POR REBASAR TOPES DE CAMPAÑA, GALLARDO NO TIENE GARANTIZADO SER GOBERNADOR: EL FINANCIERO
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Tomado de: El Financiero / Alejo Sánchez Cano.-
San Luis Al Instante.- El rebase de los topes de campaña es motivo suficiente para anular una elección. Por ello, en San Luis Potosí sus habitantes no tienen claro quién será su Gobernador, ya que el ganador de los recientes comicios del 6 de junio, el pevemista, Ricardo Gallardo Cardona, alias El Pollo Gallardo, no tiene garantizado ser el sucesor del actual mandatario estatal, Juan Manuel Carreras, precisamente por su gasto desbordado.
El abanderado de PVEM-PT alcanzó 37.69 por ciento, mientras que el candidato, Octavio Pedroza, del PAN-PRI-PRD obtuvo 32.93 por ciento y el rebase de gastos de campaña estuvo, por lo menos, arriba del tope en 24 por ciento, es decir de un límite de 29.223 millones se excedió 7 millones más.
Esta anomalía es razón suficiente para repetir la elección y en ese caso, no dude estimado lector, que se revertirá el resultado de la elección en suelos potosinos a favor de Pedroza.
Además del rebase de los topes de los gastos de campaña, hay imputaciones contra Gallardo por violaciones a la cadena de custodia de los paquetes electorales, entre otras anomalías que tuvieron que ver con la jornada electoral, como la falsificación de actas de escrutinio, amén de la precipitación de las autoridades electorales de SLP en declarar ganador al Pollo, sin cumplir con los requisitos que se exigen para tal efecto.
En el campo judicial, el candidato de los verdes también tiene investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y el SAT y, de no haber mano negra, seguramente se procederá en su contra.
Las imputaciones incluyen a personas cercanas al gobernador electo, gente de su confianza y familiares quienes desde hace 10 años han adquirido 19 propiedades que no fueron reportadas el fisco.
La estela de corrupción de los Gallardo, padre e hijo, Ricardo Gallardo Juárez y Gallardo Cardona, vienen desde 2009, cuando fueron alcaldes en diferentes periodos y desde esa posición desviaron recursos por 700 millones de pesos.
Lo que ocurrió en San Luis Potosí se replicó en varias entidades en donde ganó Morena, como Campeche, Michoacán y Guerrero, además de que, como se ha venido documentado con el paso de los días y con testimonios de centenares de testigos, el crimen organizado, como nunca, intervino tanto en las campañas como en el día de la elección y ello, ya de suyo, representa una amenaza al Estado de derecho, a la democracia y a la propia gobernabilidad.
La última instancia para resolver los conflictos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá en su momento todas las pruebas para anular la elección en San Luis Potosí y con ello reivindicar, aunque sea un poco, a los magistrados que integran ese órgano deliberativo.
El voto popular se debe respetar y las elecciones se deben ganar en las urnas. Pero ante tanta anomalía ocurrida en las elecciones intermedias, particularmente en SLP, Michoacán, Campeche y todas las entidades del norte y varias del centro del país, se antojan no solo juicios particulares para cada entidad, sino una serie de reformas constitucionales que inhiban de forma definitiva la participación de los narcos en las elecciones, al tiempo de aumentar las sanciones para aquellos que violentaron la ley electoral sin empacho alguno.
El PVEM no solo alentó a Ricardo Gallardo a rebasar su tope de campaña, sino que ellos mismos desafiaron a la autoridad electoral con la promoción del voto el mismo 6 de junio, a través de los ya célebres influencers, contra quienes por cierto siguen las pesquisas.
Los partidos políticos escogen el mal menor y por ello se pasan por el acto del triunfo las leyes electorales, ya que en caso de ser sancionados, solo se les impone una irrisoria multa económica y párele de contar.
En el caso de SLP se debe cancelar la elección del 6 de junio y reponerla. No hay otra para los magistrados que conforman el TEPJF.
El abanderado de PVEM-PT alcanzó 37.69 por ciento, mientras que el candidato, Octavio Pedroza, del PAN-PRI-PRD obtuvo 32.93 por ciento y el rebase de gastos de campaña estuvo, por lo menos, arriba del tope en 24 por ciento, es decir de un límite de 29.223 millones se excedió 7 millones más.
Esta anomalía es razón suficiente para repetir la elección y en ese caso, no dude estimado lector, que se revertirá el resultado de la elección en suelos potosinos a favor de Pedroza.
Además del rebase de los topes de los gastos de campaña, hay imputaciones contra Gallardo por violaciones a la cadena de custodia de los paquetes electorales, entre otras anomalías que tuvieron que ver con la jornada electoral, como la falsificación de actas de escrutinio, amén de la precipitación de las autoridades electorales de SLP en declarar ganador al Pollo, sin cumplir con los requisitos que se exigen para tal efecto.
En el campo judicial, el candidato de los verdes también tiene investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y el SAT y, de no haber mano negra, seguramente se procederá en su contra.
Las imputaciones incluyen a personas cercanas al gobernador electo, gente de su confianza y familiares quienes desde hace 10 años han adquirido 19 propiedades que no fueron reportadas el fisco.
La estela de corrupción de los Gallardo, padre e hijo, Ricardo Gallardo Juárez y Gallardo Cardona, vienen desde 2009, cuando fueron alcaldes en diferentes periodos y desde esa posición desviaron recursos por 700 millones de pesos.
Lo que ocurrió en San Luis Potosí se replicó en varias entidades en donde ganó Morena, como Campeche, Michoacán y Guerrero, además de que, como se ha venido documentado con el paso de los días y con testimonios de centenares de testigos, el crimen organizado, como nunca, intervino tanto en las campañas como en el día de la elección y ello, ya de suyo, representa una amenaza al Estado de derecho, a la democracia y a la propia gobernabilidad.
La última instancia para resolver los conflictos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá en su momento todas las pruebas para anular la elección en San Luis Potosí y con ello reivindicar, aunque sea un poco, a los magistrados que integran ese órgano deliberativo.
El voto popular se debe respetar y las elecciones se deben ganar en las urnas. Pero ante tanta anomalía ocurrida en las elecciones intermedias, particularmente en SLP, Michoacán, Campeche y todas las entidades del norte y varias del centro del país, se antojan no solo juicios particulares para cada entidad, sino una serie de reformas constitucionales que inhiban de forma definitiva la participación de los narcos en las elecciones, al tiempo de aumentar las sanciones para aquellos que violentaron la ley electoral sin empacho alguno.
El PVEM no solo alentó a Ricardo Gallardo a rebasar su tope de campaña, sino que ellos mismos desafiaron a la autoridad electoral con la promoción del voto el mismo 6 de junio, a través de los ya célebres influencers, contra quienes por cierto siguen las pesquisas.
Los partidos políticos escogen el mal menor y por ello se pasan por el acto del triunfo las leyes electorales, ya que en caso de ser sancionados, solo se les impone una irrisoria multa económica y párele de contar.
En el caso de SLP se debe cancelar la elección del 6 de junio y reponerla. No hay otra para los magistrados que conforman el TEPJF.
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