Funcionarios cómplices en operación ilícita de basurero tóxico de Cerrillo Chowell

FUNCIONARIOS CÓMPLICES EN OPERACIÓN ILÍCITA DE BASURERO TÓXICO DE CERRILLO CHOWELL

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Texto de Desinformémonos.-

San Luis Al Instante.- En el rancho Palula, del municipio de Santo Domingo, en San Luis Potosí, se pretende construir un basurero de desechos industriales que, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recibiría 3 millones 50 mil toneladas de contaminantes al menos durante los primeros cinco años de operación.

El Colegio de San Luis ha alertado en torno a las irregularidades de los permisos
otorgados para la operación del basurero. En tanto, la Diócesis de Matehuala lo ha hecho
sobre la difusión de información falsa en aras de impulsar, a toda costa, la implantación del
proyecto.

Es así, por ejemplo, que la empresa a cargo ha divulgado que el basurero no afectará las
fuentes de agua y que alrededor de éste, en un rango de 10 kilómetros, no hay zonas
habitadas, afirmaciones que han sido desmentidas por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de San Luis Potosí.

Aunado a lo anterior, la empresa en cuestión ha apostado a la compra de voluntades, vía
reparto de televisores, insumos de construcción o empleos. En cambio, no se ha preocupado de generar las condiciones para que los habitantes de la zona ejerzan su derecho a una consulta libre e informada.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para
Todas y Todos (Red TDT) está al tanto de esta problemática. Lo supo a través de una carta
pública emitida por la Diócesis de Matehuala.

Al respecto, las 79 organizaciones que conforman la Red, mismas que tienen presencia en 21 entidades del país, refieren que se mantendrán atentas a esta situación, y expresan: “Nos sumamos al llamado que hace la Diócesis a las autoridades federales y estatales a revisar, con detenimiento y diálogo, éste y otros proyectos similares que se están impulsando en la zona, cumpliendo siempre con su obligación de garantizar los derechos de la población de manera integral, especialmente el derecho a una vida digna y a un medio ambiente sano”.