FEMINISTAS DEMANDAN DESTITUCIÓN DE ABOGADO DEL CONGRESO POR ABUSO DE MENORES HONDUREÑAS Y DIPUTADOS PRIÍSTAS LO PROTEGEN
San Luis Al Instante.- Apenas se instaló la actual LXI Legislatura dio motivos para duros cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad potosina, debido a los nombramientos de personas de dudosa calidad moral y profesional, como son los de Beatriz Benavente Rodríguez, como oficial mayor, de Alberto Rojo Zavaleta, como coordinador jurídico, y de Daniel Ortiz, como encargado de comunicación social.
El nombramiento de Rojo Zavaleta fue capaz de sofocar las críticas a las designaciones de Benavente, quien carece de experiencia profesional y apenas había obtenido un título de licenciatura en la sospechosa Universidad Abierta; así como el de Ortiz, de igualmente discutible calidad profesional y honestidad.
Y lo hizo porque Rojo Zavaleta va acompañado de una carrera de sospechas de corrupción en el desempeño público y abuso sexual se menores hondureñas, cuando se desempeñó como regidor de la administración municipal de Victoria Labastida Aguirre, contra quien existe una orden de aprehensión, y posteriormente como delegado del Instituto Nacional de Migración.
A consecuencia de estas últimas acusaciones y de un conflicto internacional con el gobierno de Honduras, fue destituido de la delegación del INM y sometido a una investigación, cuyos resultados no han sido hechos del conocimiento público.
A pesar de ello y de su vertiginoso enriquecimiento, diputados priístas, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Esther Angélica Martínez Cárdenas, impusieron a Rojo Zavaleta como coordinador jurídico del Congreso.
Ello ha provocado duras protestas de feministas y promotores de los derechos humanos en SLP, quienes han exigido a los diputados destituir a Rojo Zavaleta.
Sin embargo, la diputada priísta Esther Angélica
Martínez Cárdenas ha emprendido la defensa del ex regidor y ex delegado del INM, pues para ella "no hay ningún problema", ya que, según dijo, "Rojo Zavaleta presentó una sentencia absolutoria en el caso que se le imputa".
Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Mendizábal Pérez, del PAN, dijo desconocer esos antecedentes, pues, dijo, "lo único que se valoró por parte del PAN fue su experiencia laboral, además de respetar los acuerdos establecidos".
“Desconozco si tiene o no tiene antecedentes y el estatus que guardaría. Lo conozco como abogado y es un excelente abogado. Es una propuesta que le tocó a la fracción parlamentaria del PRI y el acuerdo es respaldar el acuerdo”, dijo el panista Mendizábal.
Mientras tanto, a través de distintos medios y espacios periodísticos, feministas y promotores de derechos humanos han multiplicado sus críticas a los diputados por la designación de un ex funcionario federal acusado de haber mantenido secuestradas a dos menores hondureñas en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, una de 13 y otra de 16 años, a quienes supuestamente abusó sexualmente durante un mes.
