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miércoles, 5 de mayo de 2021

Desesperado Carreras: Quiere una última rebanada con venta de terreno de Ford

DESESPERADO CARRERAS: QUIERE UNA ÚLTIMA REBANADA CON VENTA DE TERRENO DE FORD


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San Luis Al Instante.- De la mano del Diputado Local Luis Ángel Rocha Nájera, quien ha llegado a la LXII Legislatura para sustituir al Diputado Local Mauricio Ramírez Konishi, el Gobernador Juan Manuel Carreras López busca cometer su último atraco a la sociedad potosina: la venta del fabuloso terreno de 280 hectáreas, adquirido por el Estado a particulares en una turbia operación financiera.

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Rocha Nájera sustituye a Ramírez Konishi, hijo éste del líder vitalicio de la Federación de Trabajadores del Estado (CTM), Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, quien pidió licencia a su cargo en el Congreso del Estado para buscar una reelección en el Distrito 3. Su suplente ha presentado 
una iniciativa para quitar el candado que prohíbe destinar el producto de la venta de una propiedad pública al pago de deuda.

El pretexto del Gobernador Carreras es el de obtener del Congreso del Estado autorización, mediante modificación de la Ley de Bienes del Estado y Municipios, para vender el terreno inicialmente destinado a la instalación de la armadora de automóviles Ford y con esa millonaria bolsa de dinero enfrentar pagos de deuda con instituciones bancarias.

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Sin embargo, hay temor de que el Jefe del Ejecutivo sólo utilice ese pretexto para llevarse consigo una última rebanada de dinero público, luego de haber cometido numerosas fechorías en su desempeño, que lo han convertido ya en un importante multimillonario.

La propuesta del Diputado priista Rocha Nájera ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno legislativo prevista para este jueves 6 de mayo, específicamente para modificar el artículo de la Ley que prohíbe destinar el producto de la venta de inmuebles públicos al pago de obligaciones financieras.

De esta forma, Rocha Nájera --beneficiario de la mafia cetemista y utilizado por el Gobernador Carreras-- propone eliminar el ordenamiento de que el importe de la venta de un bien público "será utilizado en infraestructura pública productiva". Ello abrirá la posibilidad de que todos los bienes públicos puedan ser utilizados por gobernadores irresponsables o delincuentes para traficar con ellos.

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