NUEVA TORMENTA CAE SOBRE MÓNICA RANGEL: ASIGNÓ 525.3 MDP DIRECTOS EN CONTRATOS
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San Luis Al Instante.- Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata de Morena a Gobernadora de San Luis Potosí, se ha visto envuelta en una nueva tormenta: En el último año de su gestión como titular de la Secretaría de Salud fueron asignados 525.3 millones de pesos en forma directa a 317 contratos, bajo pretexto de enfrentar la pandemia por Covid-19.
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Esa escandalosa cantidad de dinero que fue repartida entre contratistas o que sólo fue desviada para su destino, fue justificada con distintas adquisiciones o pagos por servicios. Entre ellos figura incluso la organización de ruedas de prensa, compra de oxígeno, pruebas de detección de Covid-19.
De acuerdo con información publicada hace unos días por medios de Editora Mival, desde el 13 de marzo de 2020, cuando se informó del primer caso de Covid en San Luis Potosí, y hasta el 28 de febrero, la Secretaría de Salud adjudicó 317 compras o pagos de servicio en forma directa, bajo el amparo de un Decreto Administrativo firmado por la entonces titular de la dependencia, Mónica Liliana Rangel Martínez.
De acuerdo con información publicada hace unos días por medios de Editora Mival, desde el 13 de marzo de 2020, cuando se informó del primer caso de Covid en San Luis Potosí, y hasta el 28 de febrero, la Secretaría de Salud adjudicó 317 compras o pagos de servicio en forma directa, bajo el amparo de un Decreto Administrativo firmado por la entonces titular de la dependencia, Mónica Liliana Rangel Martínez.
Con ese Decreto Administrativo se dio facultades a la dependencia para comprar bienes o pagar servicios en forma discrecionales y que la propia funcionaria consideró como esenciales para combatir a la pandemia por SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.
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"En julio de 2020 y enero de 2021 se reportó la mayor actividad en las compras, con 69 contratos en el primer mes mencionado, por 189.1 millones de pesos y 57 procesos por 132.5 millones de pesos al inicio de este año", informaron los medios de la poderosa familia Valladares.
Tangamanga Innovación y Negocios obtuvo 85.1 millones de pesos, el mayor monto entregado de manera directa, por la compra de pruebas de detección de Covid. Según la información periodística, esa empresa reportó como domicilio fiscal una dirección asociada a una empresa “fantasma”, utilizada por la anterior legislatura para desviar fondos de la partida de gestión institucional.
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El particular Mauricio Ayala Gallegos se llevó la segunda mayor suma, que fueron 40.4 millones de pesos. Entre marzo y mayo de 2020 le fueron adjudicados servicios integrales para la realización de la conferencia de prensa diaria de la Secretaría de Salud, las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad en Salud y de las Unidades Centinela.
Ayala Gallegos es hijo del abogado Alberto Ayala Flores, quien se desempeñó como Oficial Mayor del Congreso del Estado y como funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la actualidad es asesor del Fiscal Federico Garza Herrera. Su hijo es copropietario de la empresa Doblezero y es protegido de Raúl Camacho Muñoz, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
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En abril de 2020, la empresa Public Health Supply & Equipment de México se llevó 32.7 millones de pesos por la compra de insecticida. Aunque la justificación fue el combate al Covid, la Secretaría de Salud usó la compra para tratar de controlar los brotes de dengue.
Por la renta de tanques de oxígeno y compra de gas medicinal se pagaron 24.7 millones de pesos a Infra SA de CV por la renta de tanques de oxígeno y la compra de gas medicinal.
Por la renta de tanques de oxígeno y compra de gas medicinal se pagaron 24.7 millones de pesos a Infra SA de CV por la renta de tanques de oxígeno y la compra de gas medicinal.
De esta forma, Mónica Liliana Rangel Martínez se ha visto envuelta en un escándalo más de corrupción que, sin duda, mucho le afectará en sus aspiraciones por convertirse en Gobernadora del Estado como candidata de Morena, partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador que presume de luchar contra la delincuencia en el servicio público.
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