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, y de su abogado Héctor del Castillo Chagoya.

De acuerdo con resultados de las auditorías que pudieron conocerse hace varios meses, durante la pasada administración se pagaron sobreprecios en el DIF del Estado entre 175 y 225 millones de pesos en el rubro de apoyos alimentarios, destinados a niños, ancianos e indígenas en situación de precariedad.

Auditores calculan que solamente en sobreprecios pagados por desayunos escolares existe una bolsa de entre 175 y 225 millones de pesos que paró en las cuentas bancarias de la hoy ex titular del DIF, María Luisa Ramos Segura, de su hermano y de otros personajes, como su abogado consentido Héctor del Castillo Chagoya.

En el caso de Castillo Chagoya se menciona que acumuló una fortuna impresionante en los seis años en que figuró como uno de los personajes más cercanos a la "gobernadora" Ramos Segura. Tanto así que pudo hacerse de un número importante de automóviles de lujo.

De esas fechorías sólo ha recibido una cómoda sanción de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicas por 10 años, cuando debería de haber sido encarcelado. En la gráfica, Del Castillo Chagoya aparece en un templo masónico, hablando de moral y de buenas costumbres.

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San Luis Al Instante.- Con la nueva administración gubernamental han sido descubiertos delitos multimillonarios en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cometidos por María Luisa Ramos Segura, esposa del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, y su abogado Héctor del Castillo Chagoya.

De acuerdo con resultados de las auditorías que periodistas han podido conocer, durante la pasada administración se pagaron sobreprecios en el DIF del Estado entre 175 y 225 millones de pesos en el rubro de apoyos alimentarios, destinados a niños, ancianos e indígenas en situación de precariedad.

Importantes cantidades de dinero de ese rubro habría terminado en cuentas bancarias de la señora María Luisa Ramos Segura y de su hermano Rodolfo, quien es mencionado como intermediario entre proveedores del DIF y su hermana para la compra de infinidad de bienes y el otorgamiento de servicios.

En los seis años del gobierno de la pareja Toranzo – Ramos, bajo el concepto de “Asistencia Alimentaria” a través del DIF se distribuyeron 95 mil desayunos escolares fríos y calientes, durante cinco días a la semana por aproximadamente 44 semanas con un costo de entre 21 y 22 millones de pesos al año.

En ese mismo concepto, para niños no escolarizados e indígenas de la zona pame, así como para adultos mayores en condiciones de pobreza extrema, anualmente se entregaron poco menos de 200 mil despensas.

Por dicha “Asistencia Alimentaria”, el DIF gastó al año casi 190 millones de pesos.

En lo que a los desayunos se refiere, se pagó un promedio de 7 pesos con 30 centavos por cada uno. Pero haber comprado esos mismos productos en supermercados de esta Capital habría costado 6 pesos con 52 centavos por cada uno. Es decir, la diferencia de 78 centavos por 22 millones de desayunos representa una cantidad anual de 17 millones de pesos.

La diferencia es todavía mayor si se hubiera comprado a mayoristas, quienes ofrecerían dichos desayunos a un costo de 5 pesos con 22 centavos. Es decir, un ahorro de 2 pesos 02 centavos que sumaría 44 millones de pesos al año.

De ahí que los auditores calculan que solamente en sobreprecios pagados por este concepto existe una bolsa de entre 175 y 225 millones de pesos que paró en las cuentas bancarias de la hoy ex titular del DIF, María Luisa Ramos Segura, de su hermano y de otros personajes, como su abogado consentido Héctor del Castillo Chagoya.

Dichos “desayunos” son apoyos nutricionales consistentes en un cuarto de litro de leche y una barra de trigo, avena, cebada, girasol y linaza, o una barra de amaranto con oleaginosas, o una galleta integral de avena con frutos rojos, o unos cubos de granola con fibra, o granola de cereal, o un paquetito de uvas pasas o una mezcla de pasas, papaya, manzana y cacahuates tostados.

En el caso de los desayunos calientes, sus ingredientes varían y además de leche incluyen harina de maíz nixtamalizada, arroz, avena, sémola de trigo, pasta integral para sopa, frijol negro y claro, garbanzo, habas, lentejas, atún en agua, sardina y aceite vegetal. Su costo se eleva, pero el promedio general es de 7 pesos con 30 centavos.

Se ha descubierto además que la banda criminal que dirigió el DIF compró uva pasa sin semilla en raciones de 20 gramos a 2 pesos 87 centavos, mientras que en el supermercado de referencia cuesta 1 peso 20 centavos. La leche descremada UHT natural la pagó el año pasado a 19 pesos con 21 centavos el litro, mientras que en un supermercado costaba 16 pesos y de una marca acreditada. Las galletas habaneras integrales se pagaron a 37.20 pesos por la caja de 270 gramos, pero en el supermercado cuestan 26.90 pesos en venta minorista. La diferencia en la sardina en tomate es de 25.90 pesos a 22.90.

Pero todo el asunto se vuelve irreal cuando la comparación se aplica a productos de Diconsa, con la que se está en negociaciones para obtener todavía mejores precios. En el DIF se pagó el kilo de harina de maíz nixtamalizada a 12.30 pesos, mientras que Diconsa la ofrece a 9 pesos. La diferencia es de 36 por ciento. El arroz se compró unas veces a 14.90 pesos y otras a 15.40 pesos; la distribuidora oficial la oferta a 8.86 pesos. Es decir, un ahorro del 70 por ciento.

El frijol negro se adquirió a 26.08 pesos el kilo y en Diconsa está marcado a a 16.80. La diferencia de 9.28 equivale al 55 por ciento de sobreprecio. La sardina se compró a 25.90 pesos y en el supermercado se vende a 22.90; en Diconsa cuesta 16.45. La diferencia es del 60 por ciento.

Además el papel desempeñado por Rodolfo Ramos Segura, cuñado del ex gobernador, en el abastecimiento, obras y contrataciones del DIF. Una de las empresas favorecidas por el matrimonio que gobernó al Estado y sus familiares y amigos para surtir apoyos alimentarios fueron Tralogic y Jace, ambas con sede en Puebla.

Del 2014 al término del mandato torancista, el abasto de productos de alto consumo en los apoyos alimentarios del DIF los terminó haciendo una empresa potosina denominada “Super Arturos”. Su sede es un local de unos 7 metros de frente y otros tanto de fondo en el número 102-B de la calle Hidalgo en Soledad de Graciano Sánchez. En su publicidad se describe como un Minisuper. Sin embargo, su facturación al DIF fue cuantiosa.

Otro de los turbios negocios del matrimonio Toranzo – Ramos en el DIF que son investigados corresponde al de miles de estufas ecológicas, en cuyo programa fueron gastados millones de pesos en vehículos, equipos y material de oficina.

En el caso del abogado Del Castillo Chagoya se menciona que acumuló una fortuna impresionante en los seis años en que figuró como uno de los personajes más cercanos a la "gobernadora" Ramos Segura. Tanto así que pudo hacerse de un número importante de automóviles de lujo.

Debido a la escandalosa delincuencia con que fue administrado el DIF en el Estado, su actual titular, Lorena Valle, esposa del gobernador Juan Manuel Carreras López, ha dirigido una fuerte investigación contable, para lo cual ha ampliado el personal de contraloría interna.

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San Luis Al Instante.- Una decisión de los últimos días del toranciato ha causado sorpresa e indignación entre observadores de los aconteceres políticos de San Luis Potosí. Se trata del otorgamiento de una plaza laboral a la hermana de Héctor del Castillo Chagoya dentro de la nómina del Sistema Estatal del DIF, a cargo de la señora María Luisa Ramos Segura, esposa del gobernador Fernando Toranzo Fernández.

Dicha decisión ha causado sorpresa e indignación por lo contradictoria que resulta a la luz de antiguos acontecimientos políticos.

Del Castillo Chagoya, antiguo jefe del grupo universitario Mestizo e hijo de un ex agente judicial, participó en los condenables sucesos del 1 de enero de 1986 entre los porros universitarios y policíacos que rompieron cráneos de militantes navistas, durante las protestas en la Plaza de Armas de esta Capital potosina por un supuesto fraude electoral con que fue impuesto el candidato priísta Guillermo Medina de los Santos.


Por participar en esas terribles acciones, Del Castillo Chagoya recibió como premio la jefatura de inspección municipal y en ese trienio comenzó a desatarse la invasión de comercio callejero y venta de piratería en la ciudad.

Por su parte, a la pareja Toranzo Ramos se le ha identificado como simpatizantes del movimiento navista, encabezado por el médico Salvador Nava Martínez, en la década de los 80 y principio de los 90. Sin embargo, abandonarían ese movimiento para convertirse en panistas y luego en priístas para avanzar en la consecución de sus propios objetivos políticos, entre los que figuraba obtener la gubernatura del Estado.

En forma inexplicable, Del Castillo Chagoya fue incorporado al primer círculo de asesores de la señora Ramos Segura en el DIF del Estado, en donde ha ejercido una poderosa influencia y se le atribuye participación en negocios ilícitos de ese sistema, como desayunos escolares y estufas ecológicas.

Con todo y eso, quienes conocen el pasado de la familia de Héctor del Castillo Chagoya y de la familia Toranzo Ramos consideran como un acto bastante contradictorio y abominable la decisión de premiar a aquel funcionario con una plaza laboral dentro del DIF estatal a una de sus hermanas.

Esta determinación ha sido denunciada por el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado, durante un plantón que mantiene frente a Palacio de Gobierno. Entre las mantas y carteles en donde expresan distintas demandas, informan a la sociedad sobre el premio concedido al antiguo rompe cráneos de navistas.

Torancistas embisten al Supremo Tribunal de Justicia del Estado

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San Luis Al Instante.- En lo que constituye una embestida de funcionarios del gobierno de Fernando Toranzo Fernández al Supremo Tribunal de Justicia, trascendió una lista de varios de ellos que buscan obtener cargos como magistrados.

Entre ellos se ha mencionado al director jurídico del DIF en el Estado, Héctor del Castillo Chagoya (en la fotografía), quien participara como golpeador del PRI en los hechos del 1 de enero de 1986 y luego tuviera como premio la dirección de Inspección General del Ayuntamiento en el trienio de Guillermo Medina de los Santos.

En la actualidad, Del Castillo Chagoya es el hombre de confianza de la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos de Toranzo.

Además, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia fueron postulados a magistrados durante una asamblea extraordinaria convocada por la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.

Entre quienes fueron postulados se encuentran: Sergio Miguel Ramírez Vargas, subdirector de la Procuraduría General de Justicia del Estado; el juez tercero penal Juan José Méndez Gatica; y la también juez Diana Isela Soria Hernández.

Otros servidores públicos postulados son José Antonio Portales Pérez, secretario de la cuarta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el secretario de estudio y cuenta, además de ex periodista, Armando Campos; y el abogado litigante y ex presidente de la propia asociación Andrés Piña Gutiérrez.

La convocatoria para recibir propuestas no especifica cuál será el destino de la lista, ya que la decisión para elegir magistrados corresponde al Poder Legislativo, informó el periodista Leonardo Vázquez.