Amaño en concurso de oposición revela corrupción del Poder Judicial

AMAÑO EN CONCURSO DE OPOSICIÓN REVELA CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL

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San Luis Al Instante.- Debido a que Nadia Jacqueline Gerardo Cervantes, hija del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aparece con una calificación extraordinaria en un concurso de oposición para contar con personal de reserva en la categoría de subsecretario administrativo, ha surgido una grave indignación entre empleados y abogados de San Luis Potosí.

De acuerdo a la lista dada a conocer el pasado 4 de mayo, firmada por Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, miembro del Consejo de la Judicatura y presidente del Comité del Concurso de Oposición para Contar con Personal de Reserva en la Categoría de Subsecretario Administrativo, la hija del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Fernando Gerardo González, obtuvo una calificación sobresaliente.

Sin embargo, el nombre de Nadia Jacqueline aparece recortado, pues no se le cita con sus apellido completo, sino solamente por su apellido materno, tratando de esconder premeditada, alevosa y ventajosamente su identidad. Escondiendo que se trata de la hija del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Otras personas que aparecen en esa lista son: Omar Ricardo Almazán Zavala, Macarena Camacho Cañizares, Ofelia Contreras Guerrero, Claudia Cecilia de Santiago Núñez, Guillermo de Jesús Flores Guzmán, Salvador Llanas López, Pedro Fernando Martínez Hernández, Glafira Moreno Mendoza, Leticia Moreno Rocha, Edith Carolina Niño Loredo, María Teresa Rodríguez Fonseca, Francisco Ramón Velázquez Zamarrón y Omar Josué Zavala Flores.

Ya anteriormente ha habido denuncias por nepotismo y corrupción del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y de magistrados, así como de miembros del Consejo de la Judicatura. El pasado 6 de abril fueron colocadas mantas en el Poder Judicial para acusar de cometer esos delitos al diputado federal Cándido Ochoa Rojas y a los magistrados Juan Carlos Barrón Lechuga y Refugio Jiménez Medina, además del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Fernando Gerardo González.

Al presidente del Supremo Tribunal de Justicia se le denunció entonces de haber colocado a su hijo como juez de primera instancia en Santa María del Río. Ahora hay sospechas de que utilizará su puesto para colocar a su hija Nadia Jacqueline en el puesto de subdirector administrativo con 30 mil pesos de sueldo nominal mensual. Gerardo González gana más de 1 millón de pesos al año. Este concurso de oposición sería una farsa y solamente serviría para legitimar la contratación de los familiares.

Por su parte, Álvaro Eguía Romero, anterior presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y miembro del Consejo de la Judicatura, fue señalado en 2014 de haber colocado a su hija Andrea Eguía Saucedo en el nivel 12 del escalafón laboral, uno de los más elevados, con lo que la inexperta joven obtuvo salarios y compensaciones mensuales cercanos a los 40 mil pesos.

De ella se dijo que se ausentó de sus obligaciones laborales durante quince días con el propósito de internarse en una clínica extranjera de embellecimiento, con el propósito de rehacerse completita con intervenciones de lipoescultura, así como de colocación de prótesis en lo glútuos, glándulas mamarias, pantorrilas, aplicación de botox, etc., aunque disfrutó del pago íntegro de salario y hasta de los bonos correspondientes.

Entonces también se habló de graves quejas de muchachas estudiantes de Derecho que realizan allí su servicio social y prácticas profesionales, quienes debían soportar el acoso sexual del entonces secretario particular de Eguía Romero, de nombre Francisco Zurisadai Rocha Murayama.

Éste las invitaba a tomarse copas y a dar la vueltecita para hacerles entrevistas íntimas, a fin de saber “si estaban en condiciones de ofrecer sus servicios”.

Al presidente del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Barrón Lechuga, se le acusa de tener de funciones e incumplir con su tarea de revisión del trabajo de los magistrados.

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San Luis Al Instante.- Abusando de la autonomía constitucional de poderes, Álvaro Eguía Romero, presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, ha contribuido a hundir en la corrupción y el nepotismo a esa institución pública.

Además de haber colocado a su hija Andrea Eguía Saucedo en el nivel 12 del escalafón laboral, uno de los más elevados, con lo que la inexperta muchacha obtuvo salarios y compensaciones mensuales cercanos a los 40 mil pesos, también le solapa y protege sus irresponsabilidades.

Sintiéndose fea y protegida de papá, la hija del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado se ha ausentado de sus obligaciones laborales desde hace quince días con el propósito de internarse en una clínica extranjera de embellecimiento, aunque disfruta del pago íntegro de salario y hasta de los bonos correspondientes.

Sería justo que a un empleado o trabajador se le pagara su sueldo íntegro por causa de enfermedad. Pero ni así funciona el sistema de seguridad social, porque el salario se ve disminuido a partir de cierto número de días de incapacidad médica.

No es el caso de la señorita Eguía Saucedo, pues ella ha cobrado su sueldo en forma íntegra desde hace quince días, debido a que, según comentan sus compañeros, tuvo que internarse en una famosa clínica del extranjero, con el propósito de rehacerse completita con intervenciones de lipoescultura, así como de colocación de prótesis en lo glútuos, glándulas mamarias, pantorrilas, aplicación de botox, etc.

Esperemos que entre las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado al Poder Judicial, también aparezcan registrados este tipo de actos de corrupción que debe pagar el pueblo de San Luis Potosí.

Y lo más importante, que sean castigados.

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San Luis Al Instante.- Entre empleados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y en el ramo de los abogados que aspiran a hacer una carrera dentro de ese ámbito existe una fuerte indignación e inconformidad por lo que consideran un abuso de su presidente Álvaro Eguía Romero, al haber promovido en un meteórico ascenso laboral a su hija Andrea.

Mientras ellos deben penar por obtener alguna modesta oportunidad de empleo, a ella pudo ascenderla hasta el nivel 12 en el departamento administrativo, tras haberla contratado por honorarios y basificarla.

Dicen que es un acto de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, en donde, por si fuera poco, destaca el hecho de que para llegar hasta nivel 12 del escalafón deben pasar, cuando menos, cinco años de trabajo y eso siendo una chucha cuerera.

Además de lo que aseguran es nepotismo y corrupción en el Poder Judicial del Estado con el manejo de los puestos laborales, también se habla de graves quejas de muchachas estudiantes de Derecho que realizan allí su servicio social y prácticas profesionales.

Con ellas sucede que quien les da una especie de “visto bueno” es el secretario particular del presidente Álvaro Eguía Romero, de nombre Francisco Zurisadai Rocha Murayama. Éste las invita a tomarse copas y a dar la vueltecita para hacerles entrevistas íntimas, a fin de saber “si están en condiciones de ofrecer sus servicios”.

Ojalá estas muchachas se decidieran a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de Justicia o cuando menos hacer un buen escándalo por los medios de comunicación ya existentes.