FAMILIARES DE JÓVENES DESAPARECIDOS ACUSAN A TORANZO Y CÁNDIDO DE COMPLICIDAD CON CRIMINALES
San Luis Al Instante.- Familiares de jóvenes desaparecidos desde hace más de cinco años denunciaron al gobernador Fernando Toranzo y al ex secretario general de gobierno y actual candidato a diputado federal por el PRI, Cándido Ochoa Rojas, de ser cómplices del crimen organizado.
Al mismo tiempo, exigieron a la Procuraduría General de la República reactivar las investigaciones que están en punto muerto desde hace años, en torno a la desaparición de cuatro jóvenes entre 18 y 24 años, ocurrida en esta Capital potosina hace seis años, en plena campaña de candidatos a la gubernatura.
Los jóvenes desaparecidos son: Moisés Gámez Almanza, Julio César Coronado, Marco Antonio Coronado y Luis Medina, de entre 18 y 24 años de edad. Ellos colaboraban en la campaña del entonces candidato a gobernador por el PRI, Fernando Toranzo Fernández, a invitación del actual regidor y dirigente municipal priísta Gerardo Aldaco Ortega. Al parecer, la noche en que desaparecieron fueron interceptados por un comando armado en avenida Ricardo B. Anaya, cuando regresaban de una reunión.
A pesar de que a los pocos días Toranzo Fernández ganaría la elección y se convertiría en gobernador del Estado, nada hizo para dar con el paradero de los muchachos que colaboraban en su campaña y hacer justicia por lo que les sucedió.
Esto llevó a sus padres, madres y tíos a acusar a Toranzo Fernández y a Cándido Ochoa Rojas de complicidad con el crimen organizado; y a denunciar que en su gobierno han existido más de 300 desapariciones.
Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes por sus familiares, también mencionaron como implicado al actual comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien entonces fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Según dijeron, en la transición del poder político en SLP debió existir una especie de acuerdo del gobierno con los grupos criminales, ya que "desaparecieron alrededor de 300 jóvenes con características similares, de clase baja y en edad productiva, por lo que pudo haber sido una especie de reclutamiento de carne de cañón para los cárteles".
En el caso de Gerardo Aldaco Ortega, para quien trabajaban los jóvenes en la campaña del PRI y que luego sería regidor y presidente municipal de ese partido, éste les ha sugerido “que ya no le muevan”, en vez de apoyarlos en su búsqueda. De hecho, llegó a decir a sus padres que "los muchachos ya no iban a volver".
Por si fuera poco, la madre de uno de los desaparecidos pagó 100 mil pesos a unas personas que se identificaron como secuestradores para liberar a su hijo. Policías Ministeriales sugirieron que diera el dinero y que ellos monitorearían las llamadas para localizar a los delincuentes y detenerlos. Pero, cuando se hizo la entrega del dinero, los policías ministeriales, en vez de acompañarla al lugar de los hechos, se quedaron en el domicilio de la familia a esperar.
Una vez hecho el pago, los delincuentes le dijeron que pronto le enviarían a su hijo. Sin embargo, nunca apareció, por lo que presumen contubernio de la Policía Ministerial y los criminales.
“Nosotros pensamos que los ministeriales tuvieron mucho que ver porque era mucha casualidad que cada vez que nosotros decidíamos ir al edificio de la PGJE y de Seguridad Pública a revisar los avances de la investigación eran los mismos días cuando de inmediato recibíamos las llamadas de los plagiarios y nos amenazaban de que por qué estábamos con la policía y nos amenazaban de muerte”, dijeron.
“Creemos que desde la cabeza está metida la corrupción con el crimen organizado; sólo se tapan unos a otros y no hacen nada”, sostuvo.
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