Labastida - Ávalos entregaron Sierra de San Miguelito a grupo inmobiliario

LABASTIDA - ÁVALOS ENTREGARON SIERRA DE SAN MIGUELITO A GRUPO INMOBILIARIO

Por: Jorge Fernando Canseco.-

San Luis Al Instante.- El jalisciense ex regidor y ex alcalde de San Luis Potosí Luis Miguel Ávalos Oyervides fue el responsable de la promoción de un proyecto inmobiliario de alta y mediana intensidad que estalló en las manos del presidente municipal Mario García Valdés y que, a través de un recurso poco claro, entregó a los desarrolladores del proyecto Gran Peñón, un cambio de uso de suelo en el que no se contemplan impactos negativos a la flora y fauna endémicas y a los escurrimientos de la Sierra de San Miguelito.

El permiso obsequiado por la administración de Victoria Labastida – Luis Miguel Ávalos Oyervides carece de registro en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en la Comisión Nacional Forestal, de acuerdo con lo señalado por Martín Toranzo Fernández, delegado de CONAFOR, quien destacó que ambas dependencias forman parte, con el ayuntamiento capitalino, de la comisión de análisis para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de cambio de uso de suelo.

Dicho proyecto habitacional contempla una construcción de vivienda de alta y mediana densidad en terrenos identificados como de la comunidad de El Aguaje, sobre alrededor de mil 400 hectáreas que se encuentran a su vez en el polígono de un área natural protegida que la CONAFOR y SEMARNAT definen como reserva ecológica con fundamento en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

El sitio elegido por el desarrollador se encuentra en los límites del polígono de dotación presidencial de 14 mil 690 hectáreas) de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, en las inmediaciones de la Cañada del Lobo y del denominado Cerro de la Virgen del Chorrito, donde brota un manantial.

De hecho, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales no se conoció ninguna solicitud de impacto ambiental por los desarrolladores.

El plan maestro del desarrollo residencial indica que este abarca desde la Prolongación de la Avenida Juárez, hasta la prolongación del Eje 122 de la Zona Industrial de San Luis Potosí. Ofrece lotes de 120 metros cuadrados, urbanizados toralmente, así como la seguridad de la instalación de una zona mixta con servicios de educación (en todos los niveles, desde jardín de niños hasta estudios superiores), centros comerciales, clínicas y hospitales y áreas de atención municipales; el plan contempla la construcción de 30 mil viviendas.

Conocido el proyecto la agrupación ambientalista de la Sierra de San Miguelito, advirtió los efectos, de prosperar la urbanización, sobre la flora y fauna endémicas de la sierra, algunas en peligro de extinción, el microclima y las reservas naturales de agua que escurren de la misma, así como a los habitantes de la Comunidad de El Aguaje que mantienen en su territorio un pequeño panteón.

Las bases jurídico-administrativas del presunto permiso de cambio de uso de suelo no se han traducido, ni al interior de la administración municipal, ni en la Secretaría de Gestión Ambiental de Gobierno del Estado, ni en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y, tampoco en la Comisión Nacional Forestal, por lo que el gobierno estatal, a través de la SEGAM dio curso ya a un procedimiento de carácter administrativo contra los desarrolladores del grupo El Gran Peñón, ya que estos únicamente solicitarían permiso para construir un camino, pero en ningún momento para iniciar ahí un desarrollo urbano.

La irregularidad estriba, además, en el apresurado trámite, gestionado por el jalisciense Luis Miguel Ávalos Oyervides, en su carácter de regidor del ayuntamiento de San Luis Potosí para que, aparentemente, al través de un acuerdo de Cabildos, se concediera a los desarrolladores un permiso de cambio de uso de suelo de forestal a residencial, sin contarse en ese momento con los estudios de impacto ambiental y el análisis de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se han detectado además otras irregularidades como es el caso del obsequio de permisos de lotificación para el grupo desarrollador en los que no se consideró la opinión de la Dirección de catastro, como indica la normativa, ni tampoco la correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano.

Tampoco se cuestionaron los efectos, a mediano y largo plazo, sobre las familias que, en un momento dado decidieran adquirir predios en el desarrollo residencial, debido a las inmediaciones de este con la Zona Industrial.

David Madrigal, investigador del Colegio de San Luis, advirtió sobre los riegos que entrañará el conjunto residencial, en materia de afectación de la reserva natural de la Sierra de San Miguelito, el suministro de agua por escurrimientos a los mantos acuíferos medio y profundo y la afectación a que se verían sujetos de manera permanente los eventuales moradores de El Gran Peñón, expuestos a las emisiones contaminantes de la Zona Industrial y al riesgo y efectos de los incendios forestales.

En la actualidad, el ayuntamiento capitalino dictaminó la autorización para las nuevas etapas de construcción del fraccionamiento residencial, toda vez que la primera etapa inició sin contarse con algún estudio o plan parcial de desarrollo, así como sin contarse con una autorización del estudio de impacto ambiental.

Hacia el año de 2011, el regidor Ávalos Oyervides presentó al Cabildo un punto de acuerdo para autorizar el cambio de uso de suelo del Ejido El Aguaje, punto de acuerdo que se resolvió a favor, como consta en las actas correspondientes, sin que mediara la exhibición de los permisos derivados de un estudio de impacto ambiental, no obstante en diciembre de ese año, la presidenta municipal requirió del cabildo la autorización para el desarrollo residencial, aún a sabiendas de que se carecía del Plan Parcial de Desarrollo.

No ha sido sino en este mismo mes, marzo de 2014, cuando El Gran Peñón presentó una solicitud de manifiesto de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, obviando hacerlo ante la Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno del Estado.

El 14 de febrero de 2010, el gobierno del estado procedió a emitir una declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito, en respuesta a una demanda impulsada por la Asociación Sierra de San Miguelito, y en consideración con un hecho fundamental: la contribución de los escurrimientos de agua de ese conjunto montañoso a los mantos acuíferos del Valle de San Luis Potosí y la contribución de los mismos para los aforos de las presas San José, El Peaje, El Potosino y Cañada del Lobo.

Asimismo se procedió a esta acción con miras a la protección de especies de la flora y fauna en riesgo de extinción, como es el caso de una amplia variedad de cactáceas y del águila real; así como para proteger la evidencia histórica de antiquísimos conglomerados humanos primigenios, algunos de los cuales se estiman que se erigieron entre 20 mil y treinta mil años atrás.

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El Grupo Sierra San Miguelito A.C., solicitó y obtuvo la creación de un área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, justificando mediante un estudio técnico, la creación de una Reserva Ecológica, cumpliendo con la normatividad ambiental. Esta Reserva Ecológica beneficia a las comunidades humanas de los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona, de manera directa.