EMPRESA BENEFICIADA CON MILLONARIO CONTRATO DE FOTO MULTAS TIENE DIEZ MESES DE EXISTENCIA
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San Luis Al Instante.- El programa de foto infracción, instrumentado este año por el alcalde Mario García Valdez en esta Capital potosina, fue asignado directamente a un joven empresario jalisciense, cuya empresa Intel Tráfico es "de dudosa solvencia económica”, además de que se trata de un negocio de reciente creación. Así lo dio a conocer en su edición de este miércoles 13 de agosto el periódico Pulso de esta Capital potosina.
De acuerdo con la investigación de reporteros del diario, Intel Tráfico fue creada apenas en abril de 2013, es decir, 10 meses antes de obtener en forma directa de manos del alcalde Mario García Valdez un contrato que le significaría utilidades millonarias.
De lo que se trata es de que Intel Tráfico detecta con radares la velocidad de los automóviles y toma una fotografía de las placas de circulación de los mismos, con el propósito de procesar los datos, imprimir y enviar las infracciones a los automovilistas, a partir de una base de datos que les fue proporcionada sobre los domicilios y nombres de los dueños de las placas.
Sin embargo, el periódico Pulso asegura que esta empresa Intel Tráfico, que presume de tener una gran presencia internacional, carece de teléfono y la dirección de sus oficinas corresponde a un predio “sin alguna característica de oficina, empresa o similar” (ver fotografía).
En la fotografía se observa el sitio correspondiente al número 31 de San Alfonso, colonia El Campanario, municipio de Zapopan, Jalisco, declarado por Intel Tráfico como su dirección, según la imagen registrada por Google Maps en mayo de 2013.
La empresa que declaró tener capacidad económica para la prestación del servicio y que debió depositar una fianza de poco más de un millón de pesos a favor de la tesorería municipal dice tener tres direcciones en Jalisco.
Otras de las direcciones proporcionadas por Intel Tráfico en su página de Internet corresponden a Inglaterra 2968 e Inglaterra 2944, colonia Arcos Sur, del municipio de Guadalajara. Para ninguno de los domicilios se ofrecen teléfonos.
En esa misma página de Internet, esta empresa presume de operar “cerca de 3,000 sistemas de aplicación de fotos en 250 ciudades en los Estados Unidos y Canadá, además de un centenar de ciudades de Europa, Asia y Oceanía” y que “se ha sumado al Decenio de Acción para la Seguridad Vial, iniciativa de la ONU con el objetivo de reducir en 10 años un 50% el número de muertes y de discapacidades por accidentes viales en el mundo”.
Sin embargo, a decir del periódico Pulso, “no ofrecen gráfico o documento alguno que sustente su experiencia, la información técnica o sobre su actividad empresarial.”
Apenas el pasado 14 de mayo, el Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco (CCEJJ) reconoció al joven Alejandro Enrique Araujo Gómez por su proyecto de Intel Tráfico, dentro de la entrega del premio Adolf Horn.
De acuerdo con el contrato asignado en forma directa por el alcalde Mario García Valdez a Alejandro Enrique Araujo Gómez, su empresa Inteltráfico recibirá del Ayuntamiento de San Luis Potosí las siguientes cantidades de dinero por el servicio:
De cero a 250 mil infracciones, la empresa recibirá por cada una 300 pesos más IVA; de 251 mil a 300 mil foto infracciones recibirá 290 pesos más IVA por cada una; de 301 mil a 400 mil sanciones se pagarán 283 pesos más IVA por unidad y de 401 mil infracciones en adelante la empresa recibirá 275 pesos más IVA.
En el primer caso, la novel empresa del joven Araujo Gómez recibiría hasta 75 millones de pesos mensuales más IVA, aunque el infractor puede hacer válido el descuento del 50 por ciento si se paga dentro de los primeros 10 días a partir de la multa. En este caso, recibirá 150 pesos por foto infracción.
En el caso de que un ciudadano gane un procedimiento jurídico en contra del pago, Intel Tráfico sólo cobrará el 30 por ciento del precio por concepto de impresión y envío de la infracción.
Por su parte, el municipio de San Luis Potosí sólo obtendrá el resto de 637 pesos por infracción (10 salarios mínimos vigentes), cantidad establecida en la Ley de Ingresos vigente por concepto de multas por exceso de velocidad.
