Galindo expulsado del PRI por corrupto y por afectar a ciudadanía: Sara Rocha

GALINDO EXPULSADO DEL PRI POR CORRUPTO Y POR AFECTAR A CIUDADANÍA: SARA ROCHA 

San Luis Al Instante.- La expulsión de Enrique Galindo Ceballos del PRI se debe a su incumplimiento de compromisos de campaña, sospechas de corrupción y propuestas que afectan negativamente a la ciudadanía.

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Así lo declaró la Presidenta del PRI en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, en conferencia de prensa celebrada esta noche del jueves 5 de diciembre, luego de que una comisión nacional de ese partido diera a conocer la expulsión de Galindo Ceballos.

El resolutivo señala que su administración ha sido objeto de sospechas de corrupción, lo que ha generado una gran desconfianza entre la población. Esto ha llevado a que el PRI considere que su comportamiento no se ajusta a los principios y valores del partido.

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Otro motivo importante para su expulsión es que Galindo Ceballos ha propuesto aumentos a impuestos y derechos municipales, lo que afectaría negativamente a la ciudadanía. Esto va en contra de los estatutos del PRI, que buscan proteger y beneficiar a la población.

Sara Rocha Medina dijo que el PRI se equivocó al postular a Galindo Ceballos como candidato a la Presidencia Municipal de la Capital, ya que le costó no tener candidatos a Diputados Locales en la Capital y a Presidentes Municipales en las principales cabeceras.

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Por su parte, Alberto Rojo Zavaleta, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal del PRI, señaló que el proceso fue llevado por el Comité Ejecutivo Nacional. A Galindo se le dio derecho a defenderse y presentar pruebas; nunca se paró en el PRI y en varias ocasiones declaró públicamente que no era el partido que había conocido y que quería.

"La expulsión de Galindo Ceballos del PRI es un reflejo de la falta de confianza que ha generado su administración", dijo.

Y afirmó :

"La ciudadanía espera que los líderes políticos cumplan con sus promesas y trabajen en beneficio de la comunidad, no en su propio interés. Lo que ha quedado demostrado en el caso del Alcalde capitalino, quien ha distraído su atención en sus intenciones de ser Gobernador en lugar de velar por los intereses de la ciudad”.

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San Luis Al Instante.- Apenas se instaló la actual LXI Legislatura dio motivos para duros cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad potosina, debido a los nombramientos de personas de dudosa calidad moral y profesional, como son los de Beatriz Benavente Rodríguez, como oficial mayor, de Alberto Rojo Zavaleta, como coordinador jurídico, y de Daniel Ortiz, como encargado de comunicación social.

El nombramiento de Rojo Zavaleta fue capaz de sofocar las críticas a las designaciones de Benavente, quien carece de experiencia profesional y apenas había obtenido un título de licenciatura en la sospechosa Universidad Abierta; así como el de Ortiz, de igualmente discutible calidad profesional y honestidad.

Y lo hizo porque Rojo Zavaleta va acompañado de una carrera de sospechas de corrupción en el desempeño público y abuso sexual se menores hondureñas, cuando se desempeñó como regidor de la administración municipal de Victoria Labastida Aguirre, contra quien existe una orden de aprehensión, y posteriormente como delegado del Instituto Nacional de Migración.

A consecuencia de estas últimas acusaciones y de un conflicto internacional con el gobierno de Honduras, fue destituido de la delegación del INM y sometido a una investigación, cuyos resultados no han sido hechos del conocimiento público.

A pesar de ello y de su vertiginoso enriquecimiento, diputados priístas, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Esther Angélica Martínez Cárdenas, impusieron a Rojo Zavaleta como coordinador jurídico del Congreso.

Ello ha provocado duras protestas de feministas y promotores de los derechos humanos en SLP, quienes han exigido a los diputados destituir a Rojo Zavaleta.

Sin embargo, la diputada priísta Esther Angélica
Martínez Cárdenas ha emprendido la defensa del ex regidor y ex delegado del INM, pues para ella "no hay ningún problema", ya que, según dijo, "Rojo Zavaleta presentó una sentencia absolutoria en el caso que se le imputa".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Mendizábal Pérez, del PAN, dijo desconocer esos antecedentes, pues, dijo, "lo único que se valoró por parte del PAN fue su experiencia laboral, además de respetar los acuerdos establecidos".

“Desconozco si tiene o no tiene antecedentes y el estatus que guardaría. Lo conozco como abogado y es un excelente abogado. Es una propuesta que le tocó a la fracción parlamentaria del PRI y el acuerdo es respaldar el acuerdo”, dijo el panista Mendizábal.

Mientras tanto, a través de distintos medios y espacios periodísticos, feministas y promotores de derechos humanos han multiplicado sus críticas a los diputados por la designación de un ex funcionario federal acusado de haber mantenido secuestradas a dos menores hondureñas en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, una de 13 y otra de 16 años, a quienes supuestamente abusó sexualmente durante un mes.