FUNCIONARIOS SIN CASTIGO POR DISCRIMINACIÓN DE ETNIAS / COLUMNA LOS JEFES
Columna Los Jefes, publicada en el periódico El Sol de San Luis el sábado 18 de junio de 2016.-
Eduardo José Alvarado Isunza.-
Un acto de discriminación a pueblos indígenas de San Luis Potosí fue cometido por quienes fueron comisionados por el gobernador Juan Manuel Carreras López para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo.
Este grave atentado contra los derechos humanos de los pueblos originarios tenek, náhuatl y xi’oi, fue cometido por José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas, y por Manuel Algara Cosío, director de planeación y presupuesto.
Ellos debieron haber organizado consultas entre esas comunidades, a fin de recoger sus demandas e incluirlas en la elaboración de dicho documento, porque éste dirigirá toda la acción gubernamental en los siguientes seis años.
Como fue violada la Constitución Política Mexicana y la Ley de Consulta Indígena, esas comunidades se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentaron queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Inicialmente hubo una respuesta irracional de funcionarios mestizos y adinerados, que por ahora deciden la operación del aparato administrativo de Estado, que llegaron a pedir certificado de autenticidad de sangre indígena.
A fin de sofocar ese grave impacto político en contra del gobernador Carreras López, ya fue destituida Margarita Viñas Orta como directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Pero esa decisión fue vista como misógina y machista por castigarse a una mujer y protegerse a hombres, porque Ugalde y Algara permanecen inmutables en sus cargos, a pesar de ser autores de estas conductas de discriminación y racismo.
Además, el daño jurídico sólo puede repararse con una restitución del acto reclamado. Tiene que volver a formularse dicho documento, convocándose para ello ahora sí a consultas en las que participen todos los pueblos con derechos.
Contra lo que se creería, los errores cometidos en la ruta de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo no se han solucionado y quizás solamente hayan desaparecido de los titulares o de los comentarios periodísticos.
Para resolverlos debe ser necesario reponer el proceso y separar de sus cargos a los funcionarios implicados en estos actos de discriminación y racismo. El problema es que no se observan signos que permitan suponer que eso será posible.
Además quien supuestamente empuja las demandas de las comunidades en escenarios nacionales es Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien así maniobra en busca de la presidencia de la CNDH.
Hace unos días fue renunciado Andrés Dávila Ruiz, director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por escribir comentarios homofóbicos en sus cuentas de redes sociales, relacionados con la masacre de Orlando.
¿Por qué no se ha procedido con igual dureza contra Ugalde y Algara por estas actitudes de discriminación y racismo? Lamentablemente las sanciones han tardado y parece haber una inclinación por el perdón y el olvido.
Más información relacionada en:
Tumban a Margarita por exclusión de indígenas, pero faltan Ugalde y Algara
Ugalde discriminó a indígenas e infringió ley en elaboración de Plan de Desarrollo
Un acto de discriminación a pueblos indígenas de San Luis Potosí fue cometido por quienes fueron comisionados por el gobernador Juan Manuel Carreras López para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo.
Este grave atentado contra los derechos humanos de los pueblos originarios tenek, náhuatl y xi’oi, fue cometido por José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas, y por Manuel Algara Cosío, director de planeación y presupuesto.
Ellos debieron haber organizado consultas entre esas comunidades, a fin de recoger sus demandas e incluirlas en la elaboración de dicho documento, porque éste dirigirá toda la acción gubernamental en los siguientes seis años.
Como fue violada la Constitución Política Mexicana y la Ley de Consulta Indígena, esas comunidades se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentaron queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Inicialmente hubo una respuesta irracional de funcionarios mestizos y adinerados, que por ahora deciden la operación del aparato administrativo de Estado, que llegaron a pedir certificado de autenticidad de sangre indígena.
A fin de sofocar ese grave impacto político en contra del gobernador Carreras López, ya fue destituida Margarita Viñas Orta como directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Pero esa decisión fue vista como misógina y machista por castigarse a una mujer y protegerse a hombres, porque Ugalde y Algara permanecen inmutables en sus cargos, a pesar de ser autores de estas conductas de discriminación y racismo.
Además, el daño jurídico sólo puede repararse con una restitución del acto reclamado. Tiene que volver a formularse dicho documento, convocándose para ello ahora sí a consultas en las que participen todos los pueblos con derechos.
Contra lo que se creería, los errores cometidos en la ruta de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo no se han solucionado y quizás solamente hayan desaparecido de los titulares o de los comentarios periodísticos.
Para resolverlos debe ser necesario reponer el proceso y separar de sus cargos a los funcionarios implicados en estos actos de discriminación y racismo. El problema es que no se observan signos que permitan suponer que eso será posible.
Además quien supuestamente empuja las demandas de las comunidades en escenarios nacionales es Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien así maniobra en busca de la presidencia de la CNDH.
Hace unos días fue renunciado Andrés Dávila Ruiz, director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por escribir comentarios homofóbicos en sus cuentas de redes sociales, relacionados con la masacre de Orlando.
¿Por qué no se ha procedido con igual dureza contra Ugalde y Algara por estas actitudes de discriminación y racismo? Lamentablemente las sanciones han tardado y parece haber una inclinación por el perdón y el olvido.
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