DENUNCIAN AL GÜERITO CARRERAS DE DIRIGIR ACCIONES RACISTAS EN CONTRA DE PUEBLOS ORIGINARIOS
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San Luis Al Instante.- Integrantes de pueblos originarios establecidos en la Huasteca potosina denunciaron que el gobernador Juan Manuel "Güerito" Carreras continúa con una campaña racista, basada en estrategias de descrédito y presiones contra sus comnidades, para dar su aval a una falsa consulta para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que demandaron respeto a sus derechos.
“Él responde con más simulaciones para defender omisiones e incumplimientos de sentencia”, denunciaron.
Estas acciones las ha lanzado el gobernador de extracción priista a través del director de Instituto de Desarrollo Humano y Social de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi), Raúl González Vega, y el subdirector jurídico de esa misma entidad pública.
San Luis Potosí carece de un Plan Estatal de Desarrollo, debido a que el jefe del Ejecutivo y sus colaboradores José Luis Ugalde Montes y Manuel Algara Cosío, secretario de Finanzas y director de Planeación y Presupuesto, respectivamente, excluyeron a los pueblos originarios de su integración, lo cual es considerado como un acto racista, discriminatorio y violatorio de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Mexicana.
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Debido a esas graves acciones del gobierno encabezado por El Güerito Carreras, éste ha dirigido una ofensiva para obligar a los líderes de los pueblos originarios a firmar hojas en blanco, a fin de dar sustento jurídico y político a su Plan Estatal de Desarrrollo, denunciaron representantes indígenas, autoridades de ejidos y comunidades y el Observatorio Mesoamericano.
"Han elaborado y presentaron a directores de asuntos indígenas municipales un escrito que Carreras quiere que las comunidades asuman como propio y forzosamente les firmen en hojas en blanco. Con este escrito pretenden utilizar a las autoridades comunitarias como terceros perjudicados ante la juez tercero federal, pretendiendo evitar lo que es evidente: el incumplimiento de la sentencia que obliga a una consulta directa a comunidades indígenas tének, náhuatl y xi ui, así como a comunidades mixteca, mazahua, triki y con la población wixárika, todas reconocidas por el artículo noveno de la Constitución potosina", señalaron.
Con este escrito busca desacreditarse a quienes han defendido su derecho a la consulta en las 394 comunidades registradas, cuando el gobierno sólo consultó a 43.
"Con falsedad, el gobierno de Carreras descalifica la expresión de defensa de los indígenas e intenta forzar a funcionarios municipales a que obtengan firmas y sellos de las autoridades comunitarias, incluso sin considerar la opinión de los presidentes municipales. Personal de Indepi ha venido recorriendo municipios, dando órdenes y, en contados casos, obteniendo una respuesta negativa contundente, negándose los funcionarios municipales a ser cómplices de sus abusos de autoridad”, señalan los representantes de los pueblos originarios.
Esta ofensiva basada en el racismo y el poder despótico, inició el día 27 de marzo en Axtla de Terrazas, en donde directores y responsables de asuntos indígenas de la Huasteca fueron convocados y reunidos, en su mayoría por personal jurídico del Indepi, por indicación verbal del gobernador Carreras.
El tema central de la agenda fue el cuestionamiento que frente al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, hicieran representantes indígenas al gobernador en el marco del seminario internacional sobre el derecho a la consulta.
“En esta reunión se confirmó la estrategia a seguir para desacreditar a los inconformes mediante la prensa, radio local y forzar a toda costa el aval de las comunidades al Plan Estatal de Desarrollo por medio de firmas y sellos de autoridades de comunidad para usarlos dolosamente como terceros perjudicados”, señalaron.
“En esta reunión se confirmó la estrategia a seguir para desacreditar a los inconformes mediante la prensa, radio local y forzar a toda costa el aval de las comunidades al Plan Estatal de Desarrollo por medio de firmas y sellos de autoridades de comunidad para usarlos dolosamente como terceros perjudicados”, señalaron.
Asimismo, lamentaron que mientras el gobernador elude y miente, esconde la mano para “atizar la hoguera”.
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