¡BIEN CUAJADO LLEGÓ SANTA CLAUS A LA ASE CON BONO DE $160 MIL PARA FUNCIONARIOS!
Comunicado de prensa.-
San Luis Al Instante.- Se mantiene opacidad y corrupción en la Auditoria Superior del Estado, ASE, que en estos días ha anunciado la entrega de bonos extraordinarios que superan los 160 mil pesos para alrededor de cien de sus funcionarios. Además se está observando un engrosamiento de la nómina, denunció el abogado Juan José Frías Aguilera, miembro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especializados en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C.
Criticó que por este tema no se ha presentado ningún tipo de información. “Más de cien entes obligados a presentar su tabulador de sueldos en el Periódico Oficial del Estado, sólo 27 de ellos lo hicieron, según el Decreto 0129 del 5 de marzo de este año, violentando la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado en materia de remuneraciones. No se observa que la propia ASE haya presentado información o un informe completo. Entonces cuestionamos, ¿con qué calidad se le puede exigir a todos los entes auditables que cumplan con la legislación y que tengan orden en sus cuentas?”, apuntó.
El litigante expuso que se está manteniendo una herencia de corrupción en este organismo fiscalizador de cuentas, ya que es la entidad que debe dar asesoría técnica, vigilancia y sancionar a quienes incurran en irregularidades; y está sucediendo todo lo contrario. Lo anterior también se hace con la complicidad del Congreso del Estado, que a través de su Comisión de Vigilancia no observa todo lo que está ocurriendo alrededor de esta entidad.
“Una vez más, queda demostrado que Rocío Cervantes Salgado es una funcionaria a modo y que cuenta con el contubernio y complicidad de los legisladores, ya que por ningún lado podemos encontrar voluntad o interés común para poner orden y exigir el cumplimiento al Estado de Derecho; y se ha hecho todo lo contrario, se ha vuelto oscurantista”, afirmó.
Aprovechó para señalar que, por su parte, no tiene ningún tipo de interés político por denunciar lo que ocurre en la institución ni tampoco se trata de una cacería de brujas, sino que persigue que se hagan cumplir las leyes relacionadas con la rendición de cuentas como la Ley de Contabilidad Gubernamental, misma en la que debe basarse la dependencia que hoy parece ser está ligada a un proceso de corrupción y opacidad.
Criticó que por este tema no se ha presentado ningún tipo de información. “Más de cien entes obligados a presentar su tabulador de sueldos en el Periódico Oficial del Estado, sólo 27 de ellos lo hicieron, según el Decreto 0129 del 5 de marzo de este año, violentando la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado en materia de remuneraciones. No se observa que la propia ASE haya presentado información o un informe completo. Entonces cuestionamos, ¿con qué calidad se le puede exigir a todos los entes auditables que cumplan con la legislación y que tengan orden en sus cuentas?”, apuntó.
El litigante expuso que se está manteniendo una herencia de corrupción en este organismo fiscalizador de cuentas, ya que es la entidad que debe dar asesoría técnica, vigilancia y sancionar a quienes incurran en irregularidades; y está sucediendo todo lo contrario. Lo anterior también se hace con la complicidad del Congreso del Estado, que a través de su Comisión de Vigilancia no observa todo lo que está ocurriendo alrededor de esta entidad.
“Una vez más, queda demostrado que Rocío Cervantes Salgado es una funcionaria a modo y que cuenta con el contubernio y complicidad de los legisladores, ya que por ningún lado podemos encontrar voluntad o interés común para poner orden y exigir el cumplimiento al Estado de Derecho; y se ha hecho todo lo contrario, se ha vuelto oscurantista”, afirmó.
Aprovechó para señalar que, por su parte, no tiene ningún tipo de interés político por denunciar lo que ocurre en la institución ni tampoco se trata de una cacería de brujas, sino que persigue que se hagan cumplir las leyes relacionadas con la rendición de cuentas como la Ley de Contabilidad Gubernamental, misma en la que debe basarse la dependencia que hoy parece ser está ligada a un proceso de corrupción y opacidad.
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