Por millonarios actos de corrupción: Toranzo y Carreras serían citados por Fiscalía

POR MILLONARIOS ACTOS DE CORRUPCIÓN: TORANZO Y CARRERAS SERÍAN CITADOS POR FISCAL

San Luis Al Instante.- Los exgobernadores Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López serían citados por la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones realizadas por actos multimillonarios de corrupción, cometidos en sus administraciones.

Cómplice de su antecesor, Carreritas encubre numerosos y graves delitos de Toranzo

Toranzo Fernández fue Gobernador de San Luis Potosí entre 2009 a 2015; en tanto Carreras López lo fue entre 2015 a 2021 y Juan Manuel Carreras López. Ambos lo fueron por el Partido Revolucionario Institucional. Sus administraciones estuvieron manchadas por innumerables actos de pillaje e impunidad.

Entrevistado en Ciudad Valles este fin de semana pasado, el Fiscal José Luis Ruiz Contreras  reveló que hay entre 12 y 14 carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a un mismo número de exfuncionarios que habrían incurrido en actos lesivos contra las finanzas públicas.

Aunque dijo que no hay denuncias directas contra Toranzo y Carreras, podrían ser citados para declarar sobre su participación y complicidad en despojos multimillonarios a la sociedad potosina, cometidos en sus administraciones.

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San Luis Al Instante.- Ante las constantes fallas en el acueducto de El Realito y ahora también en la cortina de la presa, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona expuso que el exmandatario Fernando Toranzo Fernández debe aclarar sobre la inversión que en su momento hizo el Estado, por alrededor de 4 mil millones de pesos, para las obras de ese embalse, debido a las fallas que se han presentado, cuando aún falta veinte años por pagar.

Explicó que la construcción de esa presa fue “un negocio donde obligaron prácticamente al Estado y las Alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y de la Capital a firmar, para que los dos Ayuntamientos fueran solidarios prácticamente para pagar la deuda”.

El Mandatario Estatal agregó que son evidentes las fallas del ducto. “Todas las deficiencias que tuvieron. Pero peor, con el tema que resulta de la cortina”, dijo.

Gallardo Cardona puntualizó que nadie en su sano juicio hace una presa en otro lado que no es su Estado, y mucho menos es aval solidario por más de 30 años para pagar la deuda, como actualmente lo hacen los Ayuntamientos de Soledad y San Luis Potosí, así como el Interapas y la Comisión Estatal del Agua. Ahora que se sabe que la cortina ya tiene fisuras.

El Gobernador puntualizó que si ya no sirve, se va a tener que seguir pagando otros 20 años por algo que ya no sirve y está lleno de deficiencias. Sin embargo, comentó que la CEA hará una revisión de la cortina para conocer las condiciones en las que se encuentra, además de que la empresa entregará el informe y los documentos sobre la falla, a fin de decidir cuál será el siguiente paso.

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Global Media.-

San Luis Al Instante.- Entre 2014 y 2017, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto y la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado desviaron 15 millones 159 mil 633.73 pesos, a través de compras en siete empresas fantasma, las cuales emitieron un total de 99 facturas, principalmente por la supuesta compra de medicamentos oncológicos, es decir para pacientes que padecen cáncer, según arrojó el estudio “Facturas falsas: La epidemia en el sector salud”, emitido por la organización Impunidad Cero.

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El 99.9 por ciento de estos recursos desviados corresponden al Hospital Central ($15,150,973.73) y solo 8 mil 660 pesos son por desvíos en la Secretaría de Salud.

Las empresas fantasma en las que se facturaron los mayores montos fueron: “Servicios Integrales de Análicis Capral S.A. de C.V.”, en la cual se facturaron 7 millones 589 mil 220 pesos; así como “Proyectos de Desarrollo Aztlán S.A. de C.V.”, en la cual se facturaron 6 millones 068 mil 820 pesos. Ambas empresas venden, supuestamente, medicamentos oncológicos y facturaron el 90 por ciento del recurso observado por la organización.

Otras empresas fantasma en las que se facturó fueron: “Comercializadora Nymser S.A. de C.V.” ($940,517.40), “Becral Comercial Potosinos S.A. de C.V.” ($526,026.33), “Sistema de Comercialización Nava S.A. de C.V.” ($13,920), “Comercializadora Zerter S.A. de C.V.” ($12,470) y “Torgonpe S.A. de C.V.” ($8,660).

La investigadora de Impunidad Cero, Mariana Ruiz Albarrán, dijo que estas siete empresas aparecen en la lista de empresas “con operaciones inexistentes” (empresas fantasma) que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de que, ese estudio hecho a nivel nacional, detectó muchas empresas fantasma que tenían operaciones en varios estados de la república, es decir que se trataba de redes de empresas fantasma que permitían el desvío de recursos en diversas instituciones del sector salud.

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DESVÍOS DE 4 MIL MDP A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, Impunidad Cero detectó desvíos en el sector salud por 4 mil 179 millones 046 mil 254 pesos, entre enero de 2014 y febrero de 2019, a través de 22 mil 933 facturas emitidas por empresas fantasma en 30 de las 32 entidades federativas.

El Estado de México fue el que tuvo el monto más alto de desvíos, el cual fue de 1 mil 804 millones de pesos; seguido de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. San Luis Potosí se ubicó en la posición número 18 en monto desviado.

Mariana Ruiz dijo que, tras la divulgación de esta investigación, están analizando el paso que sigue y parece ser que la Procuraduría Fiscal a nivel federal le dará cause al asunto, con el fin de que haya consecuencias penales en contra de los responsables de estos desvíos de recursos en el sector salud.

En San Luis Potosí, la organización Ciudadanos Observando ya había publicado, en 2018, una investigación que apuntaba al desvío de 1 millón de pesos en el Hospital Central por concepto de compra de medicamentos oncológicos a la empresa Comercializadora Ismalog S.A. de C.V., en cuyo domicilio fiscal únicamente se encontró una vivienda particular. Esta empresa no aparece en la investigación realizada por Impunidad Cero.

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Toranzo, Cándido y García Covarrubias encubrieron asesinato de Karla Pontigo

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San Luis Al Instante.- Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reponer desde cero toda la investigación sobre la muerte de Karla Pontigo Luciotto, ocurrida en octubre de 2012, ha puesto la mirada de la sociedad potosina sobre los funcionarios que en su momento estuvieron implicados en el posible homicidio de la joven en el antro Play de esta Capital potosina, propiedad de la familia Vasilakos.

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Dichos funcionarios que todo hace suponer encubrieron lo que algunos denunciaron como asesinato de Karla Pontigo Luciotto fueron el gobernador Fernando Toranzo Fernández, su secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas (actual diputado local) y el procurador Miguel Ángel García Covarrubias.

Según versiones de ese tiempo, fueron movidas influencias desde el despacho del gobernador para encubrir al supuesto asesino Jorge Vasilakos Reyes, propietario del antro Play. Quien pidió al entonces gobernador proteger al antrero fue uno de los hijos de Fernando Toranzo Fernández, también médico de profesión, quien tenía o tiene amistad con el presunto homicida.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia, cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, señala que la muerte de Karla Pontigo Luciotto debió investigarse como un posible feminicidio y con perspectiva de género. Aunque en ese momento no existiera como tal dicho delito, sí fue notable la intervención del procurador García Covarrubias para entorpecer las investigaciones y contaminar todo el proceso, con la intención de encubrir al presunto homicida y bajo indicaciones transmitidas desde el gobernador Toranzo.

Debido a ello, la Suprema Corte de Justicia instruyó investigar la posible responsabilidad del García Covarrubias, por haber conducido el caso como si se tratara de un accidente, cuando existen todas las sospechas de que se trató de un asesinato. Aunque no fuese así, el papel de la Procuraduría debió ser la de investigar adecuadamente todas las pistas relacionadas con el deceso. Según las autoridades, Karla Pontigo Luciotto falleció al hacerse añicos una puerta de cristal con la que tropezó y causarse una terrible herida en una pierna, lo cual la llevó a la muerte. Jorge Vasilakos Reyes sólo fue procesado por homicidio culposo y el caso fue cerrado.

Sin embargo, investigaciones realizadas por especialistas y por la propia familia de la víctima llevaron a concluir en que se había tratado de un asesinato con toda alevosía por parte del empresario y que las autoridades habían entorpecido y contaminado las investigaciones para liberarlo de prisión.

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San Luis Al Instante.- Aunque han sido documentados decenas y multimillonarios crímenes financieros cometidos por Fernando Toranzo Fernández, que llevaron a San Luis Potosí a ocupar el sitio número uno en el ranking de estados con mayor corrupción del país, su sucesor Juan Manuel Carreras López no ha movido un dedo por castigar al ex gobernador y hacerle pagar por sus fechorías.

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Por el contrario, el actual gobernador de San Luis Potosí ha protegido con impunidad y concedido perdón a su antecesor, como pago por haberle transmitido el poder político del Estado. Ello a pesar de la gravedad de los delitos perpetrados por Toranzo y su camarilla, entre quienes figuraban su propia ex esposa María Luisa Ramos Segura y su secretario general de gobierno y actual diputado local, Cándido Ochoa Rojas.

Peor aún, ni siquiera un funcionario de nivel medio de la anterior administración ha sido sancionado por el aparato judicial por los crímenes cometidos en el ejercicio de su función, como ha sido revelado en los últimos días con la instalación de luminarias en el bulevar del río Santiago. Fueron tres empresas que obtuvieron contratos por 6 millones de pesos para instalar luminarias inexistentes. En este robo están implicados ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del sexenio de Toranzo

Tampoco el mediocre gobernador potosino que sufrimos ha investigado y menos castigado empresas foráneas por el servicio de “consultoría especializada en seguridad” por más de 20 millones de pesos. O el lavado de dinero por parte del director de Pensiones, Oziel Yudiche, quien invirtió fondos en una empresa fachada en Miami y en donde estuvo involucrado "El Chapo" Guzmán. A éste funcionario, en vez de investigarlo y sancionarlo, como correspondía, lo protegió dejándolo en el cargo.

En cuanto a su ex esposa María Luisa Ramos Segura, como presidenta del Sistema del DIF en el Estado participó en operaciones ilícitas por varios cientos de millones de pesos en la compra de desayunos escolares y estufas ecológicas. En estos negocios criminales fueron copartícipes Rodolfo Ramos Segura y el abogado Héctor del Castillo Chagoya.

Otros casos son el fraude cometido en la construcción de Centros de Salud de los Servicios Estatales de Salud, que nunca han funcionado o ya se encuentran en grave deterioro; las compras a precio inflado de medicinas o que sólo fueron en papel; el desvío de recursos del Seguro Popular y del Fondo Metropolitano a cargo de la SEDUVOP; los recursos federales a Seguridad Púbica y para el sistema de justicia penal; el Parque Industrial de Valles; la construcción del nuevo edificio de la Secretaría de Salud; la ampliación del Hospital Central; equipamiento y material quirúrgico para el Hospital del Niño, el Hospital de Soledad y el Hospital Central. Y mucho más.

Son numerosos e incuantificables los crímenes cometidos por ex funcionarios de la anterior administración. Sólo hay que observar la fabulosa riqueza que ahora tienen los ex secretarios generales de gobierno: Cándido Ochoa Rojas y Eduardo González Sierra. Pero todos esos son negocios pequeños, frente a los inexplicables pasivos por 4 mil millones de pesos heredados por el también mediocre ex gobernador Fernando Toranzo Fernández. Por si fuera poco, existen denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por administración criminal de 3 mil 276 millones 70 mil pesos

Sin embargo, "El Güerito" Carreras o Carreritas, como le dicen desde sus primeros pasos en la política con el ya finado Gonzalo Martínez Corbalá, para nada molesta al delincuente ex gobernador Toranzo. Sabedor que "El Güerito" le debe el cargo, Toranzo vive plácida y tranquilamente con su nueva pareja en un rancho de Villa de Reyes.

Publicación realizada en la página de Facebook de San Luis Al Instante en el mes de mayo de 2015.

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Difunden fotografía de encuentro entre Leonel Serrato (Morena) y Cándido Ochoa (PVEM)

DIFUNDEN FOTOGRAFÍA DE ENCUENTRO ENTRE LEONEL SERRATO (MORENA) Y CÁNDIDO OCHOA (PVEM)

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Gráfica tomada de Facebook con fines informativos.-

San Luis Al Instante.- Una fotografía de un encuentro entre Leonel Serrato Sánchez y Cándido Ochoa Rojas ha causado controversia y sobre todo un terrible impacto entre seguidores de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en San Luis Potosí, pues revelaría la existencia de acuerdos entre personajes políticos que se habrían empoderado con el PRI en el Estado y que ahora controlarían a Morena, el partido fundado por López Obrador.

El encuentro entre Serrato Sánchez y Ochoa Rojas del que da cuenta esta fotografía se escenificó en el restaurante Tony Roma's, ubicado en plaza El Dorado de esta Capital potosina. Dado que ambos personajes en el papel deberían de representar a partidos e intereses distintos, ha llegado a mencionarse que Ochoa Rojas estaría dictando indicaciones a Serrato Sánchez de cómo conducirse.

De esta forma, se demostraría que una corriente neonavista, entre cuyas cabezas importantes se encontraría el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta (PRI), yerno del reconocido líder demócrata y civilista Salvador Nava Martínez, sería quien ha capturado a Morena para sus propios fines políticos y financieros. Otros sirvientes de esa corriente serían Gabino Morales Mendoza y Sergio Serrano Soriano.

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Serrato fue candidato a presidente municipal por Morena en la contienda pasada y recién fue designado como delegado regional de Proyectos Integrales para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de SLP y Soledad de Graciano Sánchez; en tanto, Cándido Ochoa Rojas fue secretario general de gobierno en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández (PRI-PVEM) y es diputado local electo por el PVEM.

Ya en el pasado Serrato Sánchez, quien debe su notaría precisamente a Sánchez Unzueta y quien se la otorgó pasando por encima de la Ley del Notariado, ha servido a proyectos políticos de este ex gobernador, así como de Cándido Ochoa Rojas. Estos personajes fueron determinantes en el triunfo de Ricardo Gallardo Juárez como candidato del PRD a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez en el año 2009 y en el contexto de la lucha política entre esta facción neonavista contra el entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga.

Entre morenistas como el senador suplente Elí Cervantes y Joaquín Muñoz Mendoza existe una fuerte inconformidad por el desempeño observado por personajes como los mencionados Gabino Morales Mendoza, Sergio Serrano Soriano y Leonel Serrato Sánchez. A este último se acusa de no haber hecho campaña en las pasadas elecciones constitucionales y haber servido de esa forma a la campaña del panista Xavier Nava Palacios, sobrino del ex gobernador Sánchez Unzueta.

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San Luis Al Instante.- El nombre de Feranndo Toranzo Fernández, ex gobernador de San Luis Potosí, volvió a ser motivo de escándalos de corrupción, luego de ser presentada una denuncia en la Procuraduría General de la República en marzo pasado en contra de Juan Melquiades Vergara Fernández, secretario de finanzas y planeación del gobierno de Quintana Roo, por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a través de la empresa Travel Channel.

De acuerdo con la información que ha sido publicada, Toranzo Fernández participó en una red de enriquecimiento ilícito en torno a Vergara Fernández, quien habría actuado como prestanombres de varios ex gobernadores y gobernadores en funciones para lavar dinero a través de la empresa Travel Channel. Entre ellos se encuentran ex gobernadores de Quintana Roo, Chiapas, Puebla, Yucatán y de San Luis Potosí.

La acusación pide indagar contratos millonarios que supuestamente Vergara obtuvo y ha obtenido con esa compañía con los gobiernos de Rafael Moreno Valle (Puebla), Javier Duarte (Veracruz), Manuel Velasco (Chiapas), Rolando Zapata (Yucatán), Roberto Borge (Quintana Roo) y Fernando Toranzo (San Luis Potosí).

Este expediente fue publicado inicialmente por el periódico Reforma en el pasado mes de marzo y ha sido replicado por numerosos medios informativos. En la información que circula se ha revelado que le denuncia fue presentada por el empresario Carlos Mimenza, a través de un despacho de abogados.

Las actividades financieras criminales de Vergara Fernández, en las que habría participado el mencionado ex gobernador potosino, fueron superiores a 400 millones de pesos.

El mencionado Melquiades Vergara figura como accionista en por lo menos 15 empresas que no reportó en su declaración 3de3. En seis de ellas es socio del ex gobernador Joaquín Hendricks y de la actual magistrada local Verónica Acacio Trujillo.

En su 3de3, el funcionario reportó ingresos anuales por 109 millones 675 pesos tan sólo de la empresa Auditores Corporativos Internacionales, de la cual es presidente del Consejo, como también lo es de México Traveler Network.

De acuerdo con su declaración 3de3, Vergara Fernández es un funcionario millonario que posee aviones, yates, terrenos, casas y hasta un edificio. También reconoció ser accionista de otras cinco firmas, pero no reportó sus acciones en 15 empresas.

En dos de ellas es socio de Hendricks: Multimedios Turísticos, dedicada a la comercialización de espacios para la transmisión de mensajes en TV y radio a través de concesionarios autorizados, y Mundo Travel Channel, del mismo giro.

Con la Magistrada Acacio Trujillo tiene en sociedad Marco Empresarial de Control Administrativo, Tradiciones del Caribe, Orgullo del Caribe y Tesoros del Caribe.

En la gestión del gobernador Carlos Joaquín González, Mimenza alertó que Vergara adjudicó un contrato de 300 millones de pesos para cambiar las placas vehiculares, con un costo de mil 200 por juego.

También 380 millones de pesos para la compra de un software para modernizar las finanzas y 220 millones de pesos para los estudios del refinanciamiento de la deuda del Estado de Quintana Roo.

En cuanto a Toranzo Fernández, su nombre se ha visto además involucrado en los negocios criminales de Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como "El Rey de los Dragones", actualmente sujeto a proceso judicial por el gobierno de los Estados Unidos.

Asimismo, en mayo de 2015 el periódico El Universal reveló que Toranzo Fernández y su esposa María Luisa Ramos habían logrado acumular una fortuna impresionante, como producto de actividades criminales en el ejercicio público. Sus propiedades se contabilizaron en 25, ubicadas en las zonas más exclusivas y caras de esta Capital y otros municipios.

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Después de 4 años no han encontrado a familia de potosinos desaparecida

DESPUÉS DE 4 AÑOS NO HAN ENCONTRADO A FAMILIA DE POTOSINOS DESAPARECIDA

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San Luis Al Instante.- A cuatro años de que una familia de potosinos desapareciera en el municipio de El Mante, Tamaulipas, cuando se dirigían de la frontera con Estados Unidos hacia su hogar en el municipio de Tamuín, las autoridades no han logrado encontrarlos.

Las personas desaparecidas son Milynali Piña Pérez, de 14 años, Ignacio Pérez Rodríguez, de 54 años, Aldo de Jesús Pérez Salazar, de 22 años, Alexis y Arturo Domínguez Pérez, de 18 y 22 años, respectivamente.

Su desaparición ocurrió hacia las 20 horas del 14 de agosto de 2012, cuando sus familiares en Tamuín perdieron contacto telefónico con ellos y jamás han vuelto a tener conocimiento de su situación. Su última llamada fue cuando en El Mante cargaban gasolina al vehículo en que viajaban, una camioneta GMC.

Aunque inicialmente la Procuraduría General de la República estableció una recompensa por 2 millones de pesos para quien proporcionara información veraz y útil que coadyuvara a su localización, ahora esa recompensa se ha reducido a 1.5 millones de pesos.

Familiares de las personas desaparecidas se entrevistaron hace algunos años en la Capital potosina con el gobernador Fernando Toranzo Fernández, quien se lavó las manos y sólo les dijo que como el caso había ocurrido en Tamaulipas, eran autoridades de esa entidad quienes debían resolverlo.

Ignacio Pérez Rodríguez, padre y tío de los jóvenes desaparecidos, era contratista de la planta Cemex ubicada en Tamuín y participó como candidato a la presidencia de ese municipio por el PRD y el PT, aunque fue derrotado.

Lamentablemente el caso de esta familia de potosinos es uno más entre una enorme cantidad de desapariciones forzadas a manos de grupos del crimen organizado que operan en muchos estados de México.

Exige PAN a Carreras investigar e informar sobre equipos de espionaje

EXIGE PAN A CARRERAS INVESTIGAR E INFORMAR SOBRE EQUIPOS DE ESPIONAJE

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Gráfico de Ciudadanos Observando.-

San Luis Al Instante.- El Partido Acción Nacional exigió al gobernador Juan Manuel Carreras López investigar e informar a la sociedad potosina sobre la situación de los equipos de espionaje telefónico que fueron adquiridos por su antecesor Fernando Toranzo Fernández y entre cuyas víctimas visibles han aparecido el actual secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, y el empresario periodístico Pascual Oyarvide Sánchez.

Luego de que la semana pasada se hiciera circular una grabación de una plática telefónica entre Ugalde y Oyarvide, en donde llegan a revelarse delitos electorales en la campaña del actual gobernador Carreras López y ambos dicen adjetivos ofensivos del entonces era candidato del PRI, el presidente del PAN en el Estado, Xavier Azuara Zúñiga demandó al jefe del Ejecutivo ordenar una investigación que permita saber quién tiene esos equipos y en dónde se localizan.

Ni el procurador Federico Garza Herrera ni el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Gral. Arturo Gutiérrez García, saben en dónde se encuentran dichos equipos, según las declaraciones que han hecho, tras la conversación telefónica de Ugalde y Oyarvide filtrada a medios de comunicación.

"Estos aparatos deben de ser utilizados para lo que se invirtió en ellos, como supuestamente era perseguir al crimen organizado. Con la situación de inseguridad, ahora es cuando realmente deben utilizarse para avanzar en las investigaciones de estos hechos", comentó.

Respecto del espionaje telefónico de que fueron víctimas Ugalde y Oyarvide, el dirigente panista exigió también una investigación, a fin de evitar que esté haciéndose mal uso de esos aparatos. "Lo sucedido no es un asunto menor, como ha tratado de minimizarlo el gobernador. Demandamos que nos informe y aclare en qué se han utilizado. Evitar que se haga mal uso de ellos y nos digan qué pasa en realidad".

Aquí el audio relacionado con esta nota:

https://www.youtube.com/watch?v=l6YBc5bD7qM

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Gráfico de Ciudadanos Observando.-

San Luis Al Instante.- El procurador de justicia en el Estado, Federico Garza Herrera, dijo ignorar en dónde se encuentran los equipos de espionaje adquiridos por el anterior gobernador Fernando Toranzo Fernández, los cuales podrían estar sido utilizados para intervenir conversaciones telefónicas de personal del gobierno, de partidos políticos, de periodistas y de otros personajes con liderazgo en la sociedad, como fue revelado con la reciente filtración de una plática entre José Luis Ugalde Montes, actual secretario de Finanzas, y el empresario periodístico Pascual Oyarvide Sánchez.

Recien establecida la actual administración, encabezada por Juan Manuel Carreras López, a fines de septiembre pasado, periodistas preguntaron al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, general retirado Arturo Gutiérrez García, acerca de si se le habían entregado dichos equipos de espionaje telefónico, a lo que respondió sorprendido: "No tengo conocimiento de eso. No tenemos eso. ¿De qué equipo de espionaje me hablan?".

Debieron de ser los propios periodistas quienes informaron al encargado de la seguridad pública de SLP acerca de la existencia de dichos aparatos, entre los que se encuentra uno denominado como "La ouija del diablo". Enseguida le preguntaron si ex funcionarios torancistas o el propio ex gobernador se hubieran adueñado ilícitamente de esos aparatos, a lo que Gutiérrez García contestó: "No, yo no sé. No lo tengo, te lo juro. Hay tecnología, pero no está relacionado con equipo de espionaje". 

Sin embargo, en la administración de Toranzo Fernández la organización Ciudadanos Observando descubrió que se habían adquirido dichos equipos con 56 millones de pesos, cuya procedencia fue el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El equipo incluye un módulo para el seguimiento de redes telefónicas, otro que contiene el software y un set de

seis antenas direccionales de alta ganancia. Estos aparatos no fueron entregados en el proceso de entrega - recepción de Fernando Toranzo Fernández a Juan Manuel Carreras.

Ahora el procurador Garza Herrera reiteró que dichos equipos de espionaje “no se encuentran en poder de esta Procuraduría”, aunque rebotó el tema a la cancha del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues comentó que quizás él podría saber de su existencia. “Ningún equipo de esa clase fue entregado a la Procuraduría”, añadió, aunque sí dijo recordar que dicho equipo fue solicitado precisamente por esta área en la última etapa del gobierno torancista para la Unidad Especial de Combate al Secuestro, en tiempos del ex procurador Miguel García Covarrubias. 

En la conversación telefónica entre José Luis Ugalde Montes y Pascual Oyarvide Sánchez, filtrada recientemente y cuya copia se encuentra para conocimiento de la ciudadanía potosina en el canal de Youtube de San Luis Al Instante, se revelan actos de campaña ilegales, cometidos por el actual gobernador Juan Manuel Carreras, a quien califican de "muy pendejo" y "muy soberbio", además de hacer "unos negociazos muy cabrones".

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A pesar de sus actos delictivos, Marcelo de los Santos fue exonerado

A PESAR DE SUS ACTOS DELICTIVOS, MARCELO DE LOS SANTOS FUE EXONERADO

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San Luis Al Instante.- A pesar de haber cometido actos delictivos por muchos millones de pesos del tesoro público, el ex gobernador panista Marcelos de los Santos Fraga fue exonerado por la justicia federal, debido a "errores" cometidos en el proceso que le fincara el ex gobernador priísta Fernando Toranzo Fernández.

Lo anterior lo declaró el contralor general del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, quien reconoció que gracias a errores procedimentales no podrán aplicarse las sanciones que ese órgano gubernamental había aplicado hace unos años en contra del ex gobernador, entre las que figuraba una inhabilitación por 20 años para desempeñar funciones públicas.

Fue un tribunal judicial federal quien determinó la no procedencia en contra de la sanción de inhabilitación aplicada en contra de De los Santos Fraga, a pesar de que la Contraloría General del Estado objetó en dos ocasiones un amparo del ex gobernador para dejar sin efecto las sanciones que se le habían impuesto.

Según ese tribunal, el error procedimental consistió en que debió ser el Congreso del Estado quien hubiera iniciado un juicio político en contra del panista, cosa que no hizo así la anterior administración de Toranzo Fernández, con lo cual quedarán impunes los millonarios actos delincuenciales de De los Santos Fraga, como fue el uso de una línea de crédito de último minuto por más de 2 mil millones de pesos.

Descubren raterías impresionantes de esposa de Toranzo y su abogado Castillo Chagoya en el DIF

DESCUBREN RATERÍAS IMPRESIONANTES DE ESPOSA DE TORANZO Y SU ABOGADO CASTILLO CHAGOYA EN EL DIF

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San Luis Al Instante.- Con la nueva administración gubernamental han sido descubiertos delitos multimillonarios en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cometidos por María Luisa Ramos Segura, esposa del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, y su abogado Héctor del Castillo Chagoya.

De acuerdo con resultados de las auditorías que periodistas han podido conocer, durante la pasada administración se pagaron sobreprecios en el DIF del Estado entre 175 y 225 millones de pesos en el rubro de apoyos alimentarios, destinados a niños, ancianos e indígenas en situación de precariedad.

Importantes cantidades de dinero de ese rubro habría terminado en cuentas bancarias de la señora María Luisa Ramos Segura y de su hermano Rodolfo, quien es mencionado como intermediario entre proveedores del DIF y su hermana para la compra de infinidad de bienes y el otorgamiento de servicios.

En los seis años del gobierno de la pareja Toranzo – Ramos, bajo el concepto de “Asistencia Alimentaria” a través del DIF se distribuyeron 95 mil desayunos escolares fríos y calientes, durante cinco días a la semana por aproximadamente 44 semanas con un costo de entre 21 y 22 millones de pesos al año.

En ese mismo concepto, para niños no escolarizados e indígenas de la zona pame, así como para adultos mayores en condiciones de pobreza extrema, anualmente se entregaron poco menos de 200 mil despensas.

Por dicha “Asistencia Alimentaria”, el DIF gastó al año casi 190 millones de pesos.

En lo que a los desayunos se refiere, se pagó un promedio de 7 pesos con 30 centavos por cada uno. Pero haber comprado esos mismos productos en supermercados de esta Capital habría costado 6 pesos con 52 centavos por cada uno. Es decir, la diferencia de 78 centavos por 22 millones de desayunos representa una cantidad anual de 17 millones de pesos.

La diferencia es todavía mayor si se hubiera comprado a mayoristas, quienes ofrecerían dichos desayunos a un costo de 5 pesos con 22 centavos. Es decir, un ahorro de 2 pesos 02 centavos que sumaría 44 millones de pesos al año.

De ahí que los auditores calculan que solamente en sobreprecios pagados por este concepto existe una bolsa de entre 175 y 225 millones de pesos que paró en las cuentas bancarias de la hoy ex titular del DIF, María Luisa Ramos Segura, de su hermano y de otros personajes, como su abogado consentido Héctor del Castillo Chagoya.

Dichos “desayunos” son apoyos nutricionales consistentes en un cuarto de litro de leche y una barra de trigo, avena, cebada, girasol y linaza, o una barra de amaranto con oleaginosas, o una galleta integral de avena con frutos rojos, o unos cubos de granola con fibra, o granola de cereal, o un paquetito de uvas pasas o una mezcla de pasas, papaya, manzana y cacahuates tostados.

En el caso de los desayunos calientes, sus ingredientes varían y además de leche incluyen harina de maíz nixtamalizada, arroz, avena, sémola de trigo, pasta integral para sopa, frijol negro y claro, garbanzo, habas, lentejas, atún en agua, sardina y aceite vegetal. Su costo se eleva, pero el promedio general es de 7 pesos con 30 centavos.

Se ha descubierto además que la banda criminal que dirigió el DIF compró uva pasa sin semilla en raciones de 20 gramos a 2 pesos 87 centavos, mientras que en el supermercado de referencia cuesta 1 peso 20 centavos. La leche descremada UHT natural la pagó el año pasado a 19 pesos con 21 centavos el litro, mientras que en un supermercado costaba 16 pesos y de una marca acreditada. Las galletas habaneras integrales se pagaron a 37.20 pesos por la caja de 270 gramos, pero en el supermercado cuestan 26.90 pesos en venta minorista. La diferencia en la sardina en tomate es de 25.90 pesos a 22.90.

Pero todo el asunto se vuelve irreal cuando la comparación se aplica a productos de Diconsa, con la que se está en negociaciones para obtener todavía mejores precios. En el DIF se pagó el kilo de harina de maíz nixtamalizada a 12.30 pesos, mientras que Diconsa la ofrece a 9 pesos. La diferencia es de 36 por ciento. El arroz se compró unas veces a 14.90 pesos y otras a 15.40 pesos; la distribuidora oficial la oferta a 8.86 pesos. Es decir, un ahorro del 70 por ciento.

El frijol negro se adquirió a 26.08 pesos el kilo y en Diconsa está marcado a a 16.80. La diferencia de 9.28 equivale al 55 por ciento de sobreprecio. La sardina se compró a 25.90 pesos y en el supermercado se vende a 22.90; en Diconsa cuesta 16.45. La diferencia es del 60 por ciento.

Además el papel desempeñado por Rodolfo Ramos Segura, cuñado del ex gobernador, en el abastecimiento, obras y contrataciones del DIF. Una de las empresas favorecidas por el matrimonio que gobernó al Estado y sus familiares y amigos para surtir apoyos alimentarios fueron Tralogic y Jace, ambas con sede en Puebla.

Del 2014 al término del mandato torancista, el abasto de productos de alto consumo en los apoyos alimentarios del DIF los terminó haciendo una empresa potosina denominada “Super Arturos”. Su sede es un local de unos 7 metros de frente y otros tanto de fondo en el número 102-B de la calle Hidalgo en Soledad de Graciano Sánchez. En su publicidad se describe como un Minisuper. Sin embargo, su facturación al DIF fue cuantiosa.

Otro de los turbios negocios del matrimonio Toranzo – Ramos en el DIF que son investigados corresponde al de miles de estufas ecológicas, en cuyo programa fueron gastados millones de pesos en vehículos, equipos y material de oficina.

En el caso del abogado Del Castillo Chagoya se menciona que acumuló una fortuna impresionante en los seis años en que figuró como uno de los personajes más cercanos a la "gobernadora" Ramos Segura. Tanto así que pudo hacerse de un número importante de automóviles de lujo.

Debido a la escandalosa delincuencia con que fue administrado el DIF en el Estado, su actual titular, Lorena Valle, esposa del gobernador Juan Manuel Carreras López, ha dirigido una fuerte investigación contable, para lo cual ha ampliado el personal de contraloría interna.

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Denuncian como corrupto a director operativo de Policía Ministerial herido en enfrentamiento armado

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San Luis Al Instante.- José Andrés Velázquez García, director Operativo de la Policía Ministerial, quien fue herido gravemente en un enfrentamiento con el presunto jefe de un grupo criminal, fue señalado como corrupto por Ricardo Sánchez García, representante del Centro Potosino de Derechos Humanos “Samuel Ruiz García”.

Algunos medios de información han divulgado la versión de que Velázquez García también falleció en el enfrentamiento armado con "El Chihuas", jefe de un grupo criminal a quien se ha responsabilizado de las ejecuciones de varias personas en los últimos días en esta zona metropolitana.

Sin embargo, oficialmente en esa confrontación sólo murió  el policía José Antonio Zamora, a quien este viernes se rindió un homenaje, más no el mencionado Velázquez García, quien solamente habría resultado gravemente herido.

"No queremos falsos mártires", dijo al denunciar que el mencionado jefe policíaco, herido en el tiroteo registrado en la madrugada del jueves en el fraccionamiento Jardines del Valle, incurrió en graves omisiones y actuó en forma extraña y sospechosa en torno a la extorsión de que fue víctima una de las familias de cuatro jóvenes desaparecidos en 2009.

Los jóvenes de nombre Moisés Gámez Almanza, Julio César Coronado Castillo, Marco Antonio Coronado Noriega y Luis Francisco Medina colaboraron en la campaña electoral del entonces candidato del PRI a gobernador, Fernando Toranzo Fernández. Pese a ello, su desaparición, ocurrida el 11 de octubre de 2009, nunca fue aclarada por el jefe del Ejecutivo.

Sánchez García recordó que José Andrés Velázquez García fue el encargado de la indagatoria. "Pero su actuación fue omisa y sospechosa, lo que motivo la presentación de una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos", agregó el representante del Centro Potosino de Derechos Humanos “Samuel Ruiz García”.

Y continuó: "Tres años después, cuando nosotros tuvimos conocimiento del caso, nos cuestionamos por qué no inicio muchas líneas de investigación en torno a la desaparición de los jóvenes”.

Declaró además que el mismo Velázquez García persuadió a los familiares de uno de los jóvenes de pagar un supuesto rescate y evitar que le pasara algo a su hijo.

"Con la misma razón se opuso a desplegar un operativo para atrapar a los delincuentes el día del pago del rescate. Por seguridad del joven. '¿Qué tal si lo matan?', le objeto al papá", añadió Sánchez García.

“Esas y otras cosas levantan la sospecha de que pudo estar involucrado en la extorsión, no en la desaparición, porque nunca rindió informes oficiales de su actuación, lo que resulta muy extraño”, dijo.

Tampoco respondió a las solicitudes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para informar de sus actuaciones. "Incluso el entonces director de la Policía Ministerial del Estado, Antonio Varela, un día corrió a la mamá del joven de su oficina porque le advirtió: 'Ni aquí está usted segura'", sostuvo.

Entre las omisiones que hubo en las investigaciones mencionó que el retrato hablado de uno de los extorsionadores se hizo dos años después. "Andrés Velázquez supo que la familia vio la cara de uno de ellos y en ese momento no les pidió hacer el retrato hablado”, subrayó.

Además se reportaron los números de la placa del automóvil de los delincuentes “y dos años después no se había hecho una pesquisa”.